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proponen dar amnistía al expresidente tras ser sentenciado por conspiración para la rebelión

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proponen dar amnistía al expresidente tras ser sentenciado por conspiración para la rebelión


La congresista Margot Palacios presentó un proyecto de ley que propone otorgar amnistía total al expresidente Pedro Castillo Terrones, condenado por el delito de conspiración para la rebelión tras el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. La iniciativa plantea la extinción de la acción penal, la eliminación de antecedentes y la anulación de cualquier efecto jurídico derivado del proceso judicial seguido contra el exmandatario.

“El proyecto de ley concede amnistía total a favor de José Pedro Castillo Terrones, sentenciado por conspiración para una rebelión y otros delitos conexos. La medida incluye la extinción de la acción penal, la pena y cualquier antecedente o efecto jurídico asociado a dicho proceso”, señala el documento presentado por Palacios.

Argumentos de la congresista Margot Palacios autora del proyecto

La parlamentaria sostiene que Castillo fue “injustamente sentenciado” y que su destitución se concretó mediante un procedimiento “irregular” y “contrario a la Constitución”. Alega que el Pleno del Congreso aprobó la vacancia presidencial sin moción previa y sin respetar el derecho a la defensa del entonces jefe de Estado. Asimismo, cuestiona la actuación del Ministerio Público durante aquel periodo y acusa a la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, de impulsar denuncias “sin fundamento” que habrían facilitado la salida de Castillo del cargo.

El proyecto también plantea la tesis de que Castillo habría sido inducido o presionado a leer el mensaje televisado del 7 de diciembre, donde anunció la disolución del Congreso, la intervención del sistema de justicia y un régimen de excepción. Según el texto, su detención se produjo cuando aún ejercía la presidencia, sin una orden judicial o fiscal debidamente formalizada.

Pedro Castillo

Pedro Castillo: ¿por qué fue sentenciado el expresidente?

La Corte Suprema condenó recientemente a Pedro Castillo a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión efectiva por conspiración para la rebelión, además de imponerle una inhabilitación de dos años para ejercer cualquier cargo público. De aprobarse la amnistía propuesta por Palacios, todas estas sanciones quedarían sin efecto y se dispondría el cierre definitivo del caso.

Paralelamente, el congresista Guido Bellido Ugarte busca que el Pleno vuelva a discutir el proyecto de ley N.º 5468/2022-CR, presentado originalmente en 2023. Esta iniciativa plantea otorgar amnistía a todas las personas que participaron en la elaboración o lectura del mensaje a la Nación del 7 de diciembre de 2022, incluido el círculo político cercano de Castillo.

El documento propone que la amnistía excluya del ámbito penal y procesal cualquier hecho o delito vinculado al fallido intento de golpe de Estado. De aprobarse, el Ministerio Público y el Poder Judicial estarían obligados a archivar definitivamente investigaciones y procesos en curso relacionados con ese episodio.

¿Cuál es la justificación para que Pedro Castillo pueda salir en libertad?

Bellido sostiene que la amnistía permitiría “superar las tensiones y confrontaciones políticas” generadas tras el golpe del 7 de diciembre. Según el legislador, esta medida promovería un clima de diálogo y reconciliación nacional, y contribuiría a la estabilidad política del país al poner fin a procesos judiciales que —según afirma— prolongan la incertidumbre y profundizan la polarización.



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López Aliaga y Keiko se acusan de entregar elpoder tras la caída de Jerí y la elección de Balcázar

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López Aliaga y Keiko se acusan de entregar elpoder tras la caída de Jerí y la elección de Balcázar


EL ENFRENTAMIENTO ENTRE RENOVACIÓN POPULAR Y FUERZA POPULAR se agudizó luego de la censura del presidente interino José Jerí y la posterior designación de José María Balcázar como jefe de Estado transitorio

