Política
Acepto el jalón de orejas
En un inusual gesto de autocrítica pública, el presidente de la República, José Jerí Oré, reconoció errores en la estrategia del Gobierno para enfrentar la inseguridad ciudadana, uno de los principales problemas que hoy golpea con mayor fuerza a la población peruana. El pronunciamiento se produjo durante una reunión con dirigentes de diversos gremios de transportistas, quienes vienen denunciando un alarmante incremento de las extorsiones, amenazas y ataques armados contra conductores y empresas del sector.
El encuentro tuvo lugar en el local de la empresa Santa Catalina S.A. (Etsaca), en el distrito de San Juan de Lurigancho, una de las zonas más afectadas por la criminalidad. A la cita asistieron también el ministro del Interior, Vicente Tiburcio; el titular de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto; el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola; así como representantes del gremio de transporte, entre ellos Martín Ojeda, vocero de Transportes Unidos.
Durante su intervención, el jefe de Estado fue directo al admitir que el Ejecutivo no actuó con la firmeza necesaria en momentos clave de la lucha contra la delincuencia, especialmente en lo referido a los cambios y rotaciones dentro de las fuerzas operativas.
“Acepto el jalón de orejas que nos han dado el día de hoy porque hay que admitir también cuando una autoridad comete un error o se confía. En un momento de crisis, con altos índices de delincuencia violenta, no debimos habernos descuidado en el tema de los cambios y la rotación”, expresó Jerí ante los representantes del sector.
Según explicó, esos periodos de transición fueron aprovechados por las organizaciones criminales para reforzar su presencia y escalar sus acciones violentas. “En una guerra no podemos flaquear ni un solo día. Le dejamos espacio a los delincuentes y hacen lo que están haciendo en los últimos días: generar pánico, caos y atentar contra la vida de personas que se ganan honestamente la vida”, remarcó.
Las palabras del mandatario llegan en un contexto crítico, marcado por el incremento sostenido de las denuncias por extorsión, sicariato y atentados contra unidades de transporte público. En las últimas semanas, varios conductores han sido asesinados o heridos en ataques vinculados a mafias que exigen pagos ilegales para permitirles operar, una situación que ha desatado protestas y paralizaciones parciales en distintas ciudades del país.
José Jerí también puso énfasis en otro punto neurálgico: la falta de articulación entre las principales instituciones del sistema de justicia. El presidente reconoció que existen serias deficiencias en la coordinación entre la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial, lo que debilita la efectividad de la lucha contra el crimen organizado.
“Tenemos que mejorar los niveles de coordinación con la Fiscalía y con el Poder Judicial. De nada sirve un buen resultado policial si todavía hay falencias de coordinación y de aplicación normativa”, señaló. A su juicio, mientras no se corrijan estas brechas, muchos operativos exitosos seguirán diluyéndose en procesos judiciales lentos o ineficaces.
El mandatario recordó, además, que la inseguridad ciudadana es un problema multicausal, que no puede ser abordado únicamente desde la represión policial. Factores como la informalidad laboral, la falta de oportunidades para los jóvenes, el hacinamiento carcelario y la debilidad institucional también contribuyen a la expansión del crimen.
Desde los gremios de transportistas, la respuesta fue clara: demandaron acciones concretas e inmediatas. Los dirigentes exigieron mayor presencia policial en las rutas más peligrosas, inteligencia operativa para desarticular bandas de extorsionadores y un marco legal más severo contra quienes atentan contra la vida y el trabajo de miles de peruanos.
El mea culpa del presidente José Jerí marca un punto de inflexión en el discurso oficial frente a la inseguridad. No obstante, para la ciudadanía y los sectores más afectados, el desafío no está en las palabras, sino en los resultados. La población espera que este reconocimiento de errores se traduzca en una estrategia renovada, con liderazgo político, coordinación interinstitucional efectiva y una respuesta firme del Estado frente a la delincuencia que hoy mantiene en vilo a gran parte del país.
