La investigación preliminar por una presunta omisión en la declaración jurada se inscribe en un escenario de reiteradas intervenciones disciplinarias sobre la cúpula judicial.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) concedió un plazo de cinco días a la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, para que presente un informe documentado por una presunta omisión en su declaración jurada de intereses correspondiente al periodo 2021–2025. La medida responde a una denuncia interpuesta por un ciudadano ante la Dirección de Procedimientos Disciplinarios del organismo constitucional autónomo.

Antecedentes y contexto del procedimiento

El requerimiento formal fue emitido por la Dirección de Procedimientos Disciplinarios de la JNJ y lleva las firmas de su presidenta, María Cabrera Vega, y de la directora del área, Magnolia Martínez. En el oficio se solicita a la magistrada que sustente, con documentación, la información consignada en su declaración jurada de intereses.

La denuncia fue presentada por Gino Román Torres, director ejecutivo del Centro de Protección del Ciudadano Equidad, quien sostiene que Tello habría incurrido en una “presunta omisión dolosa” al no consignar a Daniela Moreno Tello, identificada como su sobrina, dentro del documento oficial.

Detalles de la denuncia y argumentos del denunciante

Según el escrito presentado ante la JNJ, la persona mencionada habría realizado más de 17 viajes al extranjero durante el periodo observado, lo que —de acuerdo con el denunciante— resultaría incompatible con la ausencia de registros de actividad pública o privada declarada. En ese contexto, se plantea la posible comisión de los delitos de falsedad ideológica y omisión de información en documento público.

El procedimiento iniciado no implica, por el momento, una sanción, sino la apertura de una etapa preliminar destinada a recabar descargos y verificar la consistencia de los hechos denunciados.

Cuestionamientos sobre el origen de la denuncia

De acuerdo con una investigación periodística difundida por el portal IDL-Reporteros, el denunciante ha mantenido vínculos previos con el partido Perú Libre y con su líder, Vladimir Cerrón. El informe señala que en 2023 el partido habría reportado un pago de S/ 10.000 a Gino Román Torres por servicios de capacitación, antes de que este se incorporara como personal técnico en el despacho de una congresista de dicha agrupación.

Estos antecedentes han sido incorporados al debate público en torno al procedimiento, aunque no forman parte del expediente disciplinario de la JNJ.

Un historial reciente de tensiones entre la JNJ y el Poder Judicial

Este no es el primer proceso disciplinario que involucra a la actual presidenta del Poder Judicial. En febrero de 2025, la JNJ inició una investigación contra Tello y otros cuatro magistrados supremos por una sentencia emitida en julio de 2024, a raíz de una denuncia presentada por un coronel en retiro de la Policía Nacional.

En aquella ocasión, Tello cuestionó públicamente la actuación del organismo, señalando un “apresuramiento inusual” y recordando que el artículo 139 de la Constitución prohíbe a cualquier autoridad avocarse a procesos judiciales en trámite.

Alertas por presunta presión institucional

En paralelo, la Asociación de Jueces para la Justicia y la Democracia (JUSDEM) advirtió recientemente sobre lo que considera un patrón de presión institucional contra jueces y fiscales, tras la destitución de una magistrada suprema y la activación de nuevos procedimientos disciplinarios.

En un pronunciamiento público, la asociación sostuvo que la suma de amenazas, procesos disciplinarios y campañas de descrédito podría afectar la independencia del sistema de justicia y debilitar la institucionalidad democrática.

Panorama

La presidenta del Poder Judicial deberá responder dentro del plazo otorgado por la JNJ, presentando los descargos correspondientes para esclarecer la presunta omisión denunciada. Mientras tanto, el procedimiento vuelve a situar en el centro del debate la relación entre los órganos de control constitucional y la autonomía del Poder Judicial, en un contexto de alta sensibilidad institucional.