Política
José Luna Gálvez: PJ decide levantar secretario bancario del líder de Podemos Perú por nexos con red de Luis Castañeda
El Primer Juzgado Especializado en Extinción de Dominio dispuso el levantamiento del secreto bancario, la reserva tributaria y bursátil de nueve personas vinculadas al entorno del fallecido exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio. La medida judicial alcanza al congresista y candidato presidencial por Podemos Perú, José Luna Gálvez, quien además es accionista de la Universidad Privada Telesup.
La resolución fue emitida por la jueza María del Rosario Portocarrero Arangoitia como parte de una investigación orientada a determinar el presunto origen ilícito del patrimonio de personas cercanas a Castañeda Lossio. El exburgomaestre es investigado por supuestamente haber recibido aportes irregulares para financiar su campaña municipal del año 2014.
Esta decisión permite a las autoridades acceder a información financiera clave con el objetivo de reconstruir el flujo de dinero y establecer si existieron operaciones que no puedan ser justificadas desde el punto de vista económico.
Hipótesis fiscal apunta a Luna como presunto financista
De acuerdo con la Fiscalía, José Luna Gálvez habría desempeñado un rol determinante dentro de la estructura política de Solidaridad Nacional, partido con el que Castañeda alcanzó la alcaldía. El actual parlamentario fue secretario general de dicha agrupación y jefe de campaña del exalcalde, además de ser identificado como socio fundador y accionista de la Universidad Telesup S.A.C.
La tesis fiscal sostiene que Luna habría sido el “principal financista” de las campañas municipales del partido, lo que convierte sus movimientos financieros en un punto central de la investigación.
El fallo judicial pone especial atención en las relaciones económicas entre las empresas vinculadas al congresista y el exalcalde, considerando que dichas operaciones podrían evidenciar un circuito de financiamiento irregular.
Operaciones detectadas por la UIF
Uno de los elementos más relevantes del caso proviene de los reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que detectó movimientos considerados inusuales entre los años 2011 y 2016.
Según la investigación, Luis Castañeda Lossio habría cobrado al menos seis cheques de gerencia emitidos por la Universidad Telesup por un monto total de 256,600 soles. Estas transacciones fueron calificadas como “operaciones sospechosas”, debido a que no guardarían relación con una actividad económica conocida ni tendrían un sustento financiero evidente.
El análisis de estos documentos busca determinar si los pagos correspondían a servicios reales o si, por el contrario, formaban parte de un mecanismo para transferir recursos de origen cuestionado.
Vínculos con constructoras brasileñas
La investigación también examina la posible conexión entre el manejo financiero de Luna Gálvez y el presunto ingreso de dinero ilícito proveniente de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS, empresas involucradas en múltiples escándalos de corrupción en América Latina.
La Fiscalía sospecha que, en su condición de jefe de campaña, el congresista habría gestionado o recibido fondos irregulares durante el proceso electoral de 2014.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, los aportes no declarados ascenderían a 200 mil dólares por parte de Odebrecht y 480 mil dólares provenientes de OAS, montos que habrían sido destinados a fortalecer la candidatura de Solidaridad Nacional sin ser reportados a las autoridades electorales.
El proceso de extinción de dominio es un mecanismo legal que permite al Estado recuperar bienes vinculados a actividades ilícitas, incluso sin necesidad de una sentencia penal firme. En este contexto, el levantamiento del secreto financiero constituye una herramienta fundamental para rastrear el origen de los activos.
Especialistas señalan que este tipo de medidas no implica culpabilidad, pero sí representa un avance significativo en la recopilación de evidencia para esclarecer presuntos delitos de corrupción y lavado de activos.
El caso adquiere especial relevancia debido al peso político de los investigados y al impacto que podría tener en el escenario electoral, considerando que José Luna Gálvez figura como candidato presidencial.
Por ahora, las autoridades continuarán analizando la documentación financiera para determinar si los fondos investigados tienen un origen legal o si forman parte de una red de financiamiento ilícito que habría beneficiado campañas políticas en Lima.
Política
Juntos por el Perú presentará segunda denuncia contra Renzo Reggiardo por vulnerar la neutralidad electoral
El partido Juntos por el Perú anunció la presentación de una segunda denuncia formal contra el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, por presunta vulneración del principio de neutralidad electoral en el marco de las elecciones generales 2026.
La acción legal será presentada ante el Jurado Electoral Especial de Lima Centro, órgano encargado de evaluar este tipo de controversias en primera instancia. Según informó el vocero legal del partido, Roy Mendoza, la denuncia responde a recientes declaraciones públicas del burgomaestre en las que solicitó al Jurado Nacional de Elecciones reconsiderar la posibilidad de convocar elecciones complementarias.
Cuestionamientos por presunta parcialidad política
Desde la agrupación liderada por Roberto Sánchez sostienen que las declaraciones del alcalde no son neutrales, sino que evidenciarían una toma de posición política en favor de Renovación Popular, organización a la que pertenece Reggiardo.
“Consideramos que el alcalde de Lima está adoptando posiciones a favor de una organización política a la cual él es afiliado”, señaló Mendoza, al confirmar que el recurso será formalizado en las próximas horas.
El principio de neutralidad electoral es una de las bases del sistema democrático peruano, especialmente para funcionarios públicos en ejercicio, quienes deben abstenerse de influir directa o indirectamente en el proceso electoral o favorecer a determinadas candidaturas.
El origen de la controversia
El conflicto se origina tras las declaraciones del alcalde capitalino, quien pidió públicamente revisar la posibilidad de realizar elecciones complementarias, argumentando que miles de ciudadanos no pudieron ejercer su derecho al voto debido a fallas logísticas registradas durante la jornada electoral.
Estas afirmaciones fueron interpretadas por Juntos por el Perú como un intento de incidir en el proceso electoral en curso, lo que —según el partido— podría alterar la equidad de la contienda.
No es la primera vez que la agrupación presenta un recurso de este tipo contra Reggiardo, lo que evidencia una escalada en la confrontación política en medio del conteo y revisión de los resultados electorales.
Defensa del alcalde de Lima
Por su parte, Renzo Reggiardo rechazó categóricamente las acusaciones. En declaraciones a medios de comunicación, aseguró que su postura responde exclusivamente a la defensa de los derechos ciudadanos y no a intereses partidarios.
El alcalde sostuvo que su solicitud ante el JNE busca garantizar que todos los electores tengan la oportunidad de participar en el proceso democrático, especialmente aquellos que se vieron afectados por problemas logísticos.
“No se trata de favorecer a ningún partido, sino de proteger el derecho constitucional al voto”, enfatizó.
Política
Abogado de López Aliaga pide salida del presidente del JNE y asegura que 1.5 millones de personas no votaron
El proceso electoral 2026 en Perú continúa bajo cuestionamientos. El abogado Wilber Medina, representante legal del candidato presidencial Rafael López Aliaga, afirmó que al menos 1.5 millones de ciudadanos en Lima Metropolitana no pudieron ejercer su derecho al voto debido a problemas logísticos registrados durante la jornada electoral del pasado 12 de abril.
En declaraciones a RPP, el letrado sostuvo que el retraso en la distribución del material electoral afectó significativamente la instalación oportuna de mesas de sufragio, especialmente en distritos del sur de la capital como San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac.
Fallas logísticas y mesas tardías
Según explicó Medina, las demoras provocaron que varias mesas no se habilitaran en el horario previsto, lo que generó desorden y desincentivó la participación ciudadana.
“En Lima se ha perjudicado a un millón y medio de personas a ejercer su voto, porque las mesas no se instalaron en el tiempo oportuno”, señaló.
El abogado indicó que, debido a estos inconvenientes, se tuvo que extender la jornada electoral hasta el lunes 13 de abril en 13 locales de votación ubicados en Lima Sur, una medida excepcional adoptada para permitir que más ciudadanos pudieran sufragar.
No obstante, afirmó que el daño ya estaba hecho, ya que gran parte de la población suele acudir a votar durante las primeras horas del día, por lo que las demoras habrían generado un ausentismo significativo.
Críticas a autoridades electorales
En ese contexto, Medina cuestionó duramente la gestión del exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corvetto, a quien responsabilizó por las fallas operativas que afectaron el desarrollo normal del proceso.
Asimismo, dirigió críticas al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, señalando que, en su calidad de máxima autoridad electoral, también tendría responsabilidad en los problemas registrados.
“El señor no ofrece las garantías para continuar lo que queda en este proceso”, afirmó Medina, sugiriendo incluso que Burneo debería dar un paso al costado.
El abogado argumentó que, según el marco constitucional, el titular del JNE es el principal responsable de asegurar que las elecciones se desarrollen con normalidad, sin contratiempos ni irregularidades.
Insistencia en narrativa de fraude
Bajo este escenario, el representante legal de López Aliaga insistió en la posibilidad de que las deficiencias logísticas puedan haber afectado el resultado electoral, reforzando la narrativa de un supuesto fraude.
“Las elecciones se pueden ganar por un voto. Basta que se restrinja el derecho de algunas personas para que no voten y eso puede cambiar el resultado”, sostuvo.
Estas declaraciones se producen en un contexto de alta tensión política, donde diversos actores han cuestionado el proceso electoral, mientras avanza el conteo oficial de votos.
El escenario es particularmente sensible debido a que Rafael López Aliaga se encuentra disputando el pase a la segunda vuelta presidencial con Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú.
En ese marco, cualquier irregularidad o cuestionamiento adquiere mayor relevancia, ya que podría incidir en la definición final de los candidatos que participarán en el balotaje.
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