El caso ha generado una notable conmoción pública, no solo por la gravedad de las acusaciones formales, sino también por la atmósfera de presión y posibles amenazas detectadas durante el desarrollo de la audiencia. El propio juez Solórzano Huaraz relató en la sesión que, antes de iniciarla, recibió una llamada telefónica no solicitada de un familiar de uno de los procesados, Jimmy Alexander Whu Cárdenas. El magistrado dejó constancia de este hecho en la audiencia y señaló: “Este juzgado rechaza cualquier forma de presión, insinuación o comunicación extraprocesal, las cuales se adoptan única y exclusivamente sobre la base de lo actuado en el proceso”.

La irregularidad del contacto, ajena a los canales legales establecidos, motivó que el juez anunciara la comunicación inmediata del hecho a las autoridades competentes para su evaluación. Según fuentes citadas por La República, el magistrado habría recibido además comunicaciones de carácter intimidante con la aparente finalidad de influir en su decisión sobre la prisión preventiva, en un contexto donde la fiscalía impulsaba un pedido de 36 meses de prisión preventiva contra el gobernador y otras doce personas.

Entre los involucrados en la investigación fiscal destacan, además de Castillo Rojo, Hiromi Zúñiga Jauregui, Wilmer Meza Natividad, Nancy Oriundo Quilca, Víctor Yancarlo Zambrano Portilla, Jaime Alonso Liza Ríos, Marco Antonio Rojas Gálvez, Roberto Adolfo Rosales Carazas, César Edilberto Arango Huaringa, Luis Antonio Blanco Cabrera, Rafael Moscaisa Gutiérrez y Carmen Haydee Blanco Rivera. La lista revela la amplitud del caso, que abarca funcionarios de diversos niveles y proveedores presuntamente vinculados a la red investigada.

Juez del caso Ciro Castillo denuncia llamada indebida durante audiencia de prisión preventiva

De acuerdo con la fiscalía, Castillo Rojo Salas habría desempeñado un papel clave al designar asesores y estructurar políticas internas que permitieron favorecer a determinados proveedores, varios de ellos vinculados a su entorno cercano. Esta estructura, según los investigadores, habría facilitado la manipulación de procesos de contratación pública en el Callao, en perjuicio de la transparencia y la legalidad administrativa.

Desde que se dictó la orden de detención, Castillo Rojo ha negado las acusaciones y se ha declarado inocente. Sin embargo, una sala de apelaciones ratificó la medida, tras rechazar el pedido de su defensa para anular la orden de captura. La contundencia de la decisión judicial y la ratificación en segunda instancia refuerzan el peso de la investigación en curso.

El Grupo GRECO y agentes de investigación resguardan accesos en la zona residencial de La Punta tras la intervención. | BDP

El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, abordó el caso en declaraciones a Exitosa, donde también se refirió a la situación de otros prófugos relevantes como Vladimir Cerrón y el exministro Juan Silva. Consultado sobre los avances en la búsqueda de Castillo Rojo, Arriola evitó brindar detalles operativos, pero aseguró: “La policía actúa y no se detiene un solo segundo, con inteligencia operativa, con actos de investigación, con actos en cuadrantes de prevención y de descarte de líneas de investigación, de hipótesis, de ubicación, hasta el momento en que se llegue la captura de alguno de los que ha mencionado o de cualquier prófugo de la justicia”.

El proceso judicial contra Castillo Rojo Salas y su entorno continuará en los próximos meses. Mientras tanto, el Callao permanece atento al desenlace de un caso que ha puesto a prueba los mecanismos de control institucional y ha expuesto la vulnerabilidad de las estructuras regionales frente a la corrupción. La sociedad espera que las investigaciones avancen sin interferencias externas, con pleno respeto al debido proceso y transparencia en cada etapa.