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PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE OBRAS PÚBLICAS Y GAS REVELAN IMPRECISIONES TÉCNICAS

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PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE OBRAS PÚBLICAS Y GAS REVELAN IMPRECISIONES TÉCNICAS

Fact-checking de Videnza Instituto, en alianza con Diario Correo, analiza afirmaciones de campaña para aportar evidencia al debate público y promover el voto informado.

En cada proceso electoral, los candidatos compiten no solo con propuestas, sino también con interpretaciones —muchas veces imprecisas— sobre el funcionamiento del Estado y de la economía. En ese contexto, Videnza Instituto, en alianza con Diario Correo, presentó una nueva edición de su ejercicio semanal de fact-checking, que revisa planteamientos de quienes aspiran a gobernar el país. “En cada campaña electoral abundan las promesas, pero pocas veces se examina con rigor si realmente son viables”, señaló Luis Miguel Castilla, director de Videnza Instituto y exministro de Economía.

Esta vez, el análisis se centró en la ejecución de obras públicas y el precio del gas doméstico. En el primer caso, se revisó una afirmación sobre los contratos de Gobierno a Gobierno (G2G), en la que se sostuvo que bajo este mecanismo “responde el gobierno y no las empresas”. Según el análisis, esto es incorrecto, ya que los gobiernos extranjeros no ejecutan directamente las obras, sino que contratan a empresas privadas para su desarrollo. “Los contratos de G2G no eliminan los riesgos de retrasos ni la responsabilidad financiera del Estado”, explicó Castilla. Este modelo, añadió, busca mejorar los procesos de contratación y supervisión de proyectos, pero no sustituye el rol de las empresas que finalmente ejecutan las obras.

Videnza Instituto también evaluó una propuesta que plantea que el balón de gas doméstico debería costar lo mismo en Lima que en zonas alejadas como La Convención, en Cusco. De acuerdo con el análisis, el precio del gas está influido por los costos de transporte y distribución hacia cada región. “El precio del gas también refleja los costos de llevarlo a cada zona del país”, precisó Castilla, y recordó que el Estado ya interviene a través del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), que otorga vales de descuento a los hogares en zonas con dificultades de acceso.

Más allá de las diferencias en el debate político, desde Videnza destacan que el objetivo del fact-checking es aportar información verificable para mejorar la calidad del debate público. “En una campaña marcada por promesas rápidas, contrastar la información ayuda a que el ciudadano pueda evaluar mejor las propuestas”, subrayó Castilla, al recordar que contar con datos verificados es clave para ejercer un voto informado.

Fuente: LinkedIn

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Trámites burocráticos amenazan cartera minera de US$64 mil millones, advierten expertos

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Trámites burocráticos amenazan cartera minera de US$64 mil millones, advierten expertos

Un proyecto minero debía cumplir 12 procedimientos administrativos en 2001; hoy son 265, según cifras de Apoyo Consultoría presentadas durante la feria Expomina Perú 2026.

El exceso de trámites y la falta de coordinación entre entidades del Estado son los principales obstáculos para destrabar la cartera de inversión minera del Perú, valorizada en US$64 mil millones, coincidieron especialistas del sector público, privado y académico durante el panel “Propuestas políticas para el sector minero”, realizado en el marco de Expomina Perú 2026, en Lima. Gonzalo Quijandría, vicepresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), recordó que en 2001 un proyecto minero debía pasar por 12 procedimientos administrativos; hoy son 265, según cifras de Apoyo Consultoría. “En los últimos 25 años, lo único que ha empeorado es la burocracia”, afirmó.

Iván Portocarrero, socio de Apoyo Consultoría, detalló que el sector minero enfrenta actualmente cerca de 230 procedimientos administrativos, regidos por unas 470 normas y a cargo de aproximadamente 30 entidades del Estado. Según explicó, los Estudios de Impacto Ambiental demoran en promedio 2.5 veces el plazo legal para su aprobación —y sus modificaciones, hasta 5 o 6 veces—, mientras que los permisos de uso de agua han llegado a tomar hasta 10 veces el plazo establecido, de 36 a 360 días. Eliminar la secuencialidad innecesaria entre trámites, como en el caso de la consulta previa, podría ahorrar entre 8 y 9 meses por proyecto, precisó.

Desde el Ministerio de Energía y Minas, Michael Acosta, director general de Promoción y Sostenibilidad Minera, planteó consolidar una Ventanilla Única Digital que permita evaluar los permisos en paralelo y no de forma consecutiva. Carlos Casas, director del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico, advirtió que el actual boom de precios de minerales críticos no durará para siempre. “La ola viene. Si no nos atrapamos a la ola, la vamos a perder”, afirmó.

Fuente: Minart

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La Línea 2 del Metro de Lima ya duplicó su plazo original y sigue sin fecha de término

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La Línea 2 del Metro de Lima ya duplicó su plazo original y sigue sin fecha de término

La obra, concebida para ejecutarse en cinco años, ya acumula una década de trabajos y avanza sin un cronograma actualizado, señaló la presidenta de Ositrán, Verónica Zambrano, ante el Congreso.

La Línea 2 del Metro de Lima y Callao podría tardar hasta 15 años en concluirse si no se actualiza su cronograma de ejecución, advirtió la presidenta del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), Verónica Zambrano, durante su participación en la Comisión de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor del Congreso. La obra, concebida originalmente para ejecutarse en cinco años, enfrentó desde su inicio contingencias vinculadas a la entrega de terrenos, lo que afectó la elaboración de los expedientes técnicos y generó controversias contractuales entre las partes.

Zambrano explicó que, tras la pandemia, el proyecto se apartó de la programación prevista y que hasta la fecha no cuenta con una calendarización vigente que establezca hitos actualizados para sus etapas pendientes. Según dijo, el organismo supervisa la obra, pero no puede exigirle plazos precisos porque no existe un cronograma vigente. “Ahora estamos yéndonos ya a los 10 años y me temo que podríamos, si no se calendariza, llegar incluso hasta 15 años”, señaló.

La funcionaria consideró necesario negociar una nueva adenda contractual que incorpore los aspectos pendientes para el desarrollo integral de la infraestructura, incluyendo su articulación con otras obras de transporte de la capital. “Esta infraestructura es, luego del Anillo Vial Periférico, la más costosa que hemos tenido como Estado peruano y que además va a tener una gran repercusión en la vida de los ciudadanos”, afirmó.

Fuente: Gestión

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