Entre curules y fajines (caña)

• Mientras el país se hunde en la anemia, el Congreso duplica su presupuesto para alimentar su propia ineficiencia.

Por: Toto de la Torre Ugarte

Lo que ha revelado el reciente informe de Ojo-Público no es solo una cifra, es un escupitajo en el rostro de un país que se desangra en la pobreza y extrema pobreza. Mientras el ciudadano de a pie hace malabares con un sueldo mínimo que es un insulto a la dignidad, el Congreso de la República ha decidido que la austeridad es una palabra prohibida, un arcaísmo de mal gusto. En apenas un lustro, este cónclave de la mediocridad ha logrado lo que ningún sector productivo del país: duplicar su presupuesto, pasando de los 600 millones de soles en 2019 a la pavorosa suma de S/1,768 millones proyectados para el 2026.

Es la apoteosis del despilfarro. No estamos ante una inversión en inteligencia legislativa o en la modernización de nuestras instituciones; estamos ante el engorde de una burocracia parasitaria que ha convertido la representación nacional en una agencia de empleos para amigos, amantes y cómplices.

Los datos son de un cinismo escalofriante: el 71% de estos recursos, es decir, más de 1,260 millones de soles, se destina exclusivamente a planillas y obligaciones sociales. Han creado un ejército de más de 3,600 trabajadores, donde la meritocracia ha sido sustituida por el carné partidario y el «mochasueldismo» como deporte nacional.

FRIOLERA. Miren el cuadro del desastre: mientras más del 80% de los peruanos desprecia profundamente a esta institución, cada congresista nos cuesta hoy la friolera de 7.1 millones de soles anuales. Es una democracia de oro para un pueblo de barro. Han gastado S/100 millones solo en remodelaciones para recibir a la futura bicameralidad, esa trampa que nos vendieron como solución y que no es más que una ampliación de la mesa para que más comensales participen del festín. “Nosotros sabíamos que la bicameralidad sí iba a implicar un gasto mayor”, dijo Flavio Cruz (PL).

Este aumento del 168% en la última década es la prueba irrefutable de que el Parlamento no sirve al país, se sirve de él. Es un sistema de autocomplacencia donde se aprueban bonos de S/10,000 en madrugadas clandestinas mientras el déficit fiscal nos respira en la nuca. El Perú no tiene un Congreso; tiene una corporación del beneficio propio que ha decidido que, ante la crisis, la solución es saquear el Tesoro Público. Lo que vemos no es política, es pillaje con terno, una pantomima costosa que terminará por hundir lo poco que queda de nuestra fe en la libertad.

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“Cada congresista nos cuesta hoy la friolera de 7.1 millones de soles anuales”.

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130

diputados y 60 senadores tendremos desde 2026.

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Según Fernando Rospigliosi, president del Congreso, el incremento de S/356 millones al presupuesto anterior se debe al retorno a la bicameralidad y a nuevas obras de infraestructura legislativa.

 “Somos ciento treinta congresistas actualmente. Con la bicameralidad, se aumentan sesenta más y eso requiere presupuesto”, sostuvo el legislador Esdras Medina durante la discusión previa a la votación.

LÍDERES DEMÓCRATAS Y GOBIERNOS de la región cuestionan la legalidad y los efectos de la intervención estadounidense tras la captura de Nicolás Maduro.

La operación militar ordenada por el presidente Donald Trump en Venezuela, que derivó en la captura de Nicolás Maduro, ha provocado una fuerte reacción política tanto dentro de
Estados Unidos como en América Latina y Europa. Legisladores demócratas y
varios gobiernos advirtieron sobre la legalidad de la acción, sus consecuencias regionales y el impacto interno para la población estadounidense.
El senador independiente Bernie Sanders calificó la intervención como “ilegal, peligrosa y contraria a la Constitución”, al señalar que el presidente no tiene autoridad para iniciar acciones bélicas sin la aprobación del Congreso.
En un mensaje difundido en redes sociales, pidió activar una resolución de poderes de guerra para frenar la operación y restituir el rol del Legislativo en decisiones de guerra y paz. Sanders sostuvo que la ofensiva no hará más seguro a Estados Unidos ni al mundo y que representa una violación flagrante del derecho internacional. Además, comparó la justificación utilizada por la Casa Blanca con la empleada por Rusia en la invasión a Ucrania, advirtiendo que el uso de la fuerza para promover cambios de régimen sienta
un precedente peligroso.
A las críticas se sumó la exvicepresidenta Kamala Harris, quien afirmó que la intervención fue “ilegal e imprudente” y que sus costos terminarán siendo asumidos por las familias estadounidenses. Según Harris, la operación no fortalece la seguridad ni la economía del país y desvía recursos frente a problemas internos urgentes como el costo de vida, la vivienda y la atención sanitaria. Harris también acusó a la administración Trump  de priorizar intereses energéticos, al señalar que el control del petróleo venezolano estaría en el centro de la estrategia. En ese sentido, cuestionó contactos con figuras del entorno del
chavismo y la marginación de la oposición venezolana, además de advertir que no existe un marco legal claro ni un plan de salida para las tropas desplegadas.
En el plano internacional, Brasil, Chile, Colombia,
México, Uruguay y España emitieron un comunicado conjunto en el que rechazaron las acciones militares de Estados Unidos por considerarlas contrarias a la Carta de las Naciones Unidas. Los países advirtieron que la intervención pone en riesgo a la población civil, amenaza la estabilidad regional y llamaron a resolver la crisis venezolana exclusivamente por vías pacíficas y diplomática.

Reacciones regionales y advertencia diplomática
Los gobiernos firmantes del comunicado reafirmaron el carácter de América Latina y el Caribe como zona de paz y exhortaron a los mecanismos multilaterales, incluido el secretario general de la ONU, a intervenir para desescalar las tensiones. También alertaron sobre cualquier intento de control o apropiación externa de recursos naturales venezolanos.
Desde Washington, el tono del presidente Trump se endureció tras la captura de Maduro. El mandatario advirtió que, de no cooperar con Estados Unidos, altos funcionarios del régimen venezolano podrían enfrentar consecuencias incluso mayores, una postura que ha intensificado la preocupación internacional por una posible escalada del conflicto.