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Agricultor, mira cómo activar el seguro catastrófico y recibir S/ 800 por hectárea – Diario Nacional Realidad.PE
El Ministerio Desarrollo Agrario y Riego implementó el Seguro Agrícola Catastrófico (SAC) para la campaña agrícola 2022-2023 y que cubre los perjuicios provocados por los desastres naturales en el agro.
El SAC es un seguro gratuito 100 % cubierto por el Estado para atender a los agricultores en situación de vulnerabilidad, priorizando a productores de la agricultura familiar de subsistencia.
Ha permitido incorporar mejoras significativas como la inclusión de cultivos permanentes a la cobertura y el incremento de la indemnización de 800 soles por hectárea.
Brinda, además, una cobertura complementaria por pérdidas totales, que garantizará la indemnización por pérdida íntegra del cultivo asegurado en una parte de la unidad de riesgo, pudiendo ser, incluso, una parcela.
La vigencia de la póliza, para la campaña agrícola 2022-2023, empezó el 1 de agosto del 2022 y tiene vigencia hasta el 1 de agosto del 2023, por lo que todos los fenómenos naturales adversos presentados durante este periodo y que afecten a los cultivos asegurados, deberán ser reportados por la Dirección Regional de Agricultura (DRA) a la empresa de seguros.
Dicho seguro cubre eventos imprevistos que no pueden ser controlados, por lo que potencia los recursos del Estado y brinda cobertura más allá del monto destinado al pago de primas.
¿Qué es el SAC?
El SAC es un seguro gratuito, financiado al 100 % con recursos del Estado, a través del Fondo de Garantía para el Campo y del Seguro Agrario (Fogasa), para disminuir la vulnerabilidad a la que están expuestos los cultivos de los pequeños agricultores de escasos recursos.
Ello, priorizando los de la agricultura familiar de subsistencia, cuyo propósito es apoyarlos para reinsertarse en la actividad agrícola y resarcirlos por daños generados por riesgos climáticos y naturales.
Además de la cobertura convencional, para 15 riesgos, que se activa cuando el rendimiento promedio de la unidad asegurada se afecta en más de 44%, el Seguro Agrícola Catastrófico implementó una cobertura complementaria para terrenos de cultivos con pérdida total a causa de:
Granizo.
Huaico y deslizamiento de terreno.
Incendio.
Inundación.
Erupción volcánica.
Viento fuerte.
¿Cómo activar el SAC?
Ocurrido el siniestro, el productor debe avisar a la agencia u oficina agraria de su localidad, ya sea acercándose a la oficina o por llamada telefónica.
A través de la Dirección Regional de Agricultura (DRA), la agencia agraria informa de la ocurrencia del siniestro, vía correo electrónico, a la compañía de seguros, dentro de los siete días de sucedido el siniestro.
La compañía de seguros designa a un perito ajustador para evaluar en campo los daños ocasionados al cultivo asegurado, dentro de los 15 días siguientes, contados a partir de la fecha en que se recibió el aviso de siniestro.
El perito ajustador evalúa los daños en presencia de un agente agrario y elabora el acta de ajuste (informe de evaluación).
Si el informe indica que hay pérdida catastrófica, la compañía de seguros coordina con la DRA el empadronamiento de los agricultores, dentro de los 30 días siguientes a la fecha indicada en el acta.
Para proceder al pago de las indemnizaciones la compañía de seguros realiza la apertura de cuentas bancarias y paga al productor agrícola la suma asegurada por cada hectárea asegurada del cultivo asegurado, dentro de los 30 días siguientes.
Costos de producción
Cabe indicar que el SAC no cubre los costos de producción ni el total de pérdidas estimadas en que incurren los agricultores damnificados por un evento catastrófico.
Su objetivo es dotar de una compensación básica, que aumente la capacidad de los agricultores más vulnerables para sobrellevar los impactos negativos de la catástrofe.
Es importante resaltar que este esquema de protección social se implementa para cada campaña agrícola, a través de una Resolución Ministerial del Midagri, lo que le permite al Estado ir incorporando mejoras que beneficien al pequeño productor agrícola.
