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Política

López Aliaga ocultó empresa deudora: No informó al JNE su vínculo con firma declarada irregular por la SUNAT

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Empresa ligada al líder de Renovación Popular debe más de S/12.9 millones en impuestos.

Omisión en hoja de vida podría acarrear sanciones e investigaciones.
 Transparencia en entredicho en plena antesala electoral.

El alcalde de Lima y líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, no informó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) su vínculo con una empresa que mantiene una millonaria deuda tributaria con la Sunat y que, además, fue declarada irregular por la autoridad fiscal, según reveló una investigación periodística.
De acuerdo con la información, López Aliaga omitió consignar en su hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones su relación con Peruval Corp. S.A., empresa que registra una deuda superior a los S/12.9 millones con la SUNAT y que figura como “no habida” en los registros oficiales.
La normativa electoral es clara: los candidatos están obligados a declarar de manera completa y veraz todas sus participaciones empresariales y vínculos societarios, a fin de garantizar la transparencia ante el electorado. La omisión de esta información constituye una falta grave que puede acarrear sanciones administrativas e incluso derivar en investigaciones de carácter penal, según especialistas en derecho electoral.
La empresa en cuestión ha sido declarada irregular por la Sunat debido al incumplimiento reiterado de sus obligaciones tributarias, lo que refuerza los cuestionamientos sobre por qué dicha vinculación no ue informada oportunamente al sistema electoral.
Pese a ello, el líder de Renovación Popular no habría ofrecido hasta el momento una explicación clara sobre esta omisión.
Este nuevo cuestionamiento se suma a una serie de controversias que rodean la trayectoria política y empresarial de López Aliaga, quien ha construido su discurso público en base a la “honestidad” y la “mano dura contra la corrupción”. Sin embargo, los hechos revelados ponen en entredicho esa narrativa y abren serias dudas sobre la coherencia entre su discurso y su práctica. La revelación genera especial preocupación en un contexto preelectoral, donde la ciudadanía exige mayor transparencia y rendición de cuentas a quienes aspiran a mantenerse o llegar al poder. En ese escenario, el caso vuelve a poner sobre la mesa la urgencia de fiscalizar con mayor rigor la información patrimonial y empresarial de los actores políticos.



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Política

Trump enfrenta críticas internas y externas por operación militar en Venezuela

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LÍDERES DEMÓCRATAS Y GOBIERNOS de la región cuestionan la legalidad y los efectos de la intervención estadounidense tras la captura de Nicolás Maduro.

La operación militar ordenada por el presidente Donald Trump en Venezuela, que derivó en la captura de Nicolás Maduro, ha provocado una fuerte reacción política tanto dentro de
Estados Unidos como en América Latina y Europa. Legisladores demócratas y
varios gobiernos advirtieron sobre la legalidad de la acción, sus consecuencias regionales y el impacto interno para la población estadounidense.
El senador independiente Bernie Sanders calificó la intervención como “ilegal, peligrosa y contraria a la Constitución”, al señalar que el presidente no tiene autoridad para iniciar acciones bélicas sin la aprobación del Congreso.
En un mensaje difundido en redes sociales, pidió activar una resolución de poderes de guerra para frenar la operación y restituir el rol del Legislativo en decisiones de guerra y paz. Sanders sostuvo que la ofensiva no hará más seguro a Estados Unidos ni al mundo y que representa una violación flagrante del derecho internacional. Además, comparó la justificación utilizada por la Casa Blanca con la empleada por Rusia en la invasión a Ucrania, advirtiendo que el uso de la fuerza para promover cambios de régimen sienta
un precedente peligroso.
A las críticas se sumó la exvicepresidenta Kamala Harris, quien afirmó que la intervención fue “ilegal e imprudente” y que sus costos terminarán siendo asumidos por las familias estadounidenses. Según Harris, la operación no fortalece la seguridad ni la economía del país y desvía recursos frente a problemas internos urgentes como el costo de vida, la vivienda y la atención sanitaria. Harris también acusó a la administración Trump  de priorizar intereses energéticos, al señalar que el control del petróleo venezolano estaría en el centro de la estrategia. En ese sentido, cuestionó contactos con figuras del entorno del
chavismo y la marginación de la oposición venezolana, además de advertir que no existe un marco legal claro ni un plan de salida para las tropas desplegadas.
En el plano internacional, Brasil, Chile, Colombia,
México, Uruguay y España emitieron un comunicado conjunto en el que rechazaron las acciones militares de Estados Unidos por considerarlas contrarias a la Carta de las Naciones Unidas. Los países advirtieron que la intervención pone en riesgo a la población civil, amenaza la estabilidad regional y llamaron a resolver la crisis venezolana exclusivamente por vías pacíficas y diplomática.

