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Teletrabajo: empresas públicas identificarán puestos para trabajo a distancia – Diario Nacional Realidad.PE
El reglamento de la Ley de Teletrabajo brindará herramientas a las oficinas de Recursos Humanos de las entidades públicas para que puedan identificar cuáles son los puestos “teletrabajables” y articulen esa modalidad con los empleados y el servicio a la ciudadanía, afirmó la presidenta ejecutiva de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), Janeyri Boyer.
En diálogo con el Diario Oficial El Peruano, la funcionaria se refirió a cómo marcha el proceso de reglamentación de la Ley N° 31572 y aspectos vinculados a la Ley N° 31419, la cual establece disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y el ejercicio de la labor pública de funcionarios y directivos de libre designación y remoción.
Vigencia
En este momento, sostuvo, las normas del estado de emergencia por la pandemia dejarán de tener vigencia a fines de este mes. Por tal motivo, Servir informó a todas las oficinas de Recursos Humanos qué es lo que dice la normativa vigente y, en consecuencia, hasta el 25 de los corrientes pueden brindarles facilidades a sus servidores respecto al trabajo a distancia.
Boyer manifestó que lo que corresponde es que se vuelva al trabajo presencial, “porque la emergencia nacional, el hecho de cuidar a los servidores y a todos, eso ya pasó, todo el mundo ya va a los cines, al teatro, a los restaurantes, etcétera. Entonces, la etapa de pandemia ya quedó atrás”.
“Nosotros promovimos y estamos cerrando la reglamentación de la ley, con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), para implementar el teletrabajo como un mecanismo laboral, una modalidad de prestación del servicio que permita, por un lado, a las entidades gestionar mejor a su personal y, por el otro, a los servidores conciliar trabajo y familia, pero sin que el Estado detenga sus servicios”, enfatizó.
En la administración pública, aseveró, hay puestos en los cuales definitivamente no se les podrá aplicar el teletrabajo en la medida en que prestan servicios a la ciudadanía en forma directa, como un centro de emergencia mujer o la ventanilla de una entidad en atención al ciudadano. “Sin embargo, si es una atención al ciudadano que está prevista que sea totalmente remota, una parte de ella sí podría ser un puesto teletrabajable”, aclaró.
“Entonces, sí se está dando herramientas, en ese reglamento, a las oficinas de recursos humanos para que puedan identificar cuáles son los puestos teletrabajables y cómo articular ese teletrabajo con los servidores y la ciudadanía”, recalcó la presidenta ejecutiva de Servir.
Presencia
En este punto, Boyer consideró “imprescindible que los ciudadanos, a los que nos debemos desde el Estado, sientan que el teletrabajo no significará que no encontrarán a nadie en la entidad cuando toquen la puerta. Es importante tener en consideración este punto”.
“En el reglamento se está poniendo también especial énfasis en las personas como un mecanismo de inclusión. Por ejemplo, las que cuidan a otras personas, las madres de familia, servidores que están al cuidado de familiares con enfermedades terminales o con discapacidad. De modo preferente, se está promoviendo ese enfoque inclusivo”, resaltó.
La funcionaria reveló que ya se terminó de procesar los aportes de la ciudadanía al proyecto de reglamento y se está remitiendo al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, porque este portafolio –detalló– es el que tiene la competencia para aprobarlo y publicarlo.
Sobre las acciones vinculadas a la Ley N° 31419, que se ejecutaron el 2022, Boyer calificó de positivo el balance de estas labores, pues manifestó que se efectuó “un operativo inédito en el Estado.
Por primera vez, una institución pública, que forma parte del Ejecutivo, desplegó equipos, a escala nacional, para garantizar que las personas que ocupan cargos de funcionarios o las que tienen las mayores responsabilidades en el Estado sean las que deben estar en esos puestos, porque cumplen los requisitos mínimos”.
Idoneidad
La presidenta ejecutiva de Servir expresó, asimismo, que con la ley primero, producto del Congreso de la República, y su entidad que se encargó de ejecutarla, “se ha vuelto a clavar la bandera de la idoneidad y se evidenció su importancia”.
“Ha sido un balance positivo porque se está promoviendo cada vez una mayor preocupación por contar con las personas idóneas en estos puestos, sobre todo en los de mayor responsabilidad y nosotros estamos comprometidos a que no haya marcha atrás”, aseguró.
