La información consignada por los candidatos presidenciales ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha vuelto a poner bajo la lupa la trayectoria profesional y política de quienes buscan llegar a la Presidencia de la República. En esta oportunidad, los datos presentados por Keiko Fujimori y Roberto Sánchez muestran marcadas diferencias en cuanto a experiencia laboral, cargos desempeñados e ingresos reportados ante la autoridad electoral.

Según la hoja de vida presentada por Keiko Fujimori, la lideresa de Fuerza Popular registra una sola experiencia laboral vigente. Se trata de su desempeño como presidenta de su organización política, cargo que, de acuerdo con la información entregada al JNE, ejerce desde el año 2013. Asimismo, señala haber participado en la fundación de la agrupación política que actualmente lidera.

Dentro de su trayectoria pública también figura su paso por el Congreso de la República. Fujimori ocupó una curul parlamentaria durante el periodo legislativo comprendido entre 2006 y 2011, etapa en la que inició una carrera política que posteriormente la llevó a competir en diversas elecciones presidenciales.

Uno de los aspectos que más llama la atención en la documentación presentada ante el organismo electoral es el nivel de ingresos declarado por la candidata. A pesar de registrar una única experiencia laboral, Fujimori informó haber percibido una remuneración bruta anual de S/271.853,45 proveniente del sector privado. Esta cifra equivale a ingresos superiores a los S/22.000 mensuales.

La información económica ha generado interés debido a que la candidata también ha manifestado públicamente desempeñar labores como docente en una universidad de Estados Unidos. Sin embargo, dicha actividad no aparece consignada en la hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones.

Además, una respuesta emitida por la Universidad de Florida al programa periodístico “Beto a Saber” indicó que Fujimori no figura como docente de la institución, sino que mantiene la condición de becaria. Esta situación ha motivado cuestionamientos y pedidos de aclaración respecto a las actividades profesionales que realiza fuera del país.

Experiencia laboral de Roberto Sánchez

Por otro lado, Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, reportó una trayectoria laboral más extensa en la documentación presentada ante el JNE. En su hoja de vida aparecen tres experiencias profesionales vinculadas a la gestión pública, además de dos cargos políticos de relevancia nacional.

Entre los puestos consignados figura su labor como gerente de Administración y Finanzas de la Municipalidad Provincial de Huaura durante el año 2017. Posteriormente, asumió funciones como gerente de Capital Humano en la Municipalidad Distrital de San Borja entre 2019 y 2020.

Asimismo, durante el mismo periodo se desempeñó como gerente de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de Huaral, acumulando experiencia en distintas áreas de la administración pública local.

A ello se suma su paso por el Poder Ejecutivo y el Congreso. Sánchez ejerció como ministro de Comercio Exterior y Turismo entre 2021 y 2022, formando parte del gabinete ministerial durante el gobierno de Pedro Castillo. Paralelamente, desde 2021 ocupa una curul en el Parlamento como representante de Juntos por el Perú.

La agenda política y legislativa sufrió un giro inesperado luego de que el Congreso de la República suspendiera la sesión plenaria programada para este jueves 4 de junio. La decisión se produjo pocas horas después de que el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, solicitara formalmente que se debatieran proyectos de ley destinados a derogar las denominadas normas “procrimen”, cuestionadas por diversas instituciones por presuntamente debilitar la lucha contra el crimen organizado.

La cancelación de la sesión impidió que estas iniciativas fueran incluidas en la agenda parlamentaria, pese a que el tema había cobrado relevancia en medio del debate público sobre la inseguridad ciudadana, las extorsiones y el incremento de actividades vinculadas a organizaciones criminales.

Roberto Sánchez pidió priorizar la derogación de las normas cuestionadas

Un día antes de la suspensión del Pleno, Roberto Sánchez remitió un oficio al oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno, solicitando la convocatoria de una Junta de Portavoces extraordinaria. El objetivo era incorporar en la agenda parlamentaria los proyectos que buscan dejar sin efecto diversas leyes que han sido calificadas como “procrimen” por sectores del sistema de justicia.

En su documento, Sánchez argumentó que la permanencia de estas normas estaría afectando los esfuerzos del Estado para enfrentar delitos graves que golpean diariamente a la población. Según sostuvo, la expansión de las extorsiones, el sicariato y otras modalidades criminales exige una respuesta inmediata desde el Poder Legislativo.

Asimismo, señaló que múltiples organismos, entre ellos el Ministerio Público, han expresado preocupación por el impacto que determinadas modificaciones legales tendrían sobre las investigaciones y procesos vinculados al crimen organizado.

Renuncia ministerial motivó la suspensión de la sesión

Sin embargo, cuando se esperaba que el Congreso abordara estos temas, la Oficialía Mayor comunicó la cancelación de la sesión plenaria. La decisión estuvo relacionada con la renuncia presentada por el entonces ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Reyes Llanos.

De acuerdo con el pronunciamiento oficial, la dimisión del titular del Mincetur modificó las condiciones previstas para el desarrollo de la jornada legislativa, ya que Reyes Llanos tenía programada una interpelación ante el Pleno.

El ministro debía responder por los cuestionamientos relacionados con la demora en la implementación del Acuerdo de Profundización Económico Comercial suscrito entre Perú y Brasil, un tema que había generado preocupación en diversos sectores empresariales y políticos.

Las razones detrás de la salida del ministro

En la carta mediante la cual formalizó su renuncia, José Reyes Llanos explicó que su decisión obedecía a razones de carácter institucional y de principios.

El exministro sostuvo que la conducción de acuerdos internacionales estratégicos requiere una evaluación integral que no solo considere factores comerciales o coyunturales, sino también aspectos vinculados con la transparencia, la integridad pública y los compromisos anticorrupción asumidos por el país.

Asimismo, indicó que las decisiones relacionadas con tratados y acuerdos de alcance internacional deben priorizar los intereses permanentes del Estado peruano y preservar la imagen del país ante la comunidad internacional.

Debate pendiente en medio de la preocupación por la inseguridad

La suspensión del Pleno deja en suspenso la posibilidad de discutir en el corto plazo la derogación de las llamadas leyes “procrimen”, un tema que se ha convertido en uno de los principales ejes del debate político y electoral.

Diversos sectores sostienen que estas normas han generado limitaciones para fiscales y jueces en la persecución de organizaciones criminales, mientras que sus defensores argumentan que buscan garantizar mayores controles y respeto al debido proceso.