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Agricultor, mira cómo activar el seguro catastrófico y recibir S/ 800 por hectárea – Diario Nacional Realidad.PE
El Ministerio Desarrollo Agrario y Riego implementó el Seguro Agrícola Catastrófico (SAC) para la campaña agrícola 2022-2023 y que cubre los perjuicios provocados por los desastres naturales en el agro.
El SAC es un seguro gratuito 100 % cubierto por el Estado para atender a los agricultores en situación de vulnerabilidad, priorizando a productores de la agricultura familiar de subsistencia.
Ha permitido incorporar mejoras significativas como la inclusión de cultivos permanentes a la cobertura y el incremento de la indemnización de 800 soles por hectárea.
Brinda, además, una cobertura complementaria por pérdidas totales, que garantizará la indemnización por pérdida íntegra del cultivo asegurado en una parte de la unidad de riesgo, pudiendo ser, incluso, una parcela.
La vigencia de la póliza, para la campaña agrícola 2022-2023, empezó el 1 de agosto del 2022 y tiene vigencia hasta el 1 de agosto del 2023, por lo que todos los fenómenos naturales adversos presentados durante este periodo y que afecten a los cultivos asegurados, deberán ser reportados por la Dirección Regional de Agricultura (DRA) a la empresa de seguros.
Dicho seguro cubre eventos imprevistos que no pueden ser controlados, por lo que potencia los recursos del Estado y brinda cobertura más allá del monto destinado al pago de primas.
¿Qué es el SAC?
El SAC es un seguro gratuito, financiado al 100 % con recursos del Estado, a través del Fondo de Garantía para el Campo y del Seguro Agrario (Fogasa), para disminuir la vulnerabilidad a la que están expuestos los cultivos de los pequeños agricultores de escasos recursos.
Ello, priorizando los de la agricultura familiar de subsistencia, cuyo propósito es apoyarlos para reinsertarse en la actividad agrícola y resarcirlos por daños generados por riesgos climáticos y naturales.
Además de la cobertura convencional, para 15 riesgos, que se activa cuando el rendimiento promedio de la unidad asegurada se afecta en más de 44%, el Seguro Agrícola Catastrófico implementó una cobertura complementaria para terrenos de cultivos con pérdida total a causa de:
Granizo.
Huaico y deslizamiento de terreno.
Incendio.
Inundación.
Erupción volcánica.
Viento fuerte.
¿Cómo activar el SAC?
Ocurrido el siniestro, el productor debe avisar a la agencia u oficina agraria de su localidad, ya sea acercándose a la oficina o por llamada telefónica.
A través de la Dirección Regional de Agricultura (DRA), la agencia agraria informa de la ocurrencia del siniestro, vía correo electrónico, a la compañía de seguros, dentro de los siete días de sucedido el siniestro.
La compañía de seguros designa a un perito ajustador para evaluar en campo los daños ocasionados al cultivo asegurado, dentro de los 15 días siguientes, contados a partir de la fecha en que se recibió el aviso de siniestro.
El perito ajustador evalúa los daños en presencia de un agente agrario y elabora el acta de ajuste (informe de evaluación).
Si el informe indica que hay pérdida catastrófica, la compañía de seguros coordina con la DRA el empadronamiento de los agricultores, dentro de los 30 días siguientes a la fecha indicada en el acta.
Para proceder al pago de las indemnizaciones la compañía de seguros realiza la apertura de cuentas bancarias y paga al productor agrícola la suma asegurada por cada hectárea asegurada del cultivo asegurado, dentro de los 30 días siguientes.
Costos de producción
Cabe indicar que el SAC no cubre los costos de producción ni el total de pérdidas estimadas en que incurren los agricultores damnificados por un evento catastrófico.
Su objetivo es dotar de una compensación básica, que aumente la capacidad de los agricultores más vulnerables para sobrellevar los impactos negativos de la catástrofe.
Es importante resaltar que este esquema de protección social se implementa para cada campaña agrícola, a través de una Resolución Ministerial del Midagri, lo que le permite al Estado ir incorporando mejoras que beneficien al pequeño productor agrícola.
