Política
Revelan que Rafael López Aliaga vendió sus propiedades antes de postular a las Elecciones 2026
Durante su campaña presidencial de 2021, el exalcalde de Lima y líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga Cazorla, afirmó públicamente que su fortuna superaba los USD 1.000 millones, concentrada principalmente en trenes y hoteles. “Pero he donado mucho para hacer obras sociales”, señaló entonces. Sin embargo, la información consignada en su hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ese mismo año mostraba una realidad patrimonial significativamente distinta.
De acuerdo con dicho documento, López Aliaga declaró ingresos anuales superiores a S/7,6 millones, así como la propiedad de tres inmuebles ubicados en Miraflores y un vehículo. Según los valores de autovalúo y registros públicos, estas propiedades sumaban aproximadamente S/1,4 millones, una cifra que dista ampliamente de los montos que el entonces candidato mencionaba ante los medios de comunicación. La diferencia, no obstante, podría explicarse en parte porque el formato de hoja de vida del JNE, vigente en ese periodo, no permitía consignar acciones, participaciones empresariales u otros activos financieros.
No obstante, una investigación de OjoPúblico reveló que, entre 2023 y 2025, el patrimonio inmobiliario de López Aliaga se redujo de manera considerable. En ese periodo, el ahora candidato presidencial vendió el 100% de las propiedades que había declarado en 2021, además del vehículo que figuraba a su nombre. Las operaciones, inscritas en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp), ascendieron a más de USD 4,6 millones, equivalentes a cerca de S/15 millones al tipo de cambio actual.
La hoja de vida más reciente presentada ante el JNE también muestra una reducción significativa en sus ingresos anuales, que pasaron a ser de casi S/2 millones a fines de 2025, es decir, casi cuatro veces menos de lo declarado durante su anterior postulación presidencial.
Antes de concretarse estas ventas, las propiedades del exalcalde atravesaron una serie de transferencias y donaciones. Uno de los inmuebles, ubicado en la calle Manuel Tovar, en Miraflores, fue adquirido por López Aliaga en 1998. Cuatro años después, lo donó a sus padres, Fernando López Aliaga Botto y Paula Cazorla de López Aliaga, quienes en 2005 lo transfirieron a la Asociación para el Desarrollo de la Enseñanza Universitaria (Adeu), entidad fundadora de la Universidad de Piura. En 2015, Adeu devolvió la propiedad al hoy candidato presidencial mediante una nueva donación.
El medio de comunicación OjoPúblico intentó conocer el contexto de esta operación y se comunicó con Carlos Miranda, administrador de Adeu, pero hasta el cierre del informe no obtuvo respuesta.
La segunda propiedad, ubicada en la avenida Ejército, pertenecía inicialmente a su hermano Ignacio Antonio López Aliaga Cazorla y a Nelly Zenobia Pantigoso Concha, quienes la donaron al exalcalde en 2015. Un caso similar ocurrió con el tercer inmueble, situado en la avenida Mariscal La Mar, que fue donado en 2020 por las mismas personas.
Sin embargo, antes de formalizar su nueva candidatura presidencial, López Aliaga se desprendió de los tres inmuebles. El de la avenida Mariscal La Mar fue vendido a Anamelba Huamán Correa y José María Arana Francia por USD 110.000, según registros oficiales. Huamán trabaja en la empresa HomePower, donde Ignacio López Aliaga se desempeña como gerente general, de acuerdo con información de la Sunat.
Contactada por dicho medio, Huamán confirmó la compra del inmueble y aseguró que “la operación fue conforme a la ley”. Inicialmente sostuvo que la propiedad le pertenecía desde hacía una década, pero al ser confrontada con la inscripción registral de 2023, evitó brindar mayores detalles.
Las otras dos propiedades fueron adquiridas por las empresas Inversiones Sauris y Bragagnini Constructores, que pagaron en conjunto USD 4’520.000, equivalentes a más de S/15’142.000. Ambas operaciones quedaron inscritas en la Sunarp durante el primer semestre de 2023.
En cuanto al vehículo declarado en 2021, este fue vendido en 2025 al ingeniero Edgardo Franco Bustamante Ayala por USD 9.000. Según su perfil de LinkedIn, el comprador trabaja en Acres Investments, empresa en la que López Aliaga mantiene participación accionaria.
OjoPúblico buscó la versión de las empresas involucradas y del comprador del vehículo. Solo respondió Fernando Castañeda, abogado de Bragagnini Constructores, quien se limitó a señalar que “la operación está inscrita ante los registros públicos”.
Para Gilberto Mendoza, abogado y docente de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, resulta llamativo que varias propiedades hayan sido donadas al candidato en los años previos a su venta. “Es conocido que López Aliaga tiene un patrimonio importante”, indicó.
El mencionado medio de prensa solicitó los descargos del candidato presidencial y de su entorno político, pero no obtuvo respuesta hasta el cierre de este informe.
