En el marco de la I Sesión Territorial de la Mancomunidad Municipal Lima Centro sobre el Estado de Emergencia 2025, la alcaldesa de Pueblo Libre, Mónica Tello, junto a su par de Surquillo, Cintia Loayza, pusieron el foco en los desafíos logísticos y presupuestarios para equipar a los serenos con armas no letales. Ambas autoridades calificaron la medida como «limitante e inviable» debido a la falta de presupuesto, vacíos legales y el riesgo inherente para el personal municipal.

La reunión, presidida por el alcalde de Miraflores y presidente de la Mancomunidad, Canales, sirvió para evaluar los resultados de la declaratoria de emergencia en la lucha contra la criminalidad.

Resultados Positivos, Pero con Necesidades

El alcalde Canales destacó que la declaratoria de emergencia «ha dado resultados» y respaldó la labor de la Policía Nacional. «Hay una acción mucho más comprometida de la Policía Nacional y demás autoridades para reducir la delincuencia,» indicó tras la sesión, que contó con la presencia de altas autoridades del Ministerio Público, Poder Judicial, PNP, Osiptel, ATU y Migraciones.

Por su parte, el comandante general de la PNP, general Óscar Arriola Delgado, presentó cifras contundentes, avalando el éxito de la norma:

• 70% de detenidos.
• 60% de incautación de armas.
• Más de 12 mil cartuchos de doble capacidad destructiva.
• Más de 100 toneladas de pirotécnicos decomisados.

«Por supuesto que estas normas han tenido resultados, objetivamente hemos tenido resultados en base a los números,» sostuvo Arriola.

Acciones Complementarias de la Justicia

En otros acuerdos clave, el Fiscal Superior Titular Coordinador Nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, Jorge Chávez Cotrina, anunció la creación de fiscalías de bandas para Lima, Callao, Chiclayo y Sullana. Mientras se implementan, las 16 fiscalías de crimen organizado asumirán las investigaciones de extorsión.

La presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima, Miluska Cano López, enfatizó el compromiso judicial: «Los jueces están involucrados en buscar cambios normativos y mejores manuales operativos para lograr resultados.»

Finalmente, representantes de Osiptel hicieron un llamado a los municipios a asumir un rol más activo en la fiscalización de la venta ambulatoria de chips de telefonía móvil, buscando reducir su uso delictivo.

Alcaldesas de Surquillo y Pueblo Libre opinan que implementación de nueva norma requiere mayor presupuesto y modificar Ley Orgánica de Municipalidades

El reciente Decreto Supremo N.º 015-2025-IN, aprobado por el Ministerio del Interior (Mininter), ha abierto un nuevo capítulo en la seguridad ciudadana: por primera vez, los agentes de los servicios de serenazgo municipal podrán portar pistolas eléctricas o de electrochoque, además de cámaras corporales, grilletes y aerosoles de pimienta.

Si bien la norma pretende “la modernización y profesionalización del serenazgo municipal” y la necesidad de fortalecer su coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP) ante el avance de la delincuencia, también plantea tantas interrogantes como promesas.

La norma exige dotar de armas eléctricas a un cuerpo cuya función tradicional ha sido preventiva, que porten cámaras corporales activas que registren sus intervenciones con el fin de garantizar transparencia y respeto a los derechos humanos, pero ¿están los municipios preparados para asumir la supervisión, el entrenamiento y su implementación?

Para la alcaldesa de Surquillo, Cinthia Loayza, el decreto crea vacíos, contradicciones normativas y riesgo de inconstitucionalidad, ya que asigna funciones que no están previstas en la Ley Orgánica de Municipalidades. «Se tendría que modificar la Ley Orgánica de Municipalidades si se quiere otorgar nuevas funciones al serenazgo. De lo contrario, se está violando el marco legal», indicó.

Reconoció que la intención de la norma es válida ante el aumento de la criminalidad, pero pidió al Ejecutivo revisar el contenido del decreto y evitar imponer normas que generen conflictos de aplicación.

Falta de presupuesto
En cuanto al presupuesto, la alcaldesa surquillana subrayó que el Ministerio de Economía y Finanzas no ha emitido un dispositivo que autorice o asigne recursos específicos a las municipalidades para cumplir con la adquisición de pistolas eléctricas, cámaras corporales u otros implementos mencionados en el reglamento.

Además, señaló que la norma fue excluida de la Evaluación de Impacto Regulatorio (EIR), lo cual a su juicio refleja una falta de rigor técnico. «Tenemos programaciones multianuales definidas. No se puede exigir de un día para otro nuevas obligaciones sin asignar presupuesto ni evaluar los efectos», dijo.

Un sereno no es un policía
En la misma línea, la alcaldesa de Pueblo Libre, Mónica Tello, respaldó la intención de la norma, pero advirtió que su aplicación debe ser gradual y acompañada de un presupuesto específico para las municipalidades.

Dijo que los municipios, con el nuevo dispositivo, enfrentará un reto para el cual no están plenamente preparados ni financiados. Mencionó que muchas municipalidades dependen casi exclusivamente de lo que pagan los vecinos mediante arbitrios.

«Algunas municipalidades podrán comprar estos implementos, pero muchas otras no. No todas tienen los mismos recursos. La ley está bien, pero debe venir con presupuesto», enfatizó.
“Estamos asumiendo una función que no nos corresponde directamente. Un sereno no es un policía y no está preparado para eso”, añadió.

Por : Marco Cáceres A.