Política
Trump enfrenta críticas internas y externas por operación militar en Venezuela
LÍDERES DEMÓCRATAS Y GOBIERNOS de la región cuestionan la legalidad y los efectos de la intervención estadounidense tras la captura de Nicolás Maduro.
La operación militar ordenada por el presidente Donald Trump en Venezuela, que derivó en la captura de Nicolás Maduro, ha provocado una fuerte reacción política tanto dentro de
Estados Unidos como en América Latina y Europa. Legisladores demócratas y
varios gobiernos advirtieron sobre la legalidad de la acción, sus consecuencias regionales y el impacto interno para la población estadounidense.
El senador independiente Bernie Sanders calificó la intervención como “ilegal, peligrosa y contraria a la Constitución”, al señalar que el presidente no tiene autoridad para iniciar acciones bélicas sin la aprobación del Congreso.
En un mensaje difundido en redes sociales, pidió activar una resolución de poderes de guerra para frenar la operación y restituir el rol del Legislativo en decisiones de guerra y paz. Sanders sostuvo que la ofensiva no hará más seguro a Estados Unidos ni al mundo y que representa una violación flagrante del derecho internacional. Además, comparó la justificación utilizada por la Casa Blanca con la empleada por Rusia en la invasión a Ucrania, advirtiendo que el uso de la fuerza para promover cambios de régimen sienta
un precedente peligroso.
A las críticas se sumó la exvicepresidenta Kamala Harris, quien afirmó que la intervención fue “ilegal e imprudente” y que sus costos terminarán siendo asumidos por las familias estadounidenses. Según Harris, la operación no fortalece la seguridad ni la economía del país y desvía recursos frente a problemas internos urgentes como el costo de vida, la vivienda y la atención sanitaria. Harris también acusó a la administración Trump de priorizar intereses energéticos, al señalar que el control del petróleo venezolano estaría en el centro de la estrategia. En ese sentido, cuestionó contactos con figuras del entorno del
chavismo y la marginación de la oposición venezolana, además de advertir que no existe un marco legal claro ni un plan de salida para las tropas desplegadas.
En el plano internacional, Brasil, Chile, Colombia,
México, Uruguay y España emitieron un comunicado conjunto en el que rechazaron las acciones militares de Estados Unidos por considerarlas contrarias a la Carta de las Naciones Unidas. Los países advirtieron que la intervención pone en riesgo a la población civil, amenaza la estabilidad regional y llamaron a resolver la crisis venezolana exclusivamente por vías pacíficas y diplomática.
Reacciones regionales y advertencia diplomática
Los gobiernos firmantes del comunicado reafirmaron el carácter de América Latina y el Caribe como zona de paz y exhortaron a los mecanismos multilaterales, incluido el secretario general de la ONU, a intervenir para desescalar las tensiones. También alertaron sobre cualquier intento de control o apropiación externa de recursos naturales venezolanos.
Desde Washington, el tono del presidente Trump se endureció tras la captura de Maduro. El mandatario advirtió que, de no cooperar con Estados Unidos, altos funcionarios del régimen venezolano podrían enfrentar consecuencias incluso mayores, una postura que ha intensificado la preocupación internacional por una posible escalada del conflicto.
Política
Ciro Castillo: Dictan 24 meses de prisión preventiva contra el exgobernador regional de Callao
El 11.er Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao dictó 24 meses de prisión preventiva contra Ciro Castillo Rojo por su presunta participación en la organización criminal ‘Los Socios del Callao’.
El Poder Judicial dictó 24 meses de prisión preventiva contra el suspendido gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo Salas, por su presunta participación en los delitos de organización criminal y colusión agravada, en el marco del caso conocido como “Los socios del Callao”.
La medida fue dispuesta por el juez Edie Walther Solórzano Huaraz, del Décimo Primer Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao, luego de más de diez días de audiencias y la evaluación parcial del requerimiento fiscal. La resolución también alcanza a otros ocho investigados vinculados a la presunta red criminal.
Castillo, que se encuentra en condición de no habido desde diciembre de 2025, es señalado como uno de los principales responsables del esquema investigado. El juez ordenó su ubicación y captura inmediata a nivel nacional e internacional para garantizar su presencia en el proceso judicial.
La medida fue anunciada tras una extensa audiencia en la que el juez Edie Solórzano Huaraz determinó la existencia de elementos suficientes para disponer la detención preventiva de los investigados. Según la tesis fiscal, funcionarios y proveedores del Gobierno Regional del Callao habrían conformado una red dedicada al direccionamiento de contratos públicos, con el objetivo de beneficiar intereses particulares y eludir los procedimientos regulares de contratación.
La decisión judicial incluyó la orden de ubicación y captura inmediata de Castillo Rojo Salas, quien se encuentra prófugo desde diciembre de 2025. El magistrado Solórzano Huaraz dispuso que la policía intensifique los operativos para dar con su paradero, medida que también afecta a otros implicados cuya detención preliminar se concretó el 15 de diciembre y que permanecen bajo custodia de la Policía Nacional del Perú.
El caso ha generado una notable conmoción pública, no solo por la gravedad de las acusaciones formales, sino también por la atmósfera de presión y posibles amenazas detectadas durante el desarrollo de la audiencia. El propio juez Solórzano Huaraz relató en la sesión que, antes de iniciarla, recibió una llamada telefónica no solicitada de un familiar de uno de los procesados, Jimmy Alexander Whu Cárdenas. El magistrado dejó constancia de este hecho en la audiencia y señaló: “Este juzgado rechaza cualquier forma de presión, insinuación o comunicación extraprocesal, las cuales se adoptan única y exclusivamente sobre la base de lo actuado en el proceso”.