Política
Revelan 24 visitas de una joven al despacho de José Jerí cuando era congresista, según reportaje televisivo
Un reportaje emitido por el programa “Ocurre Ahora”, de ATV, reveló que el presidente de la República, José Jerí, recibió 24 visitas de una misma mujer cuando aún ejercía funciones como congresista, en un periodo de tres meses comprendido entre octubre y diciembre de 2022. La información se sustenta en los registros oficiales de visitas del Congreso de la República.
Según el informe periodístico, la visitante fue identificada como Ana Diburcio, una joven de 29 años, quien —de acuerdo con datos de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu)— no registra estudios superiores concluidos. El reportaje señala que las visitas se realizaron en la oficina congresal de Jerí y presentaron duraciones variables, desde encuentros breves hasta reuniones prolongadas.
Uno de los ingresos que más llamó la atención ocurrió el 13 de octubre de 2022, cuando Diburcio registró su entrada a las 9:43 a. m. y su salida recién a las 10:58 p. m., lo que implica una permanencia de más de 13 horas en el despacho del entonces parlamentario, hoy jefe de Estado. El reportaje subrayó que se trata de una de las visitas de mayor duración registradas durante ese periodo.

Asimismo, se detalló que otras reuniones sostenidas ese mismo mes tuvieron una duración aproximada de 30 minutos, una hora y hasta seis horas, según consta en el sistema de control de ingresos del Congreso. Sin embargo, un hecho adicional fue destacado en el informe: el 2 de diciembre de 2022, Ana Diburcio ingresó a la oficina de Jerí a las 10:38 de la mañana, pero no se consignó la hora de salida, lo que generó interrogantes sobre el registro administrativo de visitas.
El reportaje también expuso interacciones previas entre Jerí y Diburcio en redes sociales. En particular, se reveló que en noviembre de 2021, cuando Jerí era congresista, comentó una fotografía de la joven en Instagram con la palabra “Decide”, acompañada de un emoticono de ojos con corazones. Además, se mostró que el hoy presidente marcó con “me gusta” diversas publicaciones de la joven en dicha plataforma digital.
Joven se pronuncia tras reportaje de ATV
Tras la difusión del informe, el equipo periodístico de ATV se comunicó con Ana Diburcio como parte del ejercicio de su derecho a réplica. En declaraciones al programa, la joven explicó que conoció a José Jerí durante actividades políticas.
“Yo he apoyado al partido en campañas. Ahí conocí al ahora presidente José Jerí”, manifestó, sin ofrecer mayores detalles sobre la naturaleza de las reuniones.
Asimismo, Diburcio indicó que no brindará información adicional sobre su vida personal. “Cualquier tipo de consulta es puntual y de manera respetuosa; también le recalco que no doy información de mi vida privada a personas extrañas y menos si no estoy en Perú”, declaró.
Política
JNJ inicia investigaciones contra juez Richard Concepción Carhuancho por presuntas irregularidades en caso de Mateo Castañeda
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) inició una investigación disciplinaria contra el juez Richard Concepción Carhuancho, tras una orden emitida por el Tribunal Constitucional (TC) que dispuso la reevaluación de su actuación como magistrado en el caso conocido como ‘Waykis en la Sombra’. La medida se adopta luego de que el máximo intérprete de la Constitución declarara fundada la demanda presentada por Mateo Castañeda, exabogado de la presidenta Dina Boluarte e investigado en dicho proceso.
La decisión del Tribunal Constitucional responde a una acción presentada por Castañeda, quien cuestionó la demora del juez Concepción Carhuancho en conceder el recurso de apelación contra la prisión preventiva que pesaba en su contra, así como el retraso en elevar el expediente correspondiente a la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional.
Según lo señalado en la resolución del TC, el cuestionamiento se centra en el presunto incumplimiento de los plazos razonables establecidos en el marco del debido proceso, lo que habría afectado el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del investigado. En ese contexto, el colegiado constitucional ordenó que se evalúe la conducta funcional del magistrado, lo que motivó la intervención de la JNJ.
Cabe recordar que en noviembre de 2024, Richard Concepción Carhuancho dispuso 24 meses de prisión preventiva contra Mateo Castañeda, al atribuirle presunta participación en una organización criminal, tráfico de influencias y otros delitos vinculados al caso ‘Waykis en la Sombra’. Esta decisión generó controversia por la severidad de la medida y el análisis de los presupuestos legales exigidos.
Posteriormente, en diciembre de 2024, la Quinta Sala Penal de Apelaciones del Poder Judicial revocó la prisión preventiva impuesta por Concepción Carhuancho. El colegiado consideró que no se cumplían los requisitos legales necesarios para mantener la medida coercitiva, por lo que ordenó la libertad del investigado bajo otras reglas procesales.
Con la apertura de la investigación por parte de la Junta Nacional de Justicia, se busca determinar si el magistrado incurrió en faltas disciplinarias durante su actuación en el proceso, especialmente en lo referido al manejo de los plazos y al respeto de las garantías procesales.
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