El gobierno venezolano calificó la acción como una «gravísima agresión» con fines de «cambio de régimen» y llama a la movilización para la «lucha armada», invocando el derecho a la legítima defensa.
En respuesta a lo que denomina una «gravísima agresión militar» por parte de Estados Unidos, el gobierno de Venezuela declaró este sábado un «estado de Conmoción Exterior» en todo el territorio nacional. Llamó al «pueblo a la calle» para pasar a la «lucha armada». El comunicado oficial, fechado en Caracas el 3 de enero de 2026, responsabiliza al gobierno estadounidense de un ataque contra la capital y los estados Miranda, Aragua y La Guaira.
Denuncia ante la ONU y acusación de «guerra colonial»
El texto, publicado en el portal de noticias RT, afirma que este acto constituye una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas específicamente de sus artículos sobre soberanía y prohibición del uso de la fuerza. Venezuela anunció que elevará denuncias formales ante el Consejo de Seguridad de la ONU, la CELAC y otros organismos internacionales. El objetivo del ataque, según Caracas, es «apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela. El objetivo es su petróleo y minerales», en lo que califica como un intento de imponer una «guerra colonial» y forzar un «cambio de régimen».
Movilización total y legítima defensa
El gobierno bolivariano detalló medidas extraordinarias:
- Activación de todos los planes de defensa nacional y movilización de las Fuerzas Armadas.
- Despliegue del Comando para la Defensa Integral de la Nación en todos los estados y municipios.
- Invocación del artículo 51 de la Carta de la ONU, que consagra el derecho a la legítima defensa.
El comunicado cerró con un llamado a la unidad y a la batalla. Cita al fallecido presidente Hugo Chávez: «unidad, lucha, batalla y victoria», vocando, así, la resistencia histórica del país frente a intervenciones extranjeras.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez denunció este sábado el secuestro del presidente y la primera dama por parte de Estados Unidos durante una operación militar que dejó soldados y civiles muertos.
En una declaración de extrema gravedad, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó este sábado que el presidente Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores, fueron «secuestrados» por fuerzas de los Estados Unidos. La noticia llega tras los bombardeos perpetrados por EE.UU. contra Caracas y otros estados, ataques calificados por el gobierno venezolano como una «gravísima agresión militar».
Secuestro presidencial y exigencia de prueba de vida
Ante la brutal situación, Rodríguez exigió al gobierno estadounidense la entrega inmediata de «prueba de vida» del mandatario y de la primera dama. «Ante esta brutal situación y ante este brutal ataque, nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama», aseveró la vicepresidenta en declaraciones a la televisión estatal.
Rodríguez vinculó directamente esta agresión con la advertencia que había hecho Maduro sobre el peligro que representa «la voracidad energética de los EE.UU.», un objetivo que, según el gobierno venezolano, busca apropiarse del petróleo del país. La vicepresidenta recordó que el último llamado del presidente fue «pueblo a la calle», activando todos los planes de defensa y movilización popular.
La condena internacional y el patrón de agresión
La escalada recibió la condena inmediata de Rusia. El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso emitió un comunicado expresando su «profunda preocupación y condena» ante el «acto de agresión armada» cometido por Washington. Esta reacción internacional se produce mientras Caracas denuncia una serie de violaciones previas al derecho internacional.
Esta agresión aérea no es un hecho aislado. Se produce en medio de una escalada que se inició en agosto pasado, con un despliegue militar estadounidense en el Caribe, frente a las costas venezolanas. Según el gobierno bolivariano, esto dio paso a bombardeos ilegales, amenazas directas contra Caracas y la incautación de buques petroleros, actos calificados como «robo» y «piratería».
El discurso desde la Casa Blanca, que en un principio justificó estas acciones bajo la lucha contra el narcotráfico, ha virado en las últimas semanas hacia el deseo explícito de apropiarse de los recursos petroleros de Venezuela, confirmando las acusaciones de que el objetivo final es un saqueo colonial de la nación suramericana.
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