◗      Las regiones tienen toda la razón de protestar por el abandono del ministerio de

Desarrollo Agrario.

◗      “Única salida es inmediata renuncia de la ministra Nelly Paredes” afirman

gremios y especialistas.

LLUVIAS, SEQUÍAS, HELADAS, FALTA DE UREA, PRECIOS EN EL PISO, CRISIS DE PRODUCCIÓN Y NO SE HACE NADA

“EL AÑO 2023 VAA SER EL PEOR, en mucho tiempo, para la agricultura peruana” no se cansan de repetir especialistas. El único que no ve venir la crisis alimentaria es el ministerio de Desarrollo Agrario. Rural anunció el cese de una cuarta adjudicación de Desarrollo Agrario en solo 16 meses de gobierno, o sea en promedio cada ministro duró dos meses y unos días, tiempo insuficiente para enterarse de la situación del sector. Conocimiento que era necesario, pues se había producido una disminución de más de 20 mil hectáreas sembradas en la campaña agrícola de agosto 2021 a marzo 2022. Hoy, el país se encuentra cosechando ese desastre.

Pero los errores no solo los del pasado, sino también del actual gobierno quien designó como ministra, a doña Nelly Paredes, quien ha demostrado que carece de las dotes necesarias para dirigir el sector y para dialogar con las organizaciones agrarias.

SIETE PLAGAS

Según el Instituto Peruano de Economía, el sector agrícola registró fuerte incremento en los costos de fertilizantes y agroquímicos.El análisis por tipos de cultivo revela que la caída fue  en explicada principal- mente por los menores rendimientos en productos orientados al mercado interno, que contribuyeron con alrededor del 90% de la contracción del sector en abril y acumulan un retroceso del 13.5% en los primeros cuatro meses del 2023. Por ejemplo, la producción de papa – el segundo cultivo más relevante en el rubro agrícola después del arroz- se redujo 35% en abril, equivalente a 420 mil toneladas menos de cosecha respecto al 2022.

La economista Angie Higuchi, de la Universidad del pacífico, sostiene que, al mismo tiempo, se ha producido un incremento de costos para producir alimentos este año, que resulta preocupante. Según la Autoridad Nacional del Agua (ANA), las consecuencias de la sequía dada entre agosto y noviembre del año pasado están siendo traducidas en la pérdida de cultivos, mortandad de ganado, y en la proliferación de plagas y enfermedades.

Adicionalmente, pese a la urgencia de compra de cara al inicio de la campaña agrícola en julio, Agro compra a la empresa Direcagro por 44 mil toneladas de urea. Es conocido por los expertos que el no tener el fertilizante en campo tendrá un impacto en la producción de los principales productos: arroz (92%), papa (74%) y maíz (59%). El Gobierno, como anticipándose a este resultado, lanzó el bono económico Fertiabono que beneficiaría a unos 370 mil agricultores de menos de 10 hectáreas para que puedan comprar directamente el fertilizante a las casas comerciales. Sin embargo, está demostrado que la entrega de bonos no necesariamente termina atacando el problema principal. Adicionalmente, este bono se basa en un nuevo padrón en proceso de construcción.

Gremios del sector agrario, avícola y ganadero han advertido sobre una inminente crisis alimentaria pero la única que no se ha enterado es la ministra Nelly Paredes.

CIEGA Y SORDA

Por su parte el economista Víctor Vásquez Villanueva, director ejecutivo de la Defensoría del Productor Agrario, señala que el desplome de la producción agrícola afecta principalmente a los medianos agricultores y a quienes se dedican a la agricultura de subsistencia. En ese sentido, cuestionó que el gobierno no haya tomado medidas ante el impacto negativo en millones de familias del campo. “La ministra es ciega, sorda y muda ante el hecho que los más pobres sean quienes pagan la crisis”, subrayó.

El ejecutivo de la Defensoría señaló que el otro grave problema es que no existe actitud de diálogo del ministerio con los productores, y que más bien se ha tratado de destruir la organización rural. Las críticas sobre el Fertiabono y las compras de fertilizantes que, desde el año pasado, hicieron las juntas de usuarios nunca fueron atendidas.

INVESTIGADA.

Ante la falta de transparencia del ministerio en la contratación de las empresas por emergencia para descolmatar los ríos del norte, los agricultores han solicitado la intervención de la Contraloría General de la República.