La irregularidad del contacto, ajena a los canales legales establecidos, motivó que el juez anunciara la comunicación inmediata del hecho a las autoridades competentes para su evaluación. Según fuentes citadas por La República, el magistrado habría recibido además comunicaciones de carácter intimidante con la aparente finalidad de influir en su decisión sobre la prisión preventiva, en un contexto donde la fiscalía impulsaba un pedido de 36 meses de prisión preventiva contra el gobernador y otras doce personas.
Entre los involucrados en la investigación fiscal destacan, además de Castillo Rojo, Hiromi Zúñiga Jauregui, Wilmer Meza Natividad, Nancy Oriundo Quilca, Víctor Yancarlo Zambrano Portilla, Jaime Alonso Liza Ríos, Marco Antonio Rojas Gálvez, Roberto Adolfo Rosales Carazas, César Edilberto Arango Huaringa, Luis Antonio Blanco Cabrera, Rafael Moscaisa Gutiérrez y Carmen Haydee Blanco Rivera. La lista revela la amplitud del caso, que abarca funcionarios de diversos niveles y proveedores presuntamente vinculados a la red investigada.
De acuerdo con la fiscalía, Castillo Rojo Salas habría desempeñado un papel clave al designar asesores y estructurar políticas internas que permitieron favorecer a determinados proveedores, varios de ellos vinculados a su entorno cercano. Esta estructura, según los investigadores, habría facilitado la manipulación de procesos de contratación pública en el Callao, en perjuicio de la transparencia y la legalidad administrativa.
Desde que se dictó la orden de detención, Castillo Rojo ha negado las acusaciones y se ha declarado inocente. Sin embargo, una sala de apelaciones ratificó la medida, tras rechazar el pedido de su defensa para anular la orden de captura. La contundencia de la decisión judicial y la ratificación en segunda instancia refuerzan el peso de la investigación en curso.
El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, abordó el caso en declaraciones a Exitosa, donde también se refirió a la situación de otros prófugos relevantes como Vladimir Cerrón y el exministro Juan Silva. Consultado sobre los avances en la búsqueda de Castillo Rojo, Arriola evitó brindar detalles operativos, pero aseguró: “La policía actúa y no se detiene un solo segundo, con inteligencia operativa, con actos de investigación, con actos en cuadrantes de prevención y de descarte de líneas de investigación, de hipótesis, de ubicación, hasta el momento en que se llegue la captura de alguno de los que ha mencionado o de cualquier prófugo de la justicia”.
El proceso judicial contra Castillo Rojo Salas y su entorno continuará en los próximos meses. Mientras tanto, el Callao permanece atento al desenlace de un caso que ha puesto a prueba los mecanismos de control institucional y ha expuesto la vulnerabilidad de las estructuras regionales frente a la corrupción. La sociedad espera que las investigaciones avancen sin interferencias externas, con pleno respeto al debido proceso y transparencia en cada etapa.
El partido Democrático Federal inauguró su local de campaña y presentó su propuesta país
En un ambiente entusiasta, el Partido Democrático Perú Federal inauguró su local de campaña en la Plaza Bolognesi, en Breña, en un acto encabezado por el candidato presidencial Armando Massé, acompañado de su plancha Virgilio Acuña y Lydia Díaz, donde se presentaron los principales ejes de la propuesta política del partido y su compromiso con el orden democrático, la lucha contra la corrupción y un Perú con dignidad y oportunidades.
Durante su discurso, Massé remarcó las profundas contradicciones estructurales del Perú, un país rico en recursos naturales y biodiversidad, pero con altos niveles de desigualdad, pobreza, desnutrición infantil y abandono estatal. En un mensaje cargado de contenido social y político, el candidato expresó:
“El Perú es mi paciente, pero yo soy un impaciente. No me resigno a ver niños con anemia en el primer productor mundial de anchovetas, ni ancianos haciendo interminables colas por una atención médica paupérrima, cuando somos potencia minera y biodiversa”, señaló.
El candidato recordó además su experiencia durante la pandemia del COVID-19, denunciando la precariedad del sistema de salud y la falta de conducción del Estado en momentos críticos, a pesar de la riqueza del país. Asimismo, cuestionó el centralismo histórico que —según indicó— ha marginado a las regiones y obligado a miles de peruanos a migrar a Lima en busca de oportunidades.
“Tenemos un país rico, pero un Estado pobre. Regiones con potencial inmenso tratadas como periferia durante más de 200 años. No es falta de recursos, es falta de conducción. No es aceptable que el futuro del país se vea forzado a emigrar o a desempeñarse en condiciones de subempleo en el extranjero por falta de oportunidades en su propia patria”, señaló.
La inauguración incluyó diversos actos simbólicos, entre ellos la bendición del local a cargo del padre Luis Bazalar, el corte de cinta inaugural y la develación de la placa institucional, así como presentaciones musicales de los artistas Homero y Julio Andrade, que acompañaron el carácter festivo de la jornada. En el cierre del evento, el candidato reafirmó la identidad y los principios de Perú Federal al señalar: “No queremos el poder para mandar, queremos el poder para ordenar el país. No venimos a dividir al Perú, venimos a reconciliarlo consigo mismo. El cambio que proponemos no es un salto al vacío, es un paso firme hacia adelante”, concluyó.
Con esta inauguración, el Partido Democrático Perú Federal inicia formalmente una etapa de acercamiento territorial y político, presentándose como una alternativa que apuesta por el orden democrático, la soberanía popular, el respeto a la Constitución y los derechos humanos entendidos desde la dignidad y no desde la imposición ideológica.
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