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Juntos por el Perú solicita gracia presidencial tras informe de la ONU

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Juntos por el Perú solicita gracia presidencial tras informe de la ONU

 El Comité Ejecutivo Nacional de Juntos por el Perú, presidido por Roberto Sánchez Palomino, solicitó este lunes al presidente de la República, José María Balcázar, evaluar el otorgamiento de la gracia presidencial al expresidente Pedro Castillo Terrones, a raíz de la Opinión emitida por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que concluyó que la privación de libertad del exmandatario contraviene obligaciones internacionales asumidas por el Estado peruano.

Durante una conferencia de prensa realizada en la sede nacional del partido, Sánchez sostuvo que el pronunciamiento de Naciones Unidas constituye el resultado de un procedimiento internacional desarrollado durante casi tres años, en el cual el Grupo de Trabajo solicitó información tanto a los peticionarios como al Estado peruano antes de emitir su decisión. Según explicó, dicho mecanismo garantiza el derecho de contradicción y el análisis de los argumentos de ambas partes antes de formular una opinión.

Sánchez, señaló que el informe no responde a criterios políticos, sino al trabajo de expertos independientes especializados en derecho internacional de los derechos humanos, designados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para examinar casos de presuntas detenciones arbitrarias conforme a los estándares establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Además de afirmar que la opinión del Grupo de Trabajo concluye que la detención de Pedro Castillo fue arbitraria e incompatible con las obligaciones internacionales del Perú. Agregó que el documento recomienda al Estado adoptar medidas orientadas a restituir los derechos afectados, incluyendo la liberación inmediata de la persona detenida, así como el otorgamiento de una reparación efectiva, conforme a los mecanismos previstos en el derecho internacional de los derechos humanos.

En ese contexto, indicó también que el Perú, como Estado parte de diversos tratados internacionales, asumió el compromiso de actuar de buena fe en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de dichos instrumentos, conforme al principio pacta sunt servanda (lo pactado obliga), recogido por el derecho internacional. Precisó que el respeto de esos compromisos fortalece la institucionalidad democrática y reafirma la credibilidad del país frente a la comunidad internacional.

El presidente de Juntos por el Perú fue enfático al manifestar que la opinión del Grupo de Trabajo no constituye un pronunciamiento aislado, sino el resultado de un procedimiento técnico previsto dentro de los mecanismos especiales del sistema universal de protección de los derechos humanos. Recordó que, en anteriores oportunidades, el Estado peruano ha atendido recomendaciones formuladas por organismos internacionales cuando se acreditaron vulneraciones a derechos fundamentales, adoptando medidas de reparación y adecuación de sus actuaciones.

Durante su intervención también expresó preocupación por la posición oficial difundida por el Ministerio de Relaciones Exteriores respecto al informe de Naciones Unidas. Señaló que la conducción de la política exterior corresponde constitucionalmente al presidente de la República, por lo que consideró necesario conocer si dicha respuesta refleja la posición oficial del Poder Ejecutivo o constituye únicamente la interpretación del sector.

Sostuvo que la figura de la gracia presidencial representa un mecanismo constitucional que puede ser evaluado por el jefe del Estado en circunstancias excepcionales, especialmente cuando concurren elementos de carácter humanitario, jurídico o de interés nacional. En ese sentido, el partido solicitó al presidente José María Balcázar considerar esta alternativa como una decisión orientada al cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Perú y al fortalecimiento del Estado de derecho.

En tal sentido, la organización política reafirmó que continuará promoviendo el respeto de los derechos humanos, la observancia de los tratados internacionales suscritos por el Estado peruano y el fortalecimiento de las garantías propias de un sistema democrático basado en el debido proceso, la independencia de poderes y la protección efectiva de las libertades fundamentales.

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ProInversión firma convenio de S/23.7 millones para liberar interferencias en el Anillo Vial

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ProInversión firma convenio de S/23.7 millones para liberar interferencias en el Anillo Vial

El Tramo 1, de 8.7 km, conectará el Callao con San Martín de Porres, Los Olivos e Independencia. La autopista completa reduciría el recorrido entre Ate e Independencia de 60 a 15 minutos.

