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Por: Ántero Flores-Aráoz / Puno y su marca
Aunque sea difícil de creer, el Congreso aprobó y el Poder Ejecutivo promulgó y publicó la Ley N° 31838, que es una más de las tantas leyes declarativas que ingresan al índice de normas legales para seguir engrosando los archivos legislativos de disposiciones que no ordenan absolutamente nada y que más bien atentan contra la lógica jurídica en el sentido que las leyes son mandatos que deben obedecer y cumplir los peruanos y todos quienes residen en nuestro país.
Si la ley no manda nada ni ordena nada y tampoco prohíbe nada, pues es nada, no sirve para nada. Ésa ley enunciativa “… declara de interés nacional la creación y el registro de la Marca Puno, como estrategia de desarrollo para distinguir los productos y servicios del departamento de Puno, que se distinguen por … poseer legado cultural, histórico y natural …. Calidad (estandarización y especialización) … ser innovadores y demás consideraciones que establezca el Gobierno Regional de Puno”.
Si el lector entendió algo, es un genio, merece un Premio Nobel, el autor de esta modesta nota solo comprendió que no se ordena nada, aunque soterradamente parecería ser que se delega en el Gobierno Regional de Puno crear la marca en cuestión y ello pese a que la Constitución solo permite delegar las facultades legislativas que posee el Pleno del Congreso, sea en la Comisión Permanente o en el Poder Ejecutivo (artículos 101 y 104).
Nuestro país cuenta con la marca “PERÚ” que fue creada a iniciativa de PROMPERU y que se reguló por un simple Decreto Supremo, este fue el N° 003-2012-MINCETUR. Sin embargo, se sanciona ambiciosamente con norma de mayor jerarquía, una marca que no es para todo el país, sino para una región de él, como es PUNO.
La propuesta legislativa que ha originado la Ley N° 31838, tiene 13 páginas y en ellas se expresa entre otros supuestos conceptos que “una marca sonora, pregnante y memorable …” permitirá el desarrollo y crecimiento de negocios. Si el lector no entendió, pues yo tampoco.
Entre otros fundamentos se dice que “… Puno es la décima región más importante del interior del país …” para sustentar la supuesta necesidad de la Ley. Sin embargo, con tal criterio debería tenerse para las nueve regiones más importantes, antes que Puno, otras marcas regionales, que como sabemos no existen.
El dictamen recaído en el proyecto de ley, francamente es una delicia, tiene 26 páginas que no sustentan nada, siendo lo único rescatable la decisión de una parlamentaria que se abstuvo de la aprobación recomendada.
Existe normatividad para las denominaciones de origen y su protección legal a cargo del INDECOPI, lo que acredita lo innecesario de la nueva ley, que acabará derogada, luego de algunos años al hacerse “limpieza legislativa” Pero también podrá suceder que se presenten innecesarios proyectos de ley para crear marcas departamentales en todas las demás regiones y, no debería sorprendernos que haya iniciativas para marcas provinciales.
Si se quiere halagar a Puno, de una vez autoricen la incorporación del léxico digital en el vocabulario aimara, al igual que tendría que hacerse con el quechua para evitar que quienes solo tienen esos idiomas, estén postergados en el desarrollo tecnológico y digital, pero no sigan aprobando leyes declarativas.
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ALERTAN QUE PROMESAS DE CAMPAÑA SIN FINANCIAMIENTO AMENAZAN EL CRECIMIENTO DEL PERÚ
Videnza Instituto señala que la estabilidad macroeconómica no es suficiente si los planes de gobierno carecen de sustento fiscal y realismo en un año electoral clave.
Pese a la inestabilidad política de los últimos años, la economía peruana ha mantenido un crecimiento promedio de 3.5 % –superior al 2 % registrado en América Latina–, sostenido por su fortaleza macroeconómica. Así lo señaló Luis Miguel Castilla, director de Videnza Instituto y exministro de Economía, quien destacó el rol clave del Banco Central de Reserva (BCR) en la preservación de la estabilidad. “Uno de los grandes responsables de la estabilidad macroeconómica es el presidente del BCR, porque cae un presidente y el tipo de cambio se hace más fuerte, el riesgo país baja y no hay un efecto en los indicadores macroeconómicos”, afirmó.
