Una persona fallecida y dos heridos dejó un ataque con arma de fuego en las inmediaciones del Mercado Carrillo de Albonoz en el Callao, en los exteriores de una carnicería.

De acuerdo a las primeras informaciones, tres personas fueron trasladadas al Hospital Daniel Alcides Carrión al resultar afectadas por impactos de bala.

El fallecido, identificado como Wiliam Jesús Severino Villafuerte de 45 años, llegó sin vida al área de trauma shock del nosocomio. Se trataría del vigilante de seguridad del mercado. Severino, al percatarse de que un sicario llegaba para atacarlo, huyó hacia el interior del establecimiento.

El trabajador intentó ponerse a salvo, pero el agresor inició una persecución y, en la sección de carnes, habría realizado varios disparos en su contra. Las balas también habrían alcanzado a otras dos personas que se encontraban en el lugar.

Aldo Del Carpio Bazán (59) presentó una herida por proyectil en el dedo izquierdo y permanece en observación, mientras que la señora María Antonia Cruz Zapata (62) resultó politraumatizada, aunque se encuentra estable.

Hasta el momento, se desconocen los motivos del atentado. Sin embargo, testigos indicaron que podría ser un caso de cobro de cupos.

El Poder Judicial confirmó el mandato de prisión preventiva contra Adrián Villar, quien atropelló con un vehículo a la deportista Lizeth Marzano, el pasado 17 de febrero, mientras trotaba en el distrito limeño de San Isidro.

La decisión estuvo a cargo de la Novena Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima, que dispuso confirmar la orden de 9 meses de prisión preventiva contra el imputado, quien es investigado por los presuntos delitos de homicidio culposo y omisión de socorro en agravio de la víctima, y por el supuesto delito contra la administración de justicia, en la modalidad de fuga del lugar de accidente de tránsito, en agravio del Estado. La medida, según reafirmó la sala, vencerá el próximo 25 de noviembre.

«En suma, la prisión preventiva supera el test de proporcionalidad, por lo que, corresponde desestimar los agravios de la parte apelante en cuanto a este extremo se refiere», indica la resolución de la sala.

«Por último, si bien no fue cuestionado el plazo de la duración de la medida impuesta, al respecto, este Tribunal revisor considera que el plazo solicitado por el Ministerio Público, de nueve meses, responde a la necesidad de asegurar la efectividad del proceso, y no solo la sujeción del investigado, más aún, cuando la pena a imponer probablemente sea de carácter efectiva y por un período prolongado», destacó.

La sala concluyó que «se verificó la existencia de una debida motivación en la resolución apelada, sin advertirse la existencia de algún vicio al respecto», por lo que «corresponde confirmar la resolución venida en grado».