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), suscribió un convenio con On Empresas S.A.C. para liberar las interferencias de redes e infraestructura de telecomunicaciones de su titularidad que afectan el Tramo 1 del Anillo Vial. Los trabajos tienen un monto estimado de S/23.7 millones, incluido IGV, y un plazo de ejecución de 13 meses. Participaron en el acto la gerenta general de ProInversión, Mirtha Rázuri; el gerente general de On Empresas, Nilton Rodríguez, y el director de Portafolio de Proyectos de ProInversión, Yaco Rosas.

El Tramo 1 comprende 8.7 kilómetros, desde el óvalo de las 200 Millas, en el Callao, hasta la Panamericana Norte, a la altura del óvalo Naranjal, y fortalecerá la conectividad del Callao con San Martín de Porres, Los Olivos e Independencia. La liberación de interferencias se suma a la adquisición de terrenos que impulsa ProInversión, que sigue entregando cheques a propietarios de predios en diversos tramos. Con ambas acciones se dispone de manera progresiva de las áreas necesarias para ejecutar el proyecto.

El Anillo Vial beneficiará a 4.5 millones de personas mediante una autopista de 34.8 kilómetros que conectará el Callao con 11 distritos de Lima Metropolitana. La concesión, bajo la modalidad de APP, comprende diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento durante 30 años. La vía reduciría el recorrido entre Ate e Independencia de 60 a 15 minutos; entre Ate y San Juan de Lurigancho, a 10, y entre este último distrito e Independencia, a cinco. También conectará la Panamericana Norte, la Panamericana Sur y la Carretera Central, y facilitará el acceso a los puertos del Callao y Chancay, al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y al futuro Parque Industrial de Ancón.

Fuente: ProActivo

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Perú se ubica entre los cuatro mejores de 26 países de la región para impulsar obras con inversión privada

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Perú se ubica entre los cuatro mejores de 26 países de la región para impulsar obras con inversión privada

ProInversión informó que el país ocupa el cuarto lugar entre 26 economías, junto con Brasil, Chile y Colombia, y que su mayor avance fue en preparación de proyectos.

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) informó que Perú se ubicó en el cuarto lugar entre 26 países de América Latina y el Caribe en el Infrascopio 2025/26, elaborado por Economist Enterprise por encargo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que mide las condiciones para desarrollar Asociaciones Público-Privadas (APP) en infraestructura. Con 71.0 puntos sobre 100, el país integra el grupo de líderes regionales junto con Brasil, Chile y Colombia. Su puntaje subió de 70.6 en 2023/24 y supera en 24.5 puntos el promedio regional, de 46.5.

El mayor avance se dio en preparación y sostenibilidad de proyectos, que pasó de 72.9 a 77.4 puntos. En regulación e instituciones, la categoría con mayor puntaje nacional, subió de 92.7 a 95.8. La gestión de riesgos y el monitoreo de contratos se mantuvo en 79.6, y la evaluación del desempeño e impacto ex post pasó de 36.5 a 37.7. En financiamiento, la calificación bajó de 71.2 a 64.4, un ámbito que el informe identifica como de atención.

El presidente ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio, destacó que Perú es primero en preparación de proyectos y sostenibilidad, segundo en gestión de riesgos y monitoreo contractual, y que alcanzó 95.8 sobre 100 en regulación e instituciones. Señaló que “el reconocimiento tiene una dimensión institucional relevante porque el informe destaca expresamente la nueva Ley de APP y su reglamento de 2025, que reorganizan y fortalecen las responsabilidades de ProInversión y los procedimientos de modificación contractual”. Agregó que el resultado respalda la dirección de la reforma, con una ProInversión fortalecida y capaz de acompañar la ejecución de las inversiones. “El camino es consolidar esta transformación institucional y darle continuidad”, subrayó.

Fuente: Energiminas

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