Frente a la alta desconfianza en las autoridades, iniciativas civiles impulsan mecanismos de diálogo liderados por la propia ciudadanía, especialmente en comunidades rurales.

La participación ciudadana se perfila como un elemento central para fortalecer la democracia peruana en un contexto de profunda desconfianza institucional. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 83 % de los peruanos no se siente representado por ninguna autoridad, mientras que la desconfianza en instituciones como el Congreso alcanza el 92.4 %. Ante este escenario, la propia ciudadanía emerge como el actor con mayor legitimidad para impulsar cambios, ya que el 59 % de la población prefiere que los espacios de diálogo sean organizados por los mismos ciudadanos.

Uno de los principales retos es la concentración de los mecanismos de participación en las grandes ciudades. Esta centralización ha dejado fuera a amplios sectores del país y ha profundizado la brecha de conocimiento democrático entre el ámbito urbano y el rural. Mientras que, en las ciudades, el 61.4 % de las personas afirma conocer qué es la democracia, en las zonas rurales esta cifra desciende al 27.6 %, lo que limita la participación informada y sostenida de la población.

Ante esta realidad, organismos internacionales y civiles proponen descentralizar la participación ciudadana y fortalecer los espacios de diálogo en comunidades rurales y territorios alejados. Para la Asociación Internacional para la Participación Pública (IAP2) Latinoamérica, “la participación no puede limitarse a las grandes ciudades. También debe estar presente en zonas rurales, comunidades periféricas y territorios donde las instituciones muchas veces tienen menor alcance”. En ese sentido, ampliar la escucha y reconocer las distintas realidades del país permitiría avanzar hacia democracias más sólidas y sostenibles, con una ciudadanía activa en la toma de decisiones públicas. «Las políticas públicas ganan legitimidad cuando consideran el territorio y sus desigualdades», aseguró IAP2 Latinoamérica.

Fuente: InfoActiva

El Colegio de Ingenieros del Perú advierte que los obstáculos para las obras de agua, salud y transporte no son económicos, sino de planificación y capacidad administrativa.

Diversos gobiernos locales del país cerraron sus periodos fiscales con altos niveles de recursos sin ejecutar, a pesar de contar con financiamiento aprobado por canon y sobrecanon minero. Según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), esta parálisis afecta principalmente a proyectos de infraestructura vial, saneamiento y centros de salud primaria. El Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) sostiene que el problema central radica en debilidades técnicas, señalando que la baja ejecución responde a expedientes técnicos incompletos, cronogramas poco realistas y una deficiente evaluación de riesgos bajo el sistema Invierte.pe.

Ante este escenario, el CIP ha presentado una hoja de ruta para las autoridades que asumirán funciones en el periodo 2027–2030, con el fin de evitar que se repita la inmovilización de fondos. El gremio propone fortalecer la planificación estratégica y mejorar la gestión de proyectos cumpliendo estrictamente la Ley de Contrataciones del Estado. Los especialistas advierten que la presión política y la falta de supervisión técnica adecuada influyen negativamente en el desempeño de la inversión pública, lo que termina por mermar la competitividad económica local y la calidad de vida de los ciudadanos en las regiones.

La propuesta del gremio de ingenieros también incluye la implementación de herramientas digitales de seguimiento y sistemas de control interno para identificar retrasos a tiempo. Asimismo, plantean reforzar la transparencia en los procesos de contratación y promover la vigilancia ciudadana a través de alianzas con universidades y organizaciones civiles. Para el gremio técnico, el reto fundamental es lograr que los recursos inactivos se conviertan en proyectos funcionales que generen beneficios sostenibles, cerrando brechas que afectan directamente la calidad de vida de la población mientras los millones permanecen inmovilizados.

Fuente: La República