Renovación Popular y Fuerza Popular han intensificado su confrontación política tras la censura del presidente interino José Jerí y la posterior asunción de José María Balcázar a la jefatura del Estado, en un escenario que se vuelve más tenso a solo 50 días de las elecciones generales del 12 de abril. La pugna entre
Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori se ha transformado en una disputa abierta por el control del electorado de derecha y por la responsabilidad política en el relevo presidencial ocurrido en el Congreso.
La crisis se originó el 17 de febrero, cuando el Parlamento aprobó la censura exprés contra Jerí. Renovación Popular impulsó la moción con vehemencia y López Aliaga celebró la salida como un acto de “responsabilidad histórica”, mientras que Fuerza Popular se opuso hasta el final argumentando que remover al mandatario en pleno proceso electoral generaría mayor inestabilidad. “Protegemos el orden constitucional, no a una persona”, sostuvieron desde la bancada fujimorista.
El quiebre definitivo llegó con la elección de José María Balcázar como presidente del Congreso y, por sucesión constitucional, presidente interino del Perú. La designación del legislador de Perú Libre desató acusaciones cruzadas dentro de la derecha, con ambos bloques señalándose mutuamente de haber facilitado su llegada al poder mediante votos pactados en el Parlamento.
En este contexto, López Aliaga elevó el tono de la confrontación y afirmó que Vladimiro Montesinos estaría asesorando la campaña de Keiko Fujimori. “Para mí, Montesinos está en la campaña asesorando a esta señora porque a ella tampoco no le da tanto el cerebro”, declaró, al sostener que la estrategia de oponerse a la destitución de Jerí respondería a un diseño político para bloquear el ascenso de un presidente interino de izquierda.
El líder de Renovación Popular también habló de una supuesta “trama pactada” entre sectores del fujimorismo y otras bancadas para controlar el escenario político durante el periodo transitorio, mientras Fuerza Popular mantiene su posición de responsabilizar a López Aliaga por el escenario que permitió la llegada de Balcázar. La confrontación refleja una disputa directa por el voto conservador en un contexto de alta fragmentación electoral.

Dato: LA ACUSACIÓN de López Aliaga sobre un supuesto rol de Vladimiro Montesinos en la campaña de Keiko
Fujimori introduce un nuevo nivel de polarización en la derecha, en medio de una contienda electoral en
la que ambos liderazgos compiten por el mismo electorado y donde la división interna podría influir decisivamente en el resultado de las elecciones del 12 de abril.





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Nombramiento de De Soto en la PCM reabre pugna entre Ejecutivo y bancadas que respaldaron a Balcázar

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Nombramiento de De Soto en la PCM reabre pugna entre Ejecutivo y bancadas que respaldaron a Balcázar


Hernando de Soto será el premier de José María Balcázar: confirman que el gabinete ministerial jurará este martes 24
A un día de hacerse pública la reunión entre el mandatario y el economista, Presidencia oficializó la designación del excandidato de Avanza País a través de un comunicado