Reacciones regionales y advertencia diplomática
Los gobiernos firmantes del comunicado reafirmaron el carácter de América Latina y el Caribe como zona de paz y exhortaron a los mecanismos multilaterales, incluido el secretario general de la ONU, a intervenir para desescalar las tensiones. También alertaron sobre cualquier intento de control o apropiación externa de recursos naturales venezolanos.
Desde Washington, el tono del presidente Trump se endureció tras la captura de Maduro. El mandatario advirtió que, de no cooperar con Estados Unidos, altos funcionarios del régimen venezolano podrían enfrentar consecuencias incluso mayores, una postura que ha intensificado la preocupación internacional por una posible escalada del conflicto.



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Política

Mario Vizcarra: JEE declara improcedente solicitud de inscripción de fórmula presidencial de Perú Primero

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El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 declaró fundadas las tres tachas contra Mario Vizcarra, por lo que la solicitud de inscripción de la fórmula presidencial de Perú Primero es improcedente.

 

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 declaró improcedente la solicitud de inscripción de la fórmula presidencial de Perú Primero, liderada por Mario Vizcarra. Ello, tras declarar fundadas tres tachas que solicitaban la exclusión de Vizcarra de las Elecciones Generales del 2026 por contar con una sentencia por peculado, aunque se encuentra rehabilitado.

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 declaró improcedente la solicitud de inscripción de la fórmula presidencial de Perú Primero, liderada por Mario Vizcarra. Ello, tras declarar fundadas tres tachas que solicitaban la exclusión de Vizcarra de las Elecciones Generales del 2026 por contar con una sentencia por peculado, aunque se encuentra rehabilitado.

El JEE decidió acumular las tachas presentadas por Jean Pier Miguel Valverde Ortega, Luis Miguel Caya Salazar y Edwin Roberto Huamani Pérez, pues los argumentos de las tres solicitados eran similares: El ahora excandidato presidencial cuenta con una sentencia por el delito doloso de peculado, catalogado como un delito de corrupción.

Es por ello que el JEE decidió «declarar fundadas las tachas presentada contra» Mario Vizcarra, candidato a la presidencia por Perú Primero.

«En consecuencia, (…) corresponde declarar improcedente la solicitud de inscripción de la fórmula de candidatos a la presidencia y las vicepresidencias de la República presentada por la organización política Partido Político Perú Primero, en el marco de las Elecciones Generales 2026», dice el documento.

La institución se basan en el artículo 107 de la Ley Orgánica de Elecciones (Ley 30717) que impide la postulación a «quienes hayan sido condenados por delitos dolosos con pena privativa de libertad». Cabe señalar que el literal J) del artículo en mención se señala que el impedimento se da «aún cuando hubieran sido rehabilitados».

Además, también se basan en el artículo 40 del Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas de candidatos para las Elecciones Generales 2026. Este, en su literal a) del numeral 40.2, señala que «si la tacha contra el candidato a la Presidencia es declarada fundada, las candidaturas a las Vicepresidencias no serán inscritas», es decir, ocasiona que la fórmula en su totalidad no sea admitida.

 



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