Un día después de que la Junta Nacional de Justicia le otorgara un plazo para responder por una presunta omisión en su declaración jurada, Janet Tello afirmó que la judicatura no cede ante presiones ni imputaciones infundadas.

La presidenta del Poder Judicial del Perú, Janet Tello Gilardi, aseguró que la judicatura actúa con imparcialidad y bajo la Constitución, durante un discurso público pronunciado en Lima, en medio de un procedimiento administrativo iniciado por la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Defensa institucional en un contexto de cuestionamientos

Las declaraciones de Tello Gilardi se produjeron durante la inauguración de la Reunión Anual 2026 de Presidentas y Presidentes de las Cortes Supremas, realizada en Lima. En su intervención, la magistrada sostuvo que la justicia se administra sin condicionamientos políticos y remarcó que los jueces no deben retroceder ante amenazas, imputaciones infundadas o agresiones.

La titular del Poder Judicial señaló que el liderazgo institucional exige firmeza, especialmente cuando la independencia de poderes enfrenta presiones externas. Según indicó, los ataques a la integridad de magistrados buscan debilitar la legitimidad de las decisiones judiciales.

Proceso administrativo en la JNJ

El pronunciamiento público ocurrió un día después de que se conociera que la JNJ otorgó a Tello Gilardi un plazo de cinco días hábiles para presentar sus descargos por una presunta omisión en su declaración jurada de intereses correspondiente al periodo 2021-2025.

El procedimiento responde a una denuncia presentada por Gino Román Torres, director ejecutivo del Centro de Protección del Ciudadano “Equidad”. En el documento se señala que la magistrada no habría consignado a Daniela Moreno Tello como su sobrina, lo que, según el denunciante, configuraría una presunta omisión dolosa.

Argumentos de la denuncia

La denuncia sostiene que Daniela Moreno Tello habría realizado más de 17 viajes internacionales, situación que —según el denunciante— resultaría incompatible con la ausencia de actividad pública registrada. A partir de ello, se plantea la presunta comisión de falsedad ideológica y omisión de información en documentos oficiales.

Hasta el momento, la presidenta del Poder Judicial no ha emitido un pronunciamiento específico sobre el fondo de la denuncia, más allá de reafirmar su compromiso con la transparencia y el respeto a los procedimientos constitucionales.

Balance de gestión y retos institucionales

Durante su discurso, Tello Gilardi informó que en 2025 el Poder Judicial alcanzó un 93 % de cumplimiento de sus metas institucionales. Entre los avances mencionó la consolidación de las unidades de flagrancia y la ampliación del Expediente Judicial Electrónico a nivel nacional.

No obstante, advirtió que el año 2026 representará un periodo decisivo para el sistema de justicia, debido a las restricciones presupuestarias, el incremento de la criminalidad y las crecientes demandas sociales en materia de acceso a la justicia.

Transparencia, integridad y contexto político

La magistrada destacó que el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia y del modelo de integridad institucional constituye un eje central de su gestión. Según afirmó, estos elementos son necesarios para proteger al Poder Judicial de los efectos de la polarización política.

En ese sentido, subrayó que el acceso a la justicia debe mantenerse como una prioridad del Estado constitucional de derecho y como uno de los pilares de la democracia.

Perfil del denunciante

De acuerdo con una investigación publicada por IDL-Reporteros, Gino Román Torres mantiene vínculos con el entorno político de Vladimir Cerrón. El reportaje señala que en 2023 recibió un pago de 10 mil soles de una organización política vinculada al exgobernador de Junín por servicios de capacitación.

Posteriormente, Román Torres se incorporó al Congreso de la República como personal técnico en el despacho de la congresista María Agüero, de Perú Libre, según el mismo informe periodístico.

Panorama

El procedimiento administrativo abierto en la JNJ se encuentra en etapa preliminar y contempla el derecho de defensa de la presidenta del Poder Judicial. Mientras tanto, Janet Tello Gilardi ha reiterado públicamente que su gestión continuará actuando conforme a la Constitución y a los principios de independencia judicial, en un contexto marcado por tensiones institucionales y escrutinio público.