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DURO GOLPE A LA JUSTICIA –
El Congreso ha dado un preocupante golpe al sistema de justicia con la aprobación de una ley que reduce las competencias del Ministerio Público en favor de la Policía Nacional. Esta medida, defendida por sectores políticos como el fujicerronismo y sus aliados, plantea que la Policía asuma la investigación preliminar de delitos, un rol que constitucionalmente le corresponde al Ministerio Público. Este cambio, aunque presentado como una forma de agilizar las investigaciones, ha generado serios cuestionamientos y alarma sobre su legalidad y las consecuencias que podría traer para el Estado de derecho en el país.
Las voces críticas, tanto dentro como fuera del Congreso, no se han hecho esperar. Legisladores como Gladys Echaiz, ex fiscal de la Nación, han señalado que esta norma vulnera la Constitución al alterar el equilibrio de poderes y asignar funciones inapropiadas a la Policía. Echaiz recordó que la Policía está bajo el control del Ejecutivo, lo que podría abrir la puerta a un Estado policiaco, debilitando la independencia del sistema de justicia y poniendo en riesgo la protección de los derechos fundamentales.
Además, se ha destacado que esta ley podría ser utilizada como una herramienta de persecución política. Legisladores como Jaime Quito advirtieron que, lejos de combatir la delincuencia, esta norma podría facilitar la criminalización de las protestas sociales y la represión de los movimientos populares. Esta perspectiva incrementa los temores sobre un posible uso arbitrario de la fuerza policial contra la ciudadanía, en un contexto político cada vez más polarizado.
En conclusión, la ley aprobada por el Congreso representa un serio retroceso para el sistema de justicia del país. El debate sobre su constitucionalidad y las consecuencias para los derechos y libertades fundamentales sigue abierto. Es esencial que se tomen las medidas necesarias para corregir este curso, respetando la Constitución y garantizando que los cambios en la estructura judicial no socaven la democracia ni los derechos ciudadanos.
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Reorganizar Petroperú costará menos que seguir cubriendo pérdidas millonarias, sostiene Videnza
Luis Miguel Castilla señala que la falta de decisiones oportunas ha generado una sangría fiscal que hoy obliga a una reestructuración para proteger los recursos públicos.
La situación financiera de Petroperú continúa deteriorándose, arrastrada por el sobrecosto de la refinería de Talara y por una gestión marcada por gastos laborales desalineados, deficiencias operativas y una débil gobernanza corporativa. Para Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y director de Videnza Instituto, la expectativa de que los ingresos de la nueva refinería compensarían los elevados egresos nunca se materializó. “La apuesta era que los ingresos generados por la refinería iban a cubrir los egresos operativos, y eso no se ha dado”, advierte.
Castilla sostiene que la reorganización de la empresa estatal ya no es una opción, sino una necesidad impostergable. A su juicio, la crisis actual es consecuencia de años de postergación de decisiones políticas, durante los cuales se optó por inyecciones de liquidez y garantías estatales en lugar de una reforma estructural. “Lamentablemente, la práctica de muchos gobiernos y gestiones ha sido patear el problema para el siguiente y no asumir la responsabilidad”, señala el director de Videnza Instituto. También subraya que el costo de la reorganización es significativamente menor frente a los recursos que Petroperú ha demandado al Estado en los últimos años. Solo en beneficios laborales la empresa destinó cerca de S/280 millones en bonificaciones y tratamientos preferenciales.
Finalmente, Castilla aclara que el proceso a cargo de ProInversión no implica una privatización, sino la evaluación de alternativas para ordenar la empresa, aislar activos valiosos, reducir riesgos y abrir espacio a capital privado bajo un esquema de mayor eficiencia, manteniendo la propiedad estatal. “Me parece que ProInversión es la adecuada y tiene experiencia en la materia”, sostiene, y remarca que cualquier decisión debe estar protegida del uso político y guiada por criterios de responsabilidad fiscal y transparencia.
Fuente: Exitosa Noticias
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Iniciarán restauración de la catedral de Chiclayo con inversión de S/ 2.4 millones
Los trabajos de mantenimiento comenzarán el 17 de enero como parte de la ruta turística Caminos del Papa León XIV y sin suspender el acceso de fieles.
La Iglesia Santa María Catedral de Chiclayo será sometida a un proceso de restauración y mantenimiento integral a partir del 17 de enero. El proyecto, que demanda una inversión de 2.4 millones de soles, contempla el pintado de la infraestructura, el cambio del 20 % del piso interno y mejoras en el enrejado perimetral. Según el gerente regional de Comercio Exterior y Turismo, Félix Mío Sánchez, esta intervención se realiza en el marco de los preparativos ante la posible llegada del Papa León XIV a la región Lambayeque, evento que potenciaría el circuito de turismo religioso en el norte peruano.
La ejecución de la obra tendrá una duración de tres meses y se ha diseñado una estrategia para evitar el cierre del recinto religioso durante las labores. Al respecto, Mío Sánchez explicó que “se ha diseñado un plan de contingencia que permitirá el acceso permanente de fieles y turistas”, asegurando que las actividades litúrgicas y las visitas no se vean interrumpidas. El inicio simbólico de los trabajos contará con la presencia del gobernador regional Jorge Pérez Flores y el obispo de Chiclayo, quienes darán marcha a esta puesta en valor del patrimonio cultural lambayecano.
Estas obras forman parte de un plan de inversión más amplio que incluye la recuperación de vías en el centro histórico de Chiclayo y la restauración de capillas históricas en Zaña. Con estas acciones, Lambayeque busca consolidar su liderazgo en el turismo receptivo, tras haber recibido a más de un millón de visitantes durante el año 2025. Las autoridades proyectan que el impulso a la infraestructura religiosa y cultural no solo preservará el legado histórico de la región, sino que también generará un impacto económico positivo mediante la creación de empleos y el dinamismo del sector servicios.
Fuente: Perú 21
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