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INSEGURIDAD EN LA LIBERTAD: NEGOCIOS SUFREN MILLONARIAS PÉRDIDAS POR EXTORSIÓN
El economista Giacomo Puccio de Redes advierte que la extorsión lidera el crimen en la región, obligando a las empresas a destinar el 10 % de sus ingresos a seguridad privada.
Giacomo Puccio, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes), destacó que La Libertad se mantiene como la región que lidera el ranking nacional de extorsiones, a pesar de registrarse una ligera disminución en algunos delitos durante los primeros meses de 2026. En 2025, la región contabilizó cerca de 246 homicidios y un promedio anual de 4000 casos de extorsión, lo que forzó el cierre o la relocalización de aproximadamente 7700 negocios. El impacto ha sido mayor en el sector transporte, donde se han perdido inversiones que pueden alcanzar hasta los US$110 000 por unidad, reduciendo drásticamente la oferta de servicios.
La inseguridad ciudadana ejerce una presión directa sobre la economía al obligar a las empresas a desviar recursos hacia gastos de protección privada. Puccio advirtió que “la inseguridad puede llevarse hasta el 10 % de los ingresos de una empresa, que se invertirían en vigilancias, cámaras y seguridad privada que normalmente se podrían invertir en algo más productivo”. Esto impide que los negocios inviertan en su expansión, en la generación de nuevos empleos o en mejoras operativas, frenando el crecimiento de la región.
Para enfrentar esta problemática, resulta urgente cubrir el déficit de 3000 efectivos policiales y fortalecer la inteligencia para desarticular las redes de financiamiento de las economías ilegales. El economista enfatizó que “no podemos vivir de los estados de emergencia”, pues existe evidencia de que no son suficientes para lograr reducciones sostenidas en las tasas de criminalidad. En ese sentido, propuso un enfoque integral que incluya fiscalías especializadas y una cultura de prevención que fortalezca la educación y el empleo en zonas vulnerables.
Fuente: REDES
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GESTIÓN PÚBLICA DEFICIENTE: MUNICIPIOS CON MAYORES RECURSOS DE CANON DEJAN SIN EJECUTAR S/1000 MILLONES CADA AÑO
Colegios deteriorados y centros de salud que no operan son la cara visible de municipios que no saben, o no pueden, gastar lo que tienen.
En un escenario de precios récord de los metales, la dependencia de los gobiernos locales hacia la minería es tan alta que, según un estudio de Videnza, representa hasta el 70 % del presupuesto en algunas regiones del país. Sin embargo, esta abundancia no se traduce en desarrollo: entre 2023 y 2025, los 20 municipios con mayores asignaciones por canon y regalías mineras dejaron sin utilizar más de S/1000 millones anuales destinados a proyectos de inversión. El caso de Áncash es ilustrativo: a pesar de recibir S/8000 millones entre 2019 y 2025, solo el 25 % de sus colegios tiene aulas en buen estado y apenas 6 de cada 100 centros de salud operan correctamente.
La incapacidad de gasto se manifiesta en distritos como Marcona, que en 2025 apenas logró ejecutar el 37.2 % de sus S/286 millones asignados. Frente a este escenario de abandono administrativo, Luis Miguel Castilla, exministro de Economía, destaca la urgencia de sincerar las carteras de inversión para “no tener proyectos que registren más de 10 años inactivos o con cero avance físico”. Esta necesidad también ha sido reconocida por el propio Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que advierte que la acumulación de iniciativas inviables ha desbordado la capacidad de ejecución del Estado. Según el viceministro de Economía, Eloy Durán, aunque existen 7122 proyectos viales en ejecución por S/61,000 millones, la cartera total asciende a S/221,000 millones, un monto que calificó como “imposible de absorber”.
Al respecto, Álvaro Cubas, economista del Consejo Privado de Competitividad (CPC), enfatiza que el problema central ha dejado de ser solo la disponibilidad de fondos para convertirse en una crisis de gestión: “Se ha destinado muchos recursos, pero no se materializan. Y aquí viene el tema, ya no es solo la ejecución, es falta de calidad”. Mientras esa calidad no mejore, los ciudadanos de las zonas mineras seguirán siendo los más afectados por una paradoja que se repite año tras año: vivir sobre la riqueza que el Estado no sabe gastar.
Fuente: Gestión, Correo y Rumbo Minero
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