La petrolera estatal, que según el sindicato del sector operaba solo al 50% de su capacidad por falta de liquidez, espera reanudar actividades el 5 de agosto, mientras el gremio pide al nuevo gobierno revisar la gestión de ProInversión en el proceso de reestructuración.

Las labores en la Nueva Refinería Talara quedaron suspendidas esta semana por una combinación de factores climáticos y financieros. Por un lado, el oleaje anómalo obligó a cerrar los puertos de la bahía de Talara, impidiendo la descarga de crudo importado; por otro, la propia empresa arrastra restricciones de caja que le dificultan comprar el petróleo necesario para mantener la planta funcionando. Petroperú estima que los puertos volverán a operar el 31 de julio y que recién a partir del 5 de agosto podrá reiniciar las unidades de proceso, un tiempo que la compañía aprovechará para dar mantenimiento al sistema de agua de mar y al circuito de enfriamiento.

Desde la Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú (Fenpetrol) apuntaron a una causa de fondo: el retraso de más de dos meses en el desembolso del financiamiento de US$2,000 millones prometido por el Gobierno, del cual todavía no llega el primer tramo puente de US$500 millones reservado justamente para comprar crudo. El sindicato calcula que esa demora «habría mantenido a la refinería operando aproximadamente al 50% de su capacidad» incluso antes de esta parada, mientras cuatro buques permanecen fondeados frente a Bayóvar a la espera de autorización para descargar, acumulando costos por sobrestadía.

Semanas atrás, el presidente del directorio de Petroperú, Edmundo Lizarzaburu, ya había admitido las limitaciones de caja de la empresa, aunque negó que se trate de una crisis. «Petroperú no está quebrada. Tiene un problema serio de liquidez», sostuvo. Pese al parón, la petrolera asegura contar con inventarios suficientes para no afectar el abastecimiento a sus clientes, mientras Fenpetrol insiste en que el próximo Gobierno revise a fondo el papel de ProInversión en la reestructuración de la empresa.

Fuente: RPP

El vicepresidente del Grupo de Riesgo Soberano de la calificadora explicó a Gestión que revisará la nota crediticia del país en setiembre, y advirtió que el Fenómeno El Niño y la falta de reformas estructurales podrían limitar el crecimiento hacia el próximo año.

Moody’s ya evalúa los primeros anuncios del Gobierno de Keiko Fujimori, en momentos en que se acerca la revisión de comité programada para setiembre, la primera desde que la calificadora ratificó a Perú en Baa1 con perspectiva estable en 2024. El vicepresidente del Grupo de Riesgo Soberano de la firma, Renzo Merino, señaló a Gestión que valoran positivamente que el mensaje a la nación haya incluido la disciplina fiscal como un objetivo explícito de la nueva administración.

Sin embargo, Merino advirtió que las reglas fiscales vigentes limitan el margen de maniobra del Ejecutivo frente a la variedad de promesas de campaña: «No hay mucho espacio para poder implementar todas las medidas a la vez». El especialista añadió que, más que la regla fiscal en sí, a la calificadora le interesa el cumplimiento de las metas de déficit, debido a que ese resultado es lo que ha mantenido la deuda pública peruana en niveles más sanos que la mayoría de sus pares con calificación Baa. Para este año, Moody’s mantiene una proyección de crecimiento cercana a 3%, aunque no descarta subirla a 3.5% dependiendo del desempeño del primer semestre, mientras que para 2027 el mayor riesgo será el Fenómeno El Niño.

Días antes de la proclamación oficial, la propia calificadora había anticipado en un comunicado su lectura sobre el resultado electoral. Moody’s remarcó que «la elección de Fujimori apunta a la continuidad del marco de formulación de políticas en Perú», lo que consideró un factor que da mayor previsibilidad al entorno macroeconómico. Merino identificó, además, la política laboral y el destrabe de la tramitología como dos frentes clave para elevar el potencial de crecimiento del país, y la lucha contra la inseguridad ciudadana, que la agencia incorpora dentro de los riesgos sociales que pesan en el perfil crediticio soberano.

Fuente: Gestión