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Un total de 20 dictámenes de Comisión de Presupuesto son leyes de la República
Congresista José Luna destaca que comisión cumplió su tarea con responsabilidad y con fuerte componente social.
Un total de 20 dictámenes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, fueron aprobados en el pleno del Congreso y promulgados como ley por el Ejecutivo, durante el periodo anual de sesiones 2022-2023.
Así lo señaló el congresista José Luna Gálvez, presidente de este grupo de trabajo parlamentario, quien destacó que se ha dictaminado 171 proyectos de ley que se convirtieron en 59 dictámenes en un intenso trabajo.
Se realizaron 52 sesiones que significaron 250 horas aproximadamente.
En este periodo legislativo se tramitó con la prioridad exigida por ley, 20 proyectos de ley presentados por el Ejecutivo, incluido del crédito suplementario por más de 8,232 millones de soles.
La gestión de la Comisión, bajo la presidencia de José Luna Gálvez, se basó en cuatro ejes: Lucha contra la corrupción y el destrabe de las obras paralizadas; fiscalización y control político de la ejecución presupuestal del ejecutivo, de los gobiernos regionales y locales, así como de las instituciones y empresas del estado, a fin de mejorar la ejecución presupuestal y la calidad del gasto, mediante una gestión por resultados; gestión con “rostro humano” necesario para atender las demandas sociales y laborales, sobre todo de los más necesitados, y la reactivación económica, con especial énfasis en los micro y pequeños empresarios, los informales y emprendedores.
“Nuestro esfuerzo se orientó a crear un clima de estabilidad social que permita promover las inversiones que generen empleo formal, fomenten el consumo, reactiven la economía y reducir las expectativas que incrementan la inflación; atender las demandas sociales embalsadas a lo largo de los años y reducir las inequidades”, explicó.
Otro objetivo planteado fue recuperar la labor de fiscalización y control de la ejecución presupuestal y promover la reactivación económica, con especial mirada a las micro y pequeñas empresas y los emprendimientos.
Durante el análisis, debate y votación de la Ley de Presupuesto se contó con la participación de un representante de la Contraloría y dos funcionarios del MEF, para garantizar el trabajo técnico, legal y la transparencia.
NORMAS APROBADAS
Entre las leyes aprobadas, el presidente de la Comisión destacó la Ley 31638, Ley de Presupuesto para el Año Fiscal 2023; Ley 31728, que aprueba créditos suplementarios para la reactivación económica; entre otros.
Explicó que en la Ley de Presupuesto se atendió varias demandas sociales, educativas y de salud, así se entregó 100 millones de soles para financiar las ollas comunes, S/ 50 millones para iniciar la devolución de aportes a los fonavistas, más de S/ 515 millones para financiar el fortalecimiento de la prevención y control del cáncer, entre otras medidas.
Así también se aprobó diferentes leyes que cuyo objetivo fue corregir las injusticias del régimen laboral CAS; otras que tenían la finalidad de reactivar la economía y acercar a los más necesitados los servicios básicos de educación, justicia y salud.
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Luna Gálvez destacó que en la Ley de Endeudamiento para el año fiscal 2023, se amplió el alcance de la labor de control concurrente ejecutado por la Contraloría, al bajar el umbral para la aplicación de ese mecanismo de control a inversiones desde 5 millones (antes era de S/ 10 millones), con lo cual el ente contralor ingresaría a las inversiones de las municipalidades provinciales y distritales.
Así también, a través de la Ley de Presupuesto, se garantizó el financiamiento de la implementación y operaciones de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, a través del 1% de la ejecución de inversiones de entre 5 a 10 millones de soles que genere el desembolso de recursos públicos y garantías financieras por el Estado.
Así también la Ley 31812, que asegura el financiamiento del ejercicio de la función fiscalizadora de los consejos regionales y concejos municipales.
Además, explicó, en cada una de las normas aprobadas que significaban desembolso o transparencia de recursos, se incluyó un artículo que planteaba que los responsables de la ejecución rindan cuentas ante la Contraloría y a la Comisión de Presupuesto.
COMISIÓN DE PRESUPUESTO
En cumplimiento de las funciones de control y fiscalización de la ejecución presupuestal, durante las diferentes sesiones de la comisión fueron citados los ministros, gobernadores regionales y funcionarios responsables.
Cada uno sustentó su ejecución presupuestal del año en curso y sus avances de ejecución, así como el estado de la situación financiera y sus proyecciones y el estado de endeudamiento.
Luna Gálvez destacó dos hitos importantes. El primero, la presentación de los ministros, en dos oportunidades, ante la Comisión de Presupuesto, en cumplimiento del artículo 66 de la Ley de Presupuesto, para explicar las modificaciones presupuestarias realizadas durante los dos primeros trimestres del año.
El segundo fue la presentación ante la comisión de los titulares de Fonafe, de Essalud y Petroperú para sustentar su ejecución presupuestal y proyectos, tras varios años que no se realizaba, en mandato del artículo 84 del Decreto Legislativo 1440, modificado por la Ley 31704.
