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RECORTAN PRESUPUESTO DE SEGURIDAD EN PIURA PESE A ALTA INCIDENCIA DE EXTORSIONES
Según información del IPE, la región enfrenta menor inversión en seguridad mientras los delitos se mantienen por encima de niveles históricos.
El presupuesto destinado a seguridad ciudadana en Piura se redujo en 25 % para 2026, al pasar de S/86 millones a S/64 millones, según el Instituto Peruano de Economía (IPE). La mayor caída se registra en los gobiernos locales, cuyo presupuesto se contrajo de S/45 millones a S/22 millones, en un contexto en el que la inseguridad continúa siendo una de las principales preocupaciones de la población.
“Las denuncias por extorsión se redujeron de 19 a 10 por cada 100 mil habitantes, pero siguen siendo hasta nueve veces mayores que en 2019”, advierte el informe del IPE. Además, señala que en 2025 se superaron los 130 casos por cada 100 mil habitantes, lo que posicionó a Piura entre las regiones con mayor incidencia de este delito a nivel nacional.
El estudio también alerta sobre el avance de la minería ilegal: “En 2025 se registraron 62 denuncias por delitos vinculados a esta actividad, 44 % más que en 2024”, precisa. La provincia de Sullana concentra cerca de la mitad de estos casos. A esto se suma una limitada capacidad operativa: Piura cuenta con 134 policías por cada 100 mil habitantes, por debajo del promedio nacional de 155, lo que dificulta la respuesta frente a la criminalidad.
En materia de gestión, el IPE advierte que solo 9 de los 65 distritos de Piura cuentan con planes de seguridad actualizados y que el patrullaje integrado apenas alcanza al 58 % de las jurisdicciones. Frente a este panorama, el instituto plantea reforzar la coordinación entre autoridades y mejorar la asignación de recursos para enfrentar de manera más efectiva el avance del delito.
Fuente: Instituto Peruano de Economía
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Trámites burocráticos amenazan cartera minera de US$64 mil millones, advierten expertos
Un proyecto minero debía cumplir 12 procedimientos administrativos en 2001; hoy son 265, según cifras de Apoyo Consultoría presentadas durante la feria Expomina Perú 2026.
El exceso de trámites y la falta de coordinación entre entidades del Estado son los principales obstáculos para destrabar la cartera de inversión minera del Perú, valorizada en US$64 mil millones, coincidieron especialistas del sector público, privado y académico durante el panel “Propuestas políticas para el sector minero”, realizado en el marco de Expomina Perú 2026, en Lima. Gonzalo Quijandría, vicepresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), recordó que en 2001 un proyecto minero debía pasar por 12 procedimientos administrativos; hoy son 265, según cifras de Apoyo Consultoría. “En los últimos 25 años, lo único que ha empeorado es la burocracia”, afirmó.
Iván Portocarrero, socio de Apoyo Consultoría, detalló que el sector minero enfrenta actualmente cerca de 230 procedimientos administrativos, regidos por unas 470 normas y a cargo de aproximadamente 30 entidades del Estado. Según explicó, los Estudios de Impacto Ambiental demoran en promedio 2.5 veces el plazo legal para su aprobación —y sus modificaciones, hasta 5 o 6 veces—, mientras que los permisos de uso de agua han llegado a tomar hasta 10 veces el plazo establecido, de 36 a 360 días. Eliminar la secuencialidad innecesaria entre trámites, como en el caso de la consulta previa, podría ahorrar entre 8 y 9 meses por proyecto, precisó.
Desde el Ministerio de Energía y Minas, Michael Acosta, director general de Promoción y Sostenibilidad Minera, planteó consolidar una Ventanilla Única Digital que permita evaluar los permisos en paralelo y no de forma consecutiva. Carlos Casas, director del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico, advirtió que el actual boom de precios de minerales críticos no durará para siempre. “La ola viene. Si no nos atrapamos a la ola, la vamos a perder”, afirmó.
Fuente: Minart
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La Línea 2 del Metro de Lima ya duplicó su plazo original y sigue sin fecha de término
La obra, concebida para ejecutarse en cinco años, ya acumula una década de trabajos y avanza sin un cronograma actualizado, señaló la presidenta de Ositrán, Verónica Zambrano, ante el Congreso.
La Línea 2 del Metro de Lima y Callao podría tardar hasta 15 años en concluirse si no se actualiza su cronograma de ejecución, advirtió la presidenta del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), Verónica Zambrano, durante su participación en la Comisión de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor del Congreso. La obra, concebida originalmente para ejecutarse en cinco años, enfrentó desde su inicio contingencias vinculadas a la entrega de terrenos, lo que afectó la elaboración de los expedientes técnicos y generó controversias contractuales entre las partes.
Zambrano explicó que, tras la pandemia, el proyecto se apartó de la programación prevista y que hasta la fecha no cuenta con una calendarización vigente que establezca hitos actualizados para sus etapas pendientes. Según dijo, el organismo supervisa la obra, pero no puede exigirle plazos precisos porque no existe un cronograma vigente. “Ahora estamos yéndonos ya a los 10 años y me temo que podríamos, si no se calendariza, llegar incluso hasta 15 años”, señaló.
La funcionaria consideró necesario negociar una nueva adenda contractual que incorpore los aspectos pendientes para el desarrollo integral de la infraestructura, incluyendo su articulación con otras obras de transporte de la capital. “Esta infraestructura es, luego del Anillo Vial Periférico, la más costosa que hemos tenido como Estado peruano y que además va a tener una gran repercusión en la vida de los ciudadanos”, afirmó.
Fuente: Gestión
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