Lima 10 Jul. (ANDINA) –
El juez supremo Víctor Castillo León destacó la importancia de la herramienta jurídica de extinción de dominio frente a la complejidad de las economías criminales que destruyen nuestro medio ambiente y vulneran la institucionalidad.
Fue al inaugurar, en representación de la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, el seminario descentralizado ‘La extinción de dominio en la lucha contra los delitos ambientales y el crimen organizado’, con lo cual se dio inició a las actividades por el ‘Día del Juez y la Jueza’ de la institución judicial.
Esta actividad académica, promovida por el Subsistema Especializado en Extinción de Dominio con apoyo de la Unión Europea, cuenta con la participación de juezas y jueces supremos, y de otras instancias, así como personal jurisdiccional
Castillo León señaló que, en los delitos ambientales, comola minería ilegal, tala ilegal y tráfico de fauna silvestre, la eficacia de la extinción de dominio radica en desmantelar las estructuras financieras que alimentan e incentivan el ilícito.
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“Es que, sin logística ni capital de trabajo, la organización criminal queda paralizada”, refirió el también presidente de la Cuarta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema.
Explicó que la criminalidad compleja no se detiene al encarcelar a los operarios operativos o mandos medios, sino al quebrar el flujo ilícito económico y con extirpar directamente el motor logístico del delito: bienes, maquinarias, dragas, vehículos pesados y cuentas bancarias de empresas fachada.
Sobre la extinción de dominio, el magistrado recalcó que, a lo largo de estos años, ha alcanzado un importante grado de madurez institucional y desarrollo dogmático, consolidándose como un mecanismo fundamental de control social, plenamente compatible y respaldado por el orden constitucional.
“Si bien el derecho de propiedad goza de protección constitucional y es inviolable, su ejercicio solo merece tutela cuando se adquiere y ejerce legítimamente, en armonía con el bien común y dentro de los límites establecidos por la ley”, expresó.
En ese contexto, sostuvo que los bienes, activos y riquezas de origen o destinación ilícita, obtenidos a costa del grave daño ocasionado al ambiente y mediante actividades vinculadas al crimen organizado, carecen de protección jurídica.
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“En consecuencia, corresponde que dichos bienes sean incorporados al patrimonio del Estado, a fin de garantizar que sean destinados al interés público y evitar que continúen circulando o siendo utilizados para fortalecer las estructuras o economías delictivas”, afirmó.
Bajo esa premisa, el juez supremo resaltó que la Corte Suprema del Poder Judicial y la Coordinación Nacional del Subsistema han diseñado una estrategia territorial que prioriza los recursos físicos e infraestructura permanente a las zonas donde el crimen organizado devasta la naturaleza.
Por ejemplo, mencionó que, en los distritos judiciales de Madre de Dios, Puno, Cusco, Loreto y Ucayali, los juzgados son la primera línea de defensa ambiental.
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