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CCL Pide destrabar S/66 000 millones en obras por impuestos para prevenir los efectos de El Niño
El gremio empresarial plantea aprovechar los Certificados de Inversión Pública Regional y Local para acelerar proyectos de prevención, mientras el Gobierno alista un mecanismo «exprés» que reduciría a un mes los plazos de adjudicación de estas obras.
Durante el foro «Fenómeno El Niño: Prevención, infraestructura y defensa de la producción nacional», realizado en Piura, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) instó a impulsar con mayor rapidez el mecanismo de Obras por Impuestos para cerrar brechas de infraestructura y reducir el impacto de futuros eventos climáticos. El primer vicepresidente del gremio, Sandro Stapleton Ponce, remarcó el potencial de este instrumento. «Los CIPRL cuentan con aproximadamente S/66 000 millones que pueden ser destinados a Obras por Impuestos», señaló, en referencia a los Certificados de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL), los documentos que emite el Estado para que las empresas privadas recuperen, vía crédito tributario, lo invertido en estas obras públicas.
Stapleton también propuso transformar el Seguro Agrícola Catastrófico (SAC) en un modelo paramétrico, que active pagos automáticos a partir de indicadores climáticos previamente establecidos, y planteó crear un seguro pesquero similar para los pescadores artesanales, con un registro previo de beneficiarios que agilice la entrega de recursos. También pidió acelerar los bonos para las familias afectadas, tanto para reconstrucción de viviendas como para alquiler temporal, aprendiendo de las demoras registradas durante El Niño de 2017.
La propuesta de la CCL se da mientras el Gobierno trabaja en un mecanismo paralelo, el «OxI Exprés», que buscaría reducir de tres o cuatro meses a solo uno el plazo para contratar a las empresas ejecutoras de estas obras de prevención, según adelantó el presidente ejecutivo de ProInversión, Luis del Carpio, durante un foro organizado por la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) en Piura. El funcionario fue enfático sobre la urgencia de destrabar estos recursos. «Cada sol que no gastamos hoy son vidas que se dejan de salvar», afirmó. Stapleton cerró su intervención con un llamado a la ciudadanía, en especial a los jóvenes, de cara a las Elecciones Municipales y Regionales: «No basta con escuchar promesas. Es necesario conocer las propuestas, contrastarlas y exigir resultados concretos a quienes buscan gobernar nuestras ciudades y regiones».
Fuente: Revista Economía
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Autoridades que sean elegidas en octubre gobernarán con el Fenómeno El Niño en desarrollo: su capacidad de gestión será decisiva
Más de ocho millones de peruanos están en riesgo alto ante inundaciones y la pesca ya cayó 33.2% en el primer semestre, un antecedente que cobra relevancia en Lima Norte, donde distritos como San Martín de Porres arrastran uno de los niveles más bajos de ejecución presupuestal del país.
En el marco de las próximas elecciones de octubre, los peruanos elegirán a gobernadores y alcaldes que asumirán funciones en medio de la recuperación de los daños provocados por el Fenómeno El Niño. Con más de ocho millones de peruanos en riesgo alto o muy alto ante inundaciones, de los cuales el 47% se concentra en el norte del país, y una economía que ya muestra descensos en sectores clave como la pesca, que cayó 33.2% en el primer semestre, el voto informado se presenta como la herramienta más urgente para evaluar propuestas viables.
La tentación de utilizar políticamente la emergencia ha encendido las alarmas en el sector empresarial norteño. Alfonso Medrano, expresidente de la Cámara de Comercio de La Libertad, advirtió firmemente en diálogo con Exitosa que el Fenómeno El Niño «podría ser utilizado con ‘cálculo electoral’ de cara a las próximas elecciones regionales y municipales», al tiempo que cuestionó con severidad que «se intenten mostrar ‘soluciones maquilladas’ en lugar de implementar medidas efectivas de prevención y respuesta». Ese riesgo de promesas sin sustento no es ajeno a Lima, pues San Martín de Porres apareció este año como uno de los distritos con más baja ejecución de inversiones del país, un antecedente que los electores deberían tener presente al evaluar las propuestas de prevención que ofrezcan los candidatos de la zona.
Frente a un gobierno saliente que no implementó las medidas de prevención necesarias, según nueve de cada diez economistas encuestados por el Instituto Peruano de Economía (IPE), la transición política exige planes con sustento real. Según informes publicados por El Comercio, enfrentar esta realidad climática requerirá a futuro «mejor planificación, mayor presupuesto y agilidad en la ejecución de obras mayores de prevención». Asimismo, el ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo, recordó el costo social de la inacción al señalar que «detrás de cada embarcación que deja de salir, de cada faena que se reduce o de cada recurso que cambia su distribución, hay familias que ven afectados sus ingresos». El voto informado es el único mecanismo para garantizar que las nuevas autoridades ejecuten con transparencia los presupuestos y protejan a la ciudadanía.
Fuente: El Comercio, Perú.21, Imarpe
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