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Lima Norte

“Paga, carajo”

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“Toledo debe purgar prisión porque califica para ello y ha demostrado ser evasivo, mentiroso y zamarro”.

Alejandro Toledo teme por su vida. Así lo reveló su hermano Pedro. Se refiere a enfermedades y dolencias, incluido un cáncer de varios años.

“Le pido a la justicia peruana que no me mande a la cárcel, déjenme luchar con mis argumentos”, declaró a la agencia Efe, antes de entregarse a la justicia estadounidense.

Toledo, pese a su condición, debe permanecer en prisión preventiva. Ha sido revisado por médicos legistas en Estados Unidos y en el Perú. Tal como Fujimori, padecerá sus enfermedades en cárcel.

Le corresponde la prisión preventiva, por lo pronto, por todos los intentos que hizo, y que haría si pudiera, de evadir la justicia.

Se escapó del Perú cuando se conoció el Caso Lava Jato y Odebrecht. Luego se revelaría la coima de US$ 35 millones.

A Toledo se le acusa de haber inscrito su partido con la ayuda de una “fábrica de firmas”. Cuando ganó en el 2001, se detectó una cuenta bancaria en Estados Unidos a nombre de su sobrino “Coqui” Toledo, en Carolina del Norte.

Muchos le aceptaron el cuento de que escondían los fondos para que el gobierno de Fujimori los detecte. Se suponía que era para “ayudar a la democracia”. Con tal de librarse de Fujimori, muchos defendían a Toledo.

No el antifujimorismo, pero la pasión de los antifujimoristas obnubiló la vigilancia ciudadana.

“Coqui” Toledo se hacía pasar por fotógrafo oficial. “Trabajaba” para el PNUD, con un sueldo de US$ 5.000 al mes. Ese dinero fue pagado por los contribuyentes del Perú. Ni más ni menos como Alberto Fujimori hizo pago a una planilla dorada.

La corrupción de Toledo no se reduce al caso Odebrecht.

César Almeyda, exasesor presidencial de Toledo, estuvo “preso” en una clínica. Se le sentenció por haber recibido un soborno de US$ 2 millones.

En ese entonces se acusó a la cervecera colombiana Bavaria de haber facilitado, por esa vía, la compra de Backus. En CONASEV estaba Almeyda, estratégicamente colocado.

Un testigo involucró al ex presidente Toledo en ese soborno. La imputación no prosperó. Almeyda había sido su asesor, miembro de CONASEV, así como jefe del Consejo Nacional de Inteligencia.

El recluso Toledo tiene cosas parecidas al recluso Fujimori. Otro ejemplo: salir vergonzosamente del país para huir de la justicia. Y, como el recluso Pedro Castillo, también colocaba gente afín en puestos clave para facilitar negocios ilícitos.

Otro expresidente, Martín Vizcarra, que no está en prisión, llamaba, según un testigo clave, a pedir la cuota faltante de un soborno. Había dejado de ser gobernador regional, pero tenía entonces el cargo de ministro de Transportes y Comunicaciones.

Alejandro Toledo hizo lo propio con Jorge Barata, de Odebrecht: “oiga, Barata, paga, carajo”.

Pedro Castillo, según testimonios, recibía coimas junto con el fugado exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas. Los tinglados en el MTC datan, por lo menos, desde el gobierno de Ollanta Humala, otro expresidente procesado.

Toledo debe purgar prisión porque califica para ello y ha demostrado ser evasivo, mentiroso y zamarro. Podría haber enfrentado sus dolencias en libertad si él hubiera enfrentado la justicia hace seis años.

No debe temerle a la muerte ahora, porque está en uno de los lugares más seguros del Perú: la cárcel de Barbadillo.

Fuente: El Comercio – Escribe: Federico Salazar – periodista



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Municipio no ha ejecutado un sol de presupuesto 2025 asignado al vaso de leche. – Señal Alternativa

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Informe de Contraloría advierte de riesgosa desatención a niños de 0 a 6 años, madres gestantes y en periodo de lactancia, así como personas en estado de desnutrición o afectados por tuberculosis.

