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Presidenta del Poder Judicial responde a la JNJ y defiende la independencia de los jueces

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Presidenta del Poder Judicial responde a la JNJ y defiende la independencia de los jueces



Un día después de que la Junta Nacional de Justicia le otorgara un plazo para responder por una presunta omisión en su declaración jurada, Janet Tello afirmó que la judicatura no cede ante presiones ni imputaciones infundadas.

La presidenta del Poder Judicial del Perú, Janet Tello Gilardi, aseguró que la judicatura actúa con imparcialidad y bajo la Constitución, durante un discurso público pronunciado en Lima, en medio de un procedimiento administrativo iniciado por la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Defensa institucional en un contexto de cuestionamientos

Las declaraciones de Tello Gilardi se produjeron durante la inauguración de la Reunión Anual 2026 de Presidentas y Presidentes de las Cortes Supremas, realizada en Lima. En su intervención, la magistrada sostuvo que la justicia se administra sin condicionamientos políticos y remarcó que los jueces no deben retroceder ante amenazas, imputaciones infundadas o agresiones.

La titular del Poder Judicial señaló que el liderazgo institucional exige firmeza, especialmente cuando la independencia de poderes enfrenta presiones externas. Según indicó, los ataques a la integridad de magistrados buscan debilitar la legitimidad de las decisiones judiciales.

Proceso administrativo en la JNJ

El pronunciamiento público ocurrió un día después de que se conociera que la JNJ otorgó a Tello Gilardi un plazo de cinco días hábiles para presentar sus descargos por una presunta omisión en su declaración jurada de intereses correspondiente al periodo 2021-2025.

El procedimiento responde a una denuncia presentada por Gino Román Torres, director ejecutivo del Centro de Protección del Ciudadano “Equidad”. En el documento se señala que la magistrada no habría consignado a Daniela Moreno Tello como su sobrina, lo que, según el denunciante, configuraría una presunta omisión dolosa.

Argumentos de la denuncia

La denuncia sostiene que Daniela Moreno Tello habría realizado más de 17 viajes internacionales, situación que —según el denunciante— resultaría incompatible con la ausencia de actividad pública registrada. A partir de ello, se plantea la presunta comisión de falsedad ideológica y omisión de información en documentos oficiales.

Hasta el momento, la presidenta del Poder Judicial no ha emitido un pronunciamiento específico sobre el fondo de la denuncia, más allá de reafirmar su compromiso con la transparencia y el respeto a los procedimientos constitucionales.

Balance de gestión y retos institucionales

Durante su discurso, Tello Gilardi informó que en 2025 el Poder Judicial alcanzó un 93 % de cumplimiento de sus metas institucionales. Entre los avances mencionó la consolidación de las unidades de flagrancia y la ampliación del Expediente Judicial Electrónico a nivel nacional.

No obstante, advirtió que el año 2026 representará un periodo decisivo para el sistema de justicia, debido a las restricciones presupuestarias, el incremento de la criminalidad y las crecientes demandas sociales en materia de acceso a la justicia.

Transparencia, integridad y contexto político

La magistrada destacó que el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia y del modelo de integridad institucional constituye un eje central de su gestión. Según afirmó, estos elementos son necesarios para proteger al Poder Judicial de los efectos de la polarización política.

En ese sentido, subrayó que el acceso a la justicia debe mantenerse como una prioridad del Estado constitucional de derecho y como uno de los pilares de la democracia.

Perfil del denunciante

De acuerdo con una investigación publicada por IDL-Reporteros, Gino Román Torres mantiene vínculos con el entorno político de Vladimir Cerrón. El reportaje señala que en 2023 recibió un pago de 10 mil soles de una organización política vinculada al exgobernador de Junín por servicios de capacitación.

Posteriormente, Román Torres se incorporó al Congreso de la República como personal técnico en el despacho de la congresista María Agüero, de Perú Libre, según el mismo informe periodístico.

Panorama

El procedimiento administrativo abierto en la JNJ se encuentra en etapa preliminar y contempla el derecho de defensa de la presidenta del Poder Judicial. Mientras tanto, Janet Tello Gilardi ha reiterado públicamente que su gestión continuará actuando conforme a la Constitución y a los principios de independencia judicial, en un contexto marcado por tensiones institucionales y escrutinio público.



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Juntos por el Perú presentará segunda denuncia contra Renzo Reggiardo por vulnerar la neutralidad electoral

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Juntos por el Perú presentará segunda denuncia contra Renzo Reggiardo por vulnerar la neutralidad electoral


El partido Juntos por el Perú anunció la presentación de una segunda denuncia formal contra el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, por presunta vulneración del principio de neutralidad electoral en el marco de las elecciones generales 2026.

La acción legal será presentada ante el Jurado Electoral Especial de Lima Centro, órgano encargado de evaluar este tipo de controversias en primera instancia. Según informó el vocero legal del partido, Roy Mendoza, la denuncia responde a recientes declaraciones públicas del burgomaestre en las que solicitó al Jurado Nacional de Elecciones reconsiderar la posibilidad de convocar elecciones complementarias.

