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GOBIERNO INCORPORARÁ 6,000 POLICÍAS PARA ENFRENTAR OLA DE EXTORSIONES A NIVEL NACIONAL
El Ejecutivo prepara una nueva legislación para sancionar con mayor dureza a las bandas criminales locales y anuncia la instalación de cámaras en buses.
El Gobierno anunció la incorporación de 6,000 nuevos efectivos policiales entre el 18 y 20 de marzo para reforzar la seguridad ciudadana y el combate contra las bandas de extorsionadores. Esta medida se toma tras los recientes ataques contra unidades de transporte público que dejaron víctimas fatales en el Callao. La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, detalló que un tercio de estos nuevos agentes son especialistas en criminalística, lo que permitirá agilizar las investigaciones estratégicas. Miralles destacó que: “Estas cámaras nos permitirán tener mayor visibilidad, reducir el riesgo y evitar prácticas de extorsión”.
Además del incremento de personal, el Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de ley para tipificar adecuadamente a las bandas criminales locales y diferenciarlas de las organizaciones transnacionales. El presidente José María Balcázar sostuvo que el marco legal actual es insuficiente para aplicar sanciones severas a estos grupos responsables de la violencia en el transporte. Balcázar enfatizó que la solución debe ser articulada entre el Ministerio Público y el Poder Judicial, señalando que: “Muchas de estas acciones corresponden a bandas criminales que aún no tienen una categoría jurídica adecuada para aplicar sanciones más duras”.
Como parte de la estrategia preventiva, se anunció la adquisición masiva de cámaras de videovigilancia que serán instaladas de manera obligatoria en los buses de transporte urbano. En paralelo, el Gobierno informó la normalización total del servicio de gas natural tras la reparación del ducto de Camisea, lo que aliviará la presión sobre los costos operativos de los transportistas. Con estas acciones, el Ejecutivo busca recuperar el control del orden interno en un contexto social marcado por las amenazas de paros gremiales y la exigencia de medidas drásticas contra la criminalidad organizada.
Fuente: Perú 21
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Trámites burocráticos amenazan cartera minera de US$64 mil millones, advierten expertos
Un proyecto minero debía cumplir 12 procedimientos administrativos en 2001; hoy son 265, según cifras de Apoyo Consultoría presentadas durante la feria Expomina Perú 2026.
El exceso de trámites y la falta de coordinación entre entidades del Estado son los principales obstáculos para destrabar la cartera de inversión minera del Perú, valorizada en US$64 mil millones, coincidieron especialistas del sector público, privado y académico durante el panel “Propuestas políticas para el sector minero”, realizado en el marco de Expomina Perú 2026, en Lima. Gonzalo Quijandría, vicepresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), recordó que en 2001 un proyecto minero debía pasar por 12 procedimientos administrativos; hoy son 265, según cifras de Apoyo Consultoría. “En los últimos 25 años, lo único que ha empeorado es la burocracia”, afirmó.
Iván Portocarrero, socio de Apoyo Consultoría, detalló que el sector minero enfrenta actualmente cerca de 230 procedimientos administrativos, regidos por unas 470 normas y a cargo de aproximadamente 30 entidades del Estado. Según explicó, los Estudios de Impacto Ambiental demoran en promedio 2.5 veces el plazo legal para su aprobación —y sus modificaciones, hasta 5 o 6 veces—, mientras que los permisos de uso de agua han llegado a tomar hasta 10 veces el plazo establecido, de 36 a 360 días. Eliminar la secuencialidad innecesaria entre trámites, como en el caso de la consulta previa, podría ahorrar entre 8 y 9 meses por proyecto, precisó.
Desde el Ministerio de Energía y Minas, Michael Acosta, director general de Promoción y Sostenibilidad Minera, planteó consolidar una Ventanilla Única Digital que permita evaluar los permisos en paralelo y no de forma consecutiva. Carlos Casas, director del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico, advirtió que el actual boom de precios de minerales críticos no durará para siempre. “La ola viene. Si no nos atrapamos a la ola, la vamos a perder”, afirmó.
Fuente: Minart
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La Línea 2 del Metro de Lima ya duplicó su plazo original y sigue sin fecha de término
La obra, concebida para ejecutarse en cinco años, ya acumula una década de trabajos y avanza sin un cronograma actualizado, señaló la presidenta de Ositrán, Verónica Zambrano, ante el Congreso.
La Línea 2 del Metro de Lima y Callao podría tardar hasta 15 años en concluirse si no se actualiza su cronograma de ejecución, advirtió la presidenta del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), Verónica Zambrano, durante su participación en la Comisión de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor del Congreso. La obra, concebida originalmente para ejecutarse en cinco años, enfrentó desde su inicio contingencias vinculadas a la entrega de terrenos, lo que afectó la elaboración de los expedientes técnicos y generó controversias contractuales entre las partes.
Zambrano explicó que, tras la pandemia, el proyecto se apartó de la programación prevista y que hasta la fecha no cuenta con una calendarización vigente que establezca hitos actualizados para sus etapas pendientes. Según dijo, el organismo supervisa la obra, pero no puede exigirle plazos precisos porque no existe un cronograma vigente. “Ahora estamos yéndonos ya a los 10 años y me temo que podríamos, si no se calendariza, llegar incluso hasta 15 años”, señaló.
La funcionaria consideró necesario negociar una nueva adenda contractual que incorpore los aspectos pendientes para el desarrollo integral de la infraestructura, incluyendo su articulación con otras obras de transporte de la capital. “Esta infraestructura es, luego del Anillo Vial Periférico, la más costosa que hemos tenido como Estado peruano y que además va a tener una gran repercusión en la vida de los ciudadanos”, afirmó.
Fuente: Gestión
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