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Parte del canon minero se pierde en obras inútiles o en corrupción, admite ministro Shinno
El titular de Energía y Minas planteó modificar la distribución del canon para que llegue de forma obligatoria a las comunidades cercanas a las operaciones mineras, aunque advirtió que también hace falta fortalecer la capacidad de los gobiernos locales para ejecutar esos recursos.
Durante su participación en el Encuentro Internacional de Gestión Social y Sostenibilidad (GESS 2026), el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Guillermo Shinno, hizo un balance crítico sobre el uso actual del canon minero. Señaló que buena parte de estos recursos termina concentrada en las capitales de provincia o distrito, mientras otra porción se destina a obras poco útiles o incluso se pierde en actos de corrupción, sin llegar a las poblaciones más cercanas a los yacimientos.
Frente a ese diagnóstico, el ministro planteó impulsar modificaciones estructurales en la forma en que se distribuyen estos fondos. «Tenemos que lograr que parte de ese canon vaya sí o sí a las comunidades aledañas, a los entornos mineros, para que ellos justamente vean cómo se llega a la infraestructura básica que tanto reclaman», afirmó. La propuesta busca que las poblaciones vecinas a las operaciones extractivas perciban de manera más directa los beneficios económicos de la minería, algo que hoy no ocurre pese a los montos que mueve esta industria.
Shinno advirtió, sin embargo, que cambiar la distribución del canon no resolverá el problema por sí solo si no se fortalece, en paralelo, la capacidad de gestión de las autoridades locales y provinciales encargadas de ejecutar esos recursos. El funcionario vinculó, además, esta reforma con un cambio en el manejo de los conflictos sociales, al plantear que el Estado debe involucrarse de forma permanente en la planificación del desarrollo de los territorios mineros y no solo intervenir cuando un conflicto ya estalló, bajo un esquema de gobernanza territorial preventiva entre Estado, empresas y comunidades.
Fuente: RPP
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Expertos piden estabilidad en Sedapal antes de una nueva reestructuración tras las inundaciones por lluvias
El anuncio de la presidenta Keiko Fujimori llega tras las inundaciones que dejaron a más de 380 vecinos de Villa El Salvador con aguas servidas dentro de sus casas, en un sistema de alcantarillado que hoy pone en alerta a 1.7 millones de personas en cuatro distritos de Lima Sur.
Las lluvias generadas por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) «Aníbal» colapsaron el sistema de alcantarillado en distritos de Lima Sur como Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores y Chorrillos, que en conjunto agrupan a cerca de 1.7 millones de habitantes, casi el 20% de la población de Lima Metropolitana. Solo en Villa El Salvador, la municipalidad reportó que 10 buzones colapsaron en pocas horas, afectando a 386 vecinos con el ingreso de aguas servidas a sus viviendas, mientras el municipio denunció que Sedapal no envió los equipos hidrojet prometidos.
Ante la emergencia, la presidenta Keiko Fujimori anunció el inicio de una reestructuración de la empresa estatal de agua, que en su plan de Gobierno no contemplaba medidas concretas sobre el tema. Para Francisco Dumler, expresidente de Sedapal y extitular del Ministerio de Vivienda, el primer problema a resolver es la alta rotación en la presidencia de la empresa, ya que desde que él dejó el cargo en 2022, Sedapal ha tenido seis gestiones, con un promedio de menos de nueve meses cada una. El especialista fue enfático: «Lo peor que puede pasar es que se paren proyectos con cada cambio de gestión». Por ello, planteó que la estrategia debe apuntar a un planeamiento de 10 años.
Flavio Ausejo, especialista en políticas públicas de la PUCP, coincidió en que una reorganización por sí sola no basta si antes no se determina qué falló y recordó que Sedapal solo administra agua potable y alcantarillado, mientras Lima enfrenta un problema más amplio de drenaje urbano que involucra a otras entidades del Estado. Para el especialista, «la gestión del riesgo es una responsabilidad del Estado, no solamente del funcionario que hoy ocupa el cargo».
Fuente: Gestión
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