Gremios de mypes advierten que economías criminales como la minería ilegal y el narcotráfico podrían infiltrar el proceso electoral y exigen mayor fiscalización y transparencia.

El riesgo de que economías criminales financien campañas en las elecciones 2026 es elevado. Así lo advirtió Rómulo Fernández, presidente del Consejo de Organizaciones de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. “El 94 % vincula la economía informal con corrupción, minería ilegal, tala y narcotráfico. Eso está ganando terreno”, afirmó.

Señaló que solo la minería ilegal del oro mueve más de 12 mil millones de dólares y afecta la gobernanza, la inversión y la competitividad. “La presencia de estas economías en la política se visibiliza cada vez más”, alertó. Fernández pidió reforzar la fiscalización y sancionar con firmeza. “Se requiere transparencia, digitalización y un trabajo articulado entre Fiscalía, Poder Judicial y Congreso. Está en juego la democracia y la seguridad ciudadana”, remarcó.

Fuente: Lima Conecta

Un estudio del ILAFEP revela que este grupo corporativo genera el 36,7 % del empleo formal, destacando su resiliencia y presencia en sectores como finanzas y comercio.

Un análisis sobre las 3,000 empresas de mayor facturación en el país evidenció el peso determinante de las organizaciones de origen familiar en la estructura económica nacional. Según el estudio realizado por el Instituto de la Empresa Familiar Peruana (ILAFEP) y la Universidad de Piura, apenas el 0,01 % de las grandes firmas genera el 58,1 % de las ventas gravadas. Aunque el 76,4 % de estas compañías se fundaron en las últimas tres décadas, coexisten con instituciones centenarias que han logrado trascender generaciones gracias a modelos de gobierno corporativo sólidos. Este grupo no solo domina la facturación, sino que concentra el 36,7 % del empleo formal privado en el país.

La investigación destaca que el comercio es el sector con mayor presencia de estas firmas (36,3 %), seguido de la manufactura y el transporte. Sin embargo, los ingresos más altos por empresa se localizan en los rubros de finanzas, minería y electricidad. Luccia Reynoso, presidenta del ILAFEP, señaló que el objetivo es identificar el nivel de participación de los miembros de la familia en la gestión y su compromiso con la continuidad patrimonial. Sobre la importancia de este diagnóstico, Reynoso explicó: “La Base Cátedra 3.000 constituye el primer paso de una investigación más amplia orientada a identificar, dentro de este grupo, qué empresas son familiares”.

Por su parte, especialistas de la Universidad de Piura advirtieron que la heterogeneidad de estas empresas demanda políticas públicas diferenciadas que no las traten como un bloque homogéneo. Se espera que la siguiente etapa del estudio incluya encuestas directas a los líderes empresariales para profundizar en sus prácticas de sostenibilidad y sucesión. La meta final es fortalecer la cultura del emprendedurismo y la gestión patrimonial en el Perú. Respecto a la necesidad de un enfoque estatal a medida, César Cáceres Dagnino indicó: “Necesitamos políticas diferenciadas, porque estas 3.000 empresas son diversas en sectores, tamaños y naturaleza”.

Fuente: El Comercio