El fiscal superior Andrés Montoya Mendoza ratificó la operatividad de las 54 carpetas fiscales relacionadas con los fallecidos y heridos durante las protestas de 2022 y 2023, garantizando que las investigaciones no se detendrán. Durante una reunión con deudos de regiones como Puno, Ayacucho y Apurímac, el Ministerio Público explicó que la reciente creación de una Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada busca optimizar el avance de los procesos sin alterar las competencias ni cambiar a los fiscales a cargo.

El coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Derechos Humanos y contra el Terrorismo sostuvo un encuentro directo con Raúl Samillán, líder de la «Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero», para despejar dudas sobre la continuidad de los casos.

Montoya enfatizó que la institución mantiene una política de puertas abiertas y que los cambios administrativos recientes están diseñados para sostener el ritmo de trabajo en los nuevos despachos, asegurando la búsqueda de la verdad y la justicia para los agraviados.

La nueva estructura organizativa del subsistema conserva las competencias a nivel nacional, permitiendo que los mismos fiscales continúen al frente de sus respectivas investigaciones. Este esquema técnico tiene como objetivo principal brindar mayor soporte logístico a los 54 expedientes actuales, evitando retrasos por trámites burocráticos y garantizando que las diligencias en las zonas de conflicto sigan su curso bajo estándares internacionales de derechos humanos.

Como parte de los acuerdos alcanzados, se programó una reunión virtual próximamente para profundizar en los avances técnicos de cada caso y absolver las inquietudes legales de los familiares. Con estas medidas, el Ministerio Público reafirma que la protección de los derechos fundamentales de las víctimas es una prioridad estratégica, manteniendo el compromiso de sancionar a los responsables de la violencia ocurrida durante la crisis social.

El Primer Juzgado Especializado en Extinción de Dominio dispuso el levantamiento del secreto bancario, la reserva tributaria y bursátil de nueve personas vinculadas al entorno del fallecido exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio. La medida judicial alcanza al congresista y candidato presidencial por Podemos Perú, José Luna Gálvez, quien además es accionista de la Universidad Privada Telesup.

La resolución fue emitida por la jueza María del Rosario Portocarrero Arangoitia como parte de una investigación orientada a determinar el presunto origen ilícito del patrimonio de personas cercanas a Castañeda Lossio. El exburgomaestre es investigado por supuestamente haber recibido aportes irregulares para financiar su campaña municipal del año 2014.

Esta decisión permite a las autoridades acceder a información financiera clave con el objetivo de reconstruir el flujo de dinero y establecer si existieron operaciones que no puedan ser justificadas desde el punto de vista económico.

Hipótesis fiscal apunta a Luna como presunto financista

De acuerdo con la Fiscalía, José Luna Gálvez habría desempeñado un rol determinante dentro de la estructura política de Solidaridad Nacional, partido con el que Castañeda alcanzó la alcaldía. El actual parlamentario fue secretario general de dicha agrupación y jefe de campaña del exalcalde, además de ser identificado como socio fundador y accionista de la Universidad Telesup S.A.C.

La tesis fiscal sostiene que Luna habría sido el “principal financista” de las campañas municipales del partido, lo que convierte sus movimientos financieros en un punto central de la investigación.

El fallo judicial pone especial atención en las relaciones económicas entre las empresas vinculadas al congresista y el exalcalde, considerando que dichas operaciones podrían evidenciar un circuito de financiamiento irregular.

Operaciones detectadas por la UIF

Uno de los elementos más relevantes del caso proviene de los reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que detectó movimientos considerados inusuales entre los años 2011 y 2016.

Según la investigación, Luis Castañeda Lossio habría cobrado al menos seis cheques de gerencia emitidos por la Universidad Telesup por un monto total de 256,600 soles. Estas transacciones fueron calificadas como “operaciones sospechosas”, debido a que no guardarían relación con una actividad económica conocida ni tendrían un sustento financiero evidente.

El análisis de estos documentos busca determinar si los pagos correspondían a servicios reales o si, por el contrario, formaban parte de un mecanismo para transferir recursos de origen cuestionado.

Vínculos con constructoras brasileñas

La investigación también examina la posible conexión entre el manejo financiero de Luna Gálvez y el presunto ingreso de dinero ilícito proveniente de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS, empresas involucradas en múltiples escándalos de corrupción en América Latina.

La Fiscalía sospecha que, en su condición de jefe de campaña, el congresista habría gestionado o recibido fondos irregulares durante el proceso electoral de 2014.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, los aportes no declarados ascenderían a 200 mil dólares por parte de Odebrecht y 480 mil dólares provenientes de OAS, montos que habrían sido destinados a fortalecer la candidatura de Solidaridad Nacional sin ser reportados a las autoridades electorales.

El proceso de extinción de dominio es un mecanismo legal que permite al Estado recuperar bienes vinculados a actividades ilícitas, incluso sin necesidad de una sentencia penal firme. En este contexto, el levantamiento del secreto financiero constituye una herramienta fundamental para rastrear el origen de los activos.

Especialistas señalan que este tipo de medidas no implica culpabilidad, pero sí representa un avance significativo en la recopilación de evidencia para esclarecer presuntos delitos de corrupción y lavado de activos.

El caso adquiere especial relevancia debido al peso político de los investigados y al impacto que podría tener en el escenario electoral, considerando que José Luna Gálvez figura como candidato presidencial.

Por ahora, las autoridades continuarán analizando la documentación financiera para determinar si los fondos investigados tienen un origen legal o si forman parte de una red de financiamiento ilícito que habría beneficiado campañas políticas en Lima.