Los ministros del Interior, Vicente Tiburcio, y de Energía y Minas, Luis Bravo de la Cruz, acudieron a la Comisión de Fiscalización del Congreso para responder por su participación en una reunión no consignada en la agenda oficial del presidente José Jerí con el empresario chino Zhihua Yang.

La citación se produce luego de que se conociera que el jefe de Estado sostuvo reuniones privadas con el empresario en un chifa del distrito de San Borja, una de ellas en presencia del titular del Ministerio del Interior, sin que dichas citas fueran registradas oficialmente.

“El encuentro no tuvo ningún carácter oficial”, afirmó el ministro, al remarcar que su presencia no respondió a funciones propias de su cargo ni implicó decisiones institucionales. Añadió que no intervino en conversación alguna relacionada con concesiones, proyectos energéticos o beneficios particulares.

Tiburcio aseguró que desconocía los intereses empresariales de Zhihua Yang y negó haber tenido información sobre una eventual solicitud vinculada a proyectos hidroeléctricos. En ese sentido, reiteró que no realizó gestiones ni facilitó contactos a favor del empresario.

En tanto, los integrantes de la Comisión de Fiscalización cuestionaron la ausencia de registro del encuentro en la agenda presidencial y plantearon dudas sobre la pertinencia de que un ministro de Estado participe en reuniones privadas del mandatario con empresarios, especialmente cuando existen procesos administrativos en curso relacionados con sectores del Ejecutivo.

Pese a las explicaciones brindadas, varios congresistas señalaron que las declaraciones del ministro no despejan completamente las interrogantes en torno a la naturaleza del encuentro ni a las contradicciones que se han presentado en las versiones oficiales sobre la reunión.

La extorsión continúa consolidándose como uno de los principales problemas de la inseguridad ciudadana en el Perú. En el 2025, el 25% de la población mayor de 18 años reportó haber sido víctima de extorsión o conocer a alguien que lo fue en los últimos tres meses, una cifra que se mantiene respecto al 2024, según el Quinto Reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia, iniciativa del Banco de Ideas Credicorp y el BCP, en alianza con CHS Consultora.

Aunque el porcentaje global no varía, el informe advierte cambios relevantes en la distribución territorial y social de este delito.

El reporte revela que la extorsión se ha desplazado progresivamente de Lima hacia otras regiones, pasando de zonas urbanas a rurales y concentrándose cada vez más en los sectores socioeconómicos D y E.

En el centro del país, la incidencia aumentó de 15% en 2024 a 23% en 2025, mientras que en el sur pasó de 12% a 17%, evidenciando una clara expansión territorial del negocio criminal.

El informe también alerta sobre la brecha entre denuncias y sanciones efectivas. En este contexto, el informe identifica la expansión de modalidades asociadas a la extorsión, como el préstamo ilegal conocido como “gota a gota”.

Este mecanismo pasó de afectar al 15% de la población en 2024 al 19% en 2025, con incrementos especialmente marcados en el interior urbano y en regiones vinculadas a economías ilegales.

Por primera vez, el Observatorio incorpora un análisis específico sobre feminicidios, identificando patrones distintos al crimen común.

El estudio señala un predominio del entorno doméstico, un menor uso de armas de fuego y víctimas concentradas principalmente entre los 18 y 40 años.