Sin embargo, Castilla advirtió que esta resiliencia no se traduce en todo el potencial de crecimiento que podría alcanzar el país. En su análisis, el principal freno proviene del discurso político en contextos electorales, marcado por promesas de mayor gasto público sin una explicación clara sobre su financiamiento. “Una campaña electoral se basa en quién ofrece más, quién genera la ilusión de mejorar la calidad de vida de la gente a través de obras y bonos, pero rara vez se establece cómo es que se va a financiar eso”, sostuvo. Según indicó, esta práctica introduce riesgos fiscales que terminan afectando la confianza y las decisiones de inversión. A su juicio, la falta de responsabilidad fiscal es una constante en los planes de gobierno. “Usualmente todos son populistas en distinto grado y la responsabilidad fiscal no caracteriza a las propuestas”, añadió.
Castilla también se refirió al rol de la minería en el debate político actual. Recordó que durante años fue un tema evitado por los candidatos, pero que hoy empieza a ser reivindicado como motor de desarrollo. No obstante, subrayó que el desafío central sigue siendo lograr mayor aceptación social de los proyectos. “Lo importante es que el canon se traduzca nuevamente en el cierre de brechas en las áreas de influencia de los proyectos mineros”, señaló, además de insistir en la necesidad de agilizar permisos y abordar de manera clara la pequeña minería y la minería artesanal.
Fuente: Tv Perú
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PROYECTO NUEVA RINCONADA EN RIESGO DE PARALIZACIÓN POR DEUDAS Y TRABAS ADMINISTRATIVAS
Dirigentes de Lima Sur anuncian movilizaciones tras el fracaso del diálogo en Palacio de Gobierno por la megaobra que beneficiaría a 400,000 familias.
La megaobra de saneamiento Nueva Rinconada, que representa la mayor inversión hídrica en Lima Sur con un avance del 85%, enfrenta un inminente riesgo de paralización debido a falta de pagos y demoras administrativas en Sedapal. Dirigentes de Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y San Juan de Miraflores exigen la inmediata valorización de los trabajos ejecutados para evitar el colapso financiero del consorcio constructor. Carlos Chávez, dirigente de la Comisión Central de Agua y Alcantarillado, advirtió sobre la gravedad del conflicto: “se impedirá en los próximos meses que el Consorcio San Miguel pueda valorizar los mayores metrados realmente ejecutados, con lo cual, al no haber valorización, la caída de la obra es inminente”.
La tensión social aumentó tras una fallida reunión en Palacio de Gobierno, donde el presidente José Jerí no recibió a la delegación de doce dirigentes vecinales. Según el relato de los asistentes, la comitiva rechazó conversar únicamente con asesores y se retiró del lugar al no encontrar una respuesta directa de la alta dirección. Al salir del recinto, Chávez manifestó el cansancio de la población ante las constantes promesas incumplidas: “No es que seamos intransigentes, pero la verdad es que ya no creemos en esto; nos tienen más de 20 años con esta historia. Siempre dicen lo mismo y nunca llegamos a nada”.
La paralización afectaría directamente a más de 400,000 familias que actualmente dependen de camiones cisterna para obtener agua potable a costos elevados. Los dirigentes ratificaron la convocatoria a una marcha masiva hacia el Centro de Lima, solicitando la renuncia del presidente del directorio de Sedapal y la intervención urgente del Ministerio de Vivienda. “Las familias no pueden seguir pagando el precio de la ineficiencia y la falta de compromiso. No estamos pidiendo favores. Estamos defendiendo un derecho básico: agua potable segura y saneamiento digno”, subrayó Chávez durante la asamblea informativa con los vecinos.
Fuente: Infobae
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