La designación de Hernando de Soto como nuevo presidente del Consejo de Ministros del gobierno encabezado por José Balcázar ha generado un remezón político en el Congreso. Lo que comenzó como una salida institucional tras la elección de Balcázar como titular del Parlamento —y su consecuente asunción temporal de la Presidencia de la República— hoy amenaza con convertirse en un nuevo foco de confrontación entre el Ejecutivo y las bancadas que facilitaron ese escenario.
En sectores de izquierda, que respaldaron a Balcázar para presidir el Congreso con la expectativa de un giro
político frente a la gestión de José Jerí, la llegada detores de izquierda, que respaldaron a Balcázar para presidir el Congreso con la expectativa de un giro político frente a la gestión de José Jerí, la llegada de De Soto es vista como una señal en sentido contrario. Parlamentarios progresistas advierten que el economista liberal representa una continuidad del modelo económico y político que, aseguran, profundizó desigualdades y tensiones sociales en los últimos años.
No se trata de un actor menor. De Soto, fundador del Instituto Libertad y Democracia y autor de libros como “El otro sendero” y “El misterio del capital”, ha sido durante décadas uno de los principales promotores del
libre mercado y la formalización de la propiedad como eje del desarrollo. Su candidatura presidencial en 2021
o ubicó como referente de la derecha económica, con un discurso centrado en seguridad jurídica, inversión privada y reducción del rol del Estado en la economía.
Las tensiones se agravan porque, según versiones que circulan en el Legislativo, De Soto habría puesto condiciones para asumir la Presidencia del Consejo de Ministros.
Entre ellas, la facultad de proponer a los titulares de las carteras de Vivienda, Interior, Defensa y Salud,
sectores estratégicos tanto por su presupuesto como por su impacto político. De confirmarse, ello implicaría
un rediseño del gabinete con fuerte impronta tecnocrática y conservadora.
Este movimiento ha encendido las alarmas en las bancadas de izquierda, que consideran que el encargo
temporal de Balcázar no puede convertirse en una plataforma para consolidar un proyecto ideológico distinto al que permitió su elección como presidente del Congreso. Voces internas ya hablan abiertamente de promover una censura contra el propio Balcázar si se concreta un gabinete alineado con De Soto y
distante de las demandas sociales planteadas en los últimos meses.
Así, lo que debía ser una transición ordenada amenaza con convertirse en una nueva pugna por el
rumbo del país. El eventual desembarco de De Soto en la PCM no solo reconfigura el tablero político, sino
que pone a prueba la frágil alianza parlamentaria que sostuvo a Balcázar. En un Congreso fragmentado
y con bloques ideológicos en tensión permanente, cada decisión puede acelerar una crisis mayor.

¿Quién es Hernando de Soto, premier de José María Balcázar?
Hernando de Soto es un economista y político peruano. Nacido en Arequipa en 1941, proviene de una familia ligada a la diplomacia y la política, y desde joven vivió en el extranjero debido al exilio de su padre durante el régimen de Manuel A. Odría. Estudió en Europa y regresó al Perú a finales de los años setenta, justo antes de fundar el Instituto Libertad y Democracia (ILD), la organización que lo catapultó a la escena mundial.

De Soto es ampliamente reconocido —tanto para críticos como para admiradores— como el principal arquitecto del “shock neoliberal” implementado durante el primer gobierno de Alberto Fujimori en los años 90. Su influencia fue decisiva en la liberalización de la economía peruana, el combate a la hiperinflación y el diseño de políticas que, si bien estabilizaron el país en términos macroeconómicos, abrieron un debate sobre sus efectos sociales y el aumento de la informalidad. A la cabeza del ILD, De Soto promovió reformas legales orientadas a otorgar títulos de propiedad a los sectores populares, bajo la convicción de que la formalización es la vía para combatir la pobreza estructural.
Su modelo propuso que el desarrollo económico sostenible requiere reconocer y legalizar los activos que los pobres ya poseen, permitiéndoles acceder a crédito y a la economía formal. Esta tesis, expuesta en sus libros El otro sendero y El misterio del capital, recibió elogios internacionales e influyó en políticas públicas de otros países, además de haberlo convertido en asesor de organismos multilaterales y referente para líderes globales.

De Soto ha recibido reconocimientos internacionales como el de la revista Time, que lo incluyó entre los cinco principales innovadores latinoamericanos, y el de Forbes, que lo ubicó entre las quince personas que reinventarían el futuro. Personalidades como Bill Clinton y Margaret Thatcher, así como instituciones como el Banco Mundial, elogiaron sus propuestas, aunque su enfoque también despertó fuertes cuestionamientos entre académicos y movimientos sociales que advierten sobre los límites y riesgos del microcapitalismo informal.

Además de su trabajo en el ILD, De Soto ha ocupado cargos como director del Banco Central de Reserva del Perú y asesor presidencial. En la última década, incursionó en la política electoral: fue candidato presidencial en 2021 por Avanza País, obteniendo el cuarto lugar con más del 11% de los votos válidos. También respaldó candidaturas de corte liberal y conservador, como la de Keiko Fujimori, y actuó como representante en la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos durante el gobierno de Alan García.





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