El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, respondió a las críticas surgidas en torno a un acuerdo político suscrito con la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenate Perú) y negó categóricamente que su organización promueva la liberación de personas condenadas o encarceladas por pertenecer a grupos terroristas como Sendero Luminoso o el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

Durante una entrevista para el Diario La República, Sánchez aseguró que las versiones que lo vinculan con una supuesta propuesta de excarcelación para integrantes de organizaciones subversivas forman parte de una campaña de desinformación y no guardan relación con los compromisos asumidos por su agrupación política.

El aspirante presidencial sostuvo que ninguna de las propuestas incluidas en los acuerdos políticos de Juntos por el Perú contempla beneficios para personas condenadas por delitos de terrorismo. En ese sentido, enfatizó que rechaza cualquier forma de violencia y descartó cualquier acercamiento ideológico con organizaciones vinculadas a actividades terroristas.

La polémica surgió luego de que se difundieran cuestionamientos sobre el convenio firmado con Fenate Perú, sindicato que en distintas oportunidades ha sido relacionado por sus detractores con sectores cercanos al Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), agrupación considerada como el brazo político de Sendero Luminoso por diversos sectores políticos y sociales.

Frente a estas observaciones, Sánchez explicó que el acuerdo con Fenate Perú tiene como finalidad respaldar a ciudadanos y dirigentes sociales que, según su postura, enfrentan procesos judiciales por haber participado en movilizaciones y protestas ocurridas en los últimos años en diferentes regiones del país.

El candidato precisó que el planteamiento no está dirigido a personas condenadas por terrorismo, sino a quienes considera afectados por procesos vinculados a manifestaciones sociales. Según indicó, existen numerosos ciudadanos investigados o procesados por delitos como sedición y otras figuras penales derivadas de conflictos sociales, cuya situación debería ser evaluada dentro de un marco de respeto a los derechos fundamentales.

Como ejemplo, mencionó el caso de dirigentes sociales que actualmente afrontan investigaciones judiciales y que, a su juicio, no pueden ser asociados automáticamente con organizaciones terroristas. En esa línea, sostuvo que algunas personas involucradas en protestas han sido objeto de persecución política o judicial y merecen una revisión de sus casos.

Sánchez reiteró que Juntos por el Perú mantiene una posición firme contra el terrorismo y cualquier expresión de violencia política. Además, insistió en que su propuesta de gobierno se fundamenta en principios democráticos, el respeto al Estado de derecho y la búsqueda de soluciones institucionales a los conflictos sociales.

Las declaraciones se producen en medio de la campaña de segunda vuelta electoral, donde diversos sectores han cuestionado las alianzas y acuerdos políticos establecidos por los candidatos presidenciales. Ante ello, el líder de Juntos por el Perú busca despejar dudas sobre su postura frente al terrorismo y reafirmar que su eventual gobierno no impulsará medidas orientadas a beneficiar a integrantes de organizaciones subversivas.