Al día 26 de agosto del 2025, la gestión municipal de Ancón, reporta 0 % de ejecución presupuestal en la adquisición de insumos para el programa de vaso de leche.

El presupuesto asignado según el portal de transparencia asciende a la suma de 860 mil 754 soles, el mismo que no ha sido ejecutado a la fecha.

En el año 2024, la gestión municipal tuvo un mejor desempeño ejecutó el 100% de su presupuesto asignado al vaso de leche. En tanto, en el 2023, la ejecución fue del 98.5%.

En Ate ejecución apenas llega al 18.1 %

El segundo distrito con más baja ejecución del presupuesto asignado al vaso de leche es la gestión del alcalde Franco Vidal Morales de Ate Vitarte. 7 millones 600 mil soles es el presupuesto asignado y solo reporta un 18.1 % de ejecución.

En los años previos 2023 y el 2024, la gestión municipal ejecutó el 97.9 % y 98.4 % del presupuesto del programa de vaso de leche, respectivamente.

Otras gestiones municipales alcaldes limeños con baja ejecución

Además de las comunas de Ancón y Ate, los distritos de Chorrillos, El Agustino, San Isidro, La Molina y Pueblo Libre, no llegan a la ejecución del 40 % del presupuesto asignado.

Fuera de juego:

La Contraloría en su informe de Orientación de Oficio Nº 006-2025-OCI/2149-SOO de fecha 16 de julio pasado, advirtió que la municipalidad no ha adoptado medidas oportunas y eficaces para garantizar la adquisición y provisión de suministros del Programa Vaso de Leche correspondiente al periodo 2025, situación que podría afectar el cumplimiento de la distribución diaria obligatoria de las raciones alimentarias a la población beneficiaria.



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Toman medidas ante tachas maliciosas contra inscripción de partidos y alianzas. – Señal Alternativa

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Durante proceso electoral 2026.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informa que, frente a la denuncia de diversas organizaciones políticas sobre la presentación de presuntas tachas maliciosas en los procedimientos de inscripción de alianzas electorales, ha dispuesto acciones concretas orientadas a garantizar la legalidad, la transparencia y la buena fe en dichos procesos.

En reciente jurisprudencia, el Pleno del JNE ha precisado que, en aplicación del artículo 73 del Reglamento del Registro de Organizaciones Políticas (ROP), la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas (DNROP) está facultada —y obligada— a evaluar la improcedencia liminar de las tachas que evidencien prácticas dolosas, sin necesidad de convocar a audiencia.

Esta medida busca cerrar el paso a conductas ilícitas y preservar la equidad en el proceso de inscripción de organizaciones políticas.

De manera especial, se tendrá en cuenta aquellos casos en los que la tacha se sustente en la reserva fraudulenta de denominaciones en registros públicos (SUNARP o INDECOPI), lo que contraviene el principio de buena fe procedimental.

En tales circunstancias, la DNROP podrá declarar su improcedencia de manera inmediata y, cuando corresponda, remitir copias a la Procuraduría Pública del JNE y al Colegio de Abogados al que pertenezca el profesional que haya autorizado el escrito, para que se determinen las responsabilidades del caso.

Asimismo, el JNE recuerda que ya se ha puesto en conocimiento del Ministerio Público y de la Procuraduría de la institución una denuncia contra un ciudadano que, de manera reiterada, habría actuado con fines ilícitos y extorsivos al interponer tachas en procesos de inscripción.

Se ha solicitado que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes y que se apliquen sanciones con el máximo rigor de la ley a quienes pretendan distorsionar la participación democrática.

Finalmente, el organismo electoral hace un llamado a todas las organizaciones políticas a denunciar estos hechos sin demora, a fin de interponer las acciones legales pertinentes y evitar que actos maliciosos e ilícitos entorpezcan el normal desarrollo de las Elecciones Generales 2026.

Fuente: Andina



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