La Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, emitió una orden de detención contra el presidente ruso, Vladimir Putin, por la deportación de niños en zonas de Ucrania ocupadas por Rusia. La medida también incluye a Maria Alekseyevna Lvova-Belova, comisaria presidencial para los Derechos de la Infancia en Rusia.

Según el tribunal, Putin es “presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población (niños) y del traslado ilegal de población (niños) de las áreas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa”.

En un comunicado agrega que “los crímenes supuestamente se cometieron en el territorio ocupado de Ucrania al menos desde el 24 de febrero de 2022. Hay motivos razonables para creer que el señor Putin tiene responsabilidad penal individual por los crímenes antes mencionados, (i) por haber cometido los actos directamente, junto con otros y/o a través de otros… y (ii) por no ejercer un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos, o permitieron su comisión, y que estaban bajo su autoridad y control efectivos”.

Al respecto, el jefe de la administración presidencial ucraniana, Andrii Yermak, afirmó en Telegram que la orden de captura de Putin es “solo el inicio” para hacer justicia. Por su parte, la fiscalía de Ucrania, que enfrenta desde febrero de 2022 una invasión rusa, también elogió una “decisión histórica”.

Sin embargo, CPI no precisó cómo pretende ejecutar las órdenes de arresto, tanto más cuanto que Rusia no es miembro de la CPI. “Las decisiones de la CPI son carentes de sentido para nuestro país, incluso desde un punto de vista jurídico”, escribió en Telegram la portavoz de la diplomacia rusa, Maria Zajarova.