Al respecto, señaló que se está empezando a efectuar un control de idoneidad de los cargos vigentes en el ámbito nacional de gobierno. “Después iremos a las instancias regionales, porque esto no tiene que ver con ningún tipo de gestión. Servir hace su trabajo en todo momento”, puntualizó.
Operativos
Janeyri Boyer refirió que el año pasado, como parte del operativo vinculado al cumplimiento de la Ley N° 31419, Servir se desplazó a las 25 regiones, además controló los requisitos de idoneidad en los 19 ministerios y organismos técnicos.
Estas acciones, afirmó, determinaron que cerca de 290 funcionarios se desvinculen de la administración pública, entre ellos seis viceministros, tres secretarios generales y varios directivos de gobiernos regionales y locales.
“Entonces esa es también una vertiente importante que estamos llevando a todo al país, porque es importante promover y garantizar la idoneidad, que la gente que ocupa esos puestos sea la que tiene que estar para prestar los mejores servicios posibles a las personas”, subrayó.
Boyer resaltó que fueron inéditas las mencionadas desvinculaciones de tan altos cargos en el Estado, eso no se había visto antes. “Por lo tanto, se evidenció también la importancia de que un ente rector como Servir cuente con independencia técnica para que pueda hacer su trabajo”, enfatizó.
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Más de S/19 600 millones se gastaron en obras inconclusas de municipios y regiones
Lima figura entre las regiones con mayor cantidad de proyectos abandonados, en un escenario marcado por la falta de continuidad entre gestiones y las deficiencias en la planificación de la inversión pública.
Los gobiernos regionales y las municipalidades del país acumulan 53 332 proyectos inconclusos, entre obras paralizadas y abandonadas, que registran un gasto de S/19 600 millones desde 2012 hasta septiembre de 2026. Según un análisis del Instituto Peruano de Economía (IPE), basado en información del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), estas inversiones representan el 65% de los proyectos activos en las carteras de los gobiernos subnacionales durante ese periodo.
Del total, alrededor de S/10 800 millones corresponden a 17 030 proyectos abandonados, categoría que incluye inversiones sin avances durante más de 18 meses. Lima, junto con Junín, Áncash, Puno y Cajamarca, concentra la mayor cantidad de iniciativas en esta condición.
Martín Valencia, gerente de estudios económicos del IPE, precisó que el monto ejecutado no significa necesariamente que todo se haya perdido, ya que algunas obras podrían reactivarse. No obstante, advirtió que los proyectos abandonados durante varios años tienen menores posibilidades de recuperación, especialmente si presentan expedientes técnicos deficientes o registran poco avance.
Entre las causas identificadas figuran la falta de continuidad entre autoridades, la deficiente formulación de proyectos y los problemas en las contrataciones. El desafío será especialmente relevante para las nuevas gestiones municipales y regionales, que deberán evaluar qué obras pueden retomarse y cuáles requieren cerrarse formalmente para ordenar sus carteras de inversión.
Fuente: Gestión
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Comas, Independencia y Carabayllo entre los distritos expuestos a huaicos
Especialista advierte sobre posibles precipitaciones inusuales este fin de semana y alerta que la expansión urbana hacia las laderas aumenta la vulnerabilidad de varios sectores de la capital.
Lima Metropolitana podría registrar lluvias anómalas este fin de semana, pese a que todavía es octubre. Patricio Valderrama, geólogo y expresidente ejecutivo del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), advirtió que existe una alta probabilidad de precipitaciones en algunos sectores de la capital y señaló que ocho distritos están expuestos a huaicos, activaciones de quebradas, deslizamientos e inundaciones.
Entre las zonas identificadas figuran Comas, Independencia y Carabayllo, en Lima Norte, además de Chosica, Chaclacayo, Ate, La Molina y San Juan de Lurigancho. El especialista explicó que la ocupación desordenada de las laderas incrementa los riesgos para la población y puede comprometer servicios esenciales, como el abastecimiento de agua potable, la electricidad y el saneamiento.
“Lima creció hacia las montañas, pero no creció de una manera ordenada”, explicó Valderrama a Canal N. También sostuvo que el país debe priorizar la capacidad de respuesta ante las emergencias, pues las lluvias podrían intensificarse desde noviembre y alcanzar mayores volúmenes hacia mediados de diciembre.
El geólogo señaló que las precipitaciones pueden concentrarse en pocas horas y provocar inundaciones y desbordes. Por ello, planteó que las autoridades preparen espacios seguros para albergar temporalmente a las familias que deban abandonar sus viviendas y refuercen las acciones de monitoreo y atención en las zonas vulnerables.
Fuente: La República
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