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Por: Ántero Flores-Aráoz / Puno y su marca

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Por: Ántero Flores-Aráoz / Puno y su marca


Aunque sea difícil de creer, el Congreso aprobó y el Poder Ejecutivo promulgó y publicó la Ley N° 31838, que es una más de las tantas leyes declarativas que ingresan al índice de normas legales para seguir engrosando los archivos legislativos de disposiciones que no ordenan absolutamente nada y que más bien atentan contra la lógica jurídica en el sentido que las leyes son mandatos que deben obedecer y cumplir los peruanos y todos quienes residen en nuestro país.

Si la ley no manda nada ni ordena nada y tampoco prohíbe nada, pues es nada, no sirve para nada. Ésa ley enunciativa “… declara de interés nacional la creación y el registro de la Marca Puno, como estrategia de desarrollo para distinguir los productos y servicios del departamento de Puno, que se distinguen por … poseer legado cultural, histórico y natural …. Calidad (estandarización y especialización) … ser innovadores y demás consideraciones que establezca el Gobierno Regional de Puno”.

Si el lector entendió algo, es un genio, merece un Premio Nobel, el autor de esta modesta nota solo comprendió que no se ordena nada, aunque soterradamente parecería ser que se delega en el Gobierno Regional de Puno crear la marca en cuestión y ello pese a que la Constitución solo permite delegar las facultades legislativas que posee el Pleno del Congreso, sea en la Comisión Permanente o en el Poder Ejecutivo (artículos 101 y 104).

Nuestro país cuenta con la marca “PERÚ” que fue creada a iniciativa de PROMPERU y que se reguló por un simple Decreto Supremo, este fue el N° 003-2012-MINCETUR. Sin embargo, se sanciona ambiciosamente con norma de mayor jerarquía, una marca que no es para todo el país, sino para una región de él, como es PUNO.

La propuesta legislativa que ha originado la Ley N° 31838, tiene 13 páginas y en ellas se expresa entre otros supuestos conceptos que “una marca sonora, pregnante y memorable …” permitirá el desarrollo y crecimiento de negocios. Si el lector no entendió, pues yo tampoco.

Entre otros fundamentos se dice que “…  Puno es la décima región más importante del interior del país …” para sustentar la supuesta necesidad de la Ley. Sin embargo, con tal criterio debería tenerse para las nueve regiones más importantes, antes que Puno, otras marcas regionales, que como sabemos no existen.

El dictamen recaído en el proyecto de ley, francamente es una delicia, tiene 26 páginas que no sustentan nada, siendo lo único rescatable la decisión de una parlamentaria que se abstuvo de la aprobación recomendada.

Existe normatividad para las denominaciones de origen y su protección legal a cargo del INDECOPI, lo que acredita lo innecesario de la nueva ley, que acabará derogada, luego de algunos años al hacerse “limpieza legislativa” Pero también podrá suceder que se presenten innecesarios proyectos de ley para crear marcas departamentales en todas las demás regiones y, no debería sorprendernos que haya iniciativas para marcas provinciales.

Si se quiere halagar a Puno, de una vez autoricen la incorporación del léxico digital en el vocabulario aimara, al igual que tendría que hacerse con el quechua para evitar que quienes solo tienen esos idiomas, estén postergados en el desarrollo tecnológico y digital, pero no sigan aprobando leyes declarativas.

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Trámites burocráticos amenazan cartera minera de US$64 mil millones, advierten expertos

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Trámites burocráticos amenazan cartera minera de US$64 mil millones, advierten expertos

Un proyecto minero debía cumplir 12 procedimientos administrativos en 2001; hoy son 265, según cifras de Apoyo Consultoría presentadas durante la feria Expomina Perú 2026.

El exceso de trámites y la falta de coordinación entre entidades del Estado son los principales obstáculos para destrabar la cartera de inversión minera del Perú, valorizada en US$64 mil millones, coincidieron especialistas del sector público, privado y académico durante el panel “Propuestas políticas para el sector minero”, realizado en el marco de Expomina Perú 2026, en Lima. Gonzalo Quijandría, vicepresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), recordó que en 2001 un proyecto minero debía pasar por 12 procedimientos administrativos; hoy son 265, según cifras de Apoyo Consultoría. “En los últimos 25 años, lo único que ha empeorado es la burocracia”, afirmó.

Iván Portocarrero, socio de Apoyo Consultoría, detalló que el sector minero enfrenta actualmente cerca de 230 procedimientos administrativos, regidos por unas 470 normas y a cargo de aproximadamente 30 entidades del Estado. Según explicó, los Estudios de Impacto Ambiental demoran en promedio 2.5 veces el plazo legal para su aprobación —y sus modificaciones, hasta 5 o 6 veces—, mientras que los permisos de uso de agua han llegado a tomar hasta 10 veces el plazo establecido, de 36 a 360 días. Eliminar la secuencialidad innecesaria entre trámites, como en el caso de la consulta previa, podría ahorrar entre 8 y 9 meses por proyecto, precisó.

Desde el Ministerio de Energía y Minas, Michael Acosta, director general de Promoción y Sostenibilidad Minera, planteó consolidar una Ventanilla Única Digital que permita evaluar los permisos en paralelo y no de forma consecutiva. Carlos Casas, director del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico, advirtió que el actual boom de precios de minerales críticos no durará para siempre. “La ola viene. Si no nos atrapamos a la ola, la vamos a perder”, afirmó.

Fuente: Minart

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La Línea 2 del Metro de Lima ya duplicó su plazo original y sigue sin fecha de término

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La Línea 2 del Metro de Lima ya duplicó su plazo original y sigue sin fecha de término

La obra, concebida para ejecutarse en cinco años, ya acumula una década de trabajos y avanza sin un cronograma actualizado, señaló la presidenta de Ositrán, Verónica Zambrano, ante el Congreso.

La Línea 2 del Metro de Lima y Callao podría tardar hasta 15 años en concluirse si no se actualiza su cronograma de ejecución, advirtió la presidenta del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), Verónica Zambrano, durante su participación en la Comisión de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor del Congreso. La obra, concebida originalmente para ejecutarse en cinco años, enfrentó desde su inicio contingencias vinculadas a la entrega de terrenos, lo que afectó la elaboración de los expedientes técnicos y generó controversias contractuales entre las partes.

Zambrano explicó que, tras la pandemia, el proyecto se apartó de la programación prevista y