Cuestionamientos por presunta parcialidad política

Desde la agrupación liderada por Roberto Sánchez sostienen que las declaraciones del alcalde no son neutrales, sino que evidenciarían una toma de posición política en favor de Renovación Popular, organización a la que pertenece Reggiardo.

“Consideramos que el alcalde de Lima está adoptando posiciones a favor de una organización política a la cual él es afiliado”, señaló Mendoza, al confirmar que el recurso será formalizado en las próximas horas.

El principio de neutralidad electoral es una de las bases del sistema democrático peruano, especialmente para funcionarios públicos en ejercicio, quienes deben abstenerse de influir directa o indirectamente en el proceso electoral o favorecer a determinadas candidaturas.

El origen de la controversia

El conflicto se origina tras las declaraciones del alcalde capitalino, quien pidió públicamente revisar la posibilidad de realizar elecciones complementarias, argumentando que miles de ciudadanos no pudieron ejercer su derecho al voto debido a fallas logísticas registradas durante la jornada electoral.

Estas afirmaciones fueron interpretadas por Juntos por el Perú como un intento de incidir en el proceso electoral en curso, lo que —según el partido— podría alterar la equidad de la contienda.

No es la primera vez que la agrupación presenta un recurso de este tipo contra Reggiardo, lo que evidencia una escalada en la confrontación política en medio del conteo y revisión de los resultados electorales.

Defensa del alcalde de Lima

Por su parte, Renzo Reggiardo rechazó categóricamente las acusaciones. En declaraciones a medios de comunicación, aseguró que su postura responde exclusivamente a la defensa de los derechos ciudadanos y no a intereses partidarios.

El alcalde sostuvo que su solicitud ante el JNE busca garantizar que todos los electores tengan la oportunidad de participar en el proceso democrático, especialmente aquellos que se vieron afectados por problemas logísticos.

“No se trata de favorecer a ningún partido, sino de proteger el derecho constitucional al voto”, enfatizó.



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Abogado de López Aliaga pide salida del presidente del JNE y asegura que 1.5 millones de personas no votaron

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Abogado de López Aliaga pide salida del presidente del JNE y asegura que 1.5 millones de personas no votaron


El proceso electoral 2026 en Perú continúa bajo cuestionamientos. El abogado Wilber Medina, representante legal del candidato presidencial Rafael López Aliaga, afirmó que al menos 1.5 millones de ciudadanos en Lima Metropolitana no pudieron ejercer su derecho al voto debido a problemas logísticos registrados durante la jornada electoral del pasado 12 de abril.

En declaraciones a RPP, el letrado sostuvo que el retraso en la distribución del material electoral afectó significativamente la instalación oportuna de mesas de sufragio, especialmente en distritos del sur de la capital como San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac.

Fallas logísticas y mesas tardías

Según explicó Medina, las demoras provocaron que varias mesas no se habilitaran en el horario previsto, lo que generó desorden y desincentivó la participación ciudadana.

“En Lima se ha perjudicado a un millón y medio de personas a ejercer su voto, porque las mesas no se instalaron en el tiempo oportuno”, señaló.

El abogado indicó que, debido a estos inconvenientes, se tuvo que extender la jornada electoral hasta el lunes 13 de abril en 13 locales de votación ubicados en Lima Sur, una medida excepcional adoptada para permitir que más ciudadanos pudieran sufragar.

No obstante, afirmó que el daño ya estaba hecho, ya que gran parte de la población suele acudir a votar durante las primeras horas del día, por lo que las demoras habrían generado un ausentismo significativo.

Críticas a autoridades electorales

En ese contexto, Medina cuestionó duramente la gestión del exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corvetto, a quien responsabilizó por las fallas operativas que afectaron el desarrollo normal del proceso.

Asimismo, dirigió críticas al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, señalando que, en su calidad de máxima autoridad electoral, también tendría responsabilidad en los problemas registrados.

“El señor no ofrece las garantías para continuar lo que queda en este proceso”, afirmó Medina, sugiriendo incluso que Burneo debería dar un paso al costado.

El abogado argumentó que, según el marco constitucional, el titular del JNE es el principal responsable de asegurar que las elecciones se desarrollen con normalidad, sin contratiempos ni irregularidades.

Insistencia en narrativa de fraude

Bajo este escenario, el representante legal de López Aliaga insistió en la posibilidad de que las deficiencias logísticas puedan haber afectado el resultado electoral, reforzando la narrativa de un supuesto fraude.

“Las elecciones se pueden ganar por un voto. Basta que se restrinja el derecho de algunas personas para que no voten y eso puede cambiar el resultado”, sostuvo.

Estas declaraciones se producen en un contexto de alta tensión política, donde diversos actores han cuestionado el proceso electoral, mientras avanza el conteo oficial de votos.

El escenario es particularmente sensible debido a que Rafael López Aliaga se encuentra disputando el pase a la segunda vuelta presidencial con Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú.

En ese marco, cualquier irregularidad o cuestionamiento adquiere mayor relevancia, ya que podría incidir en la definición final de los candidatos que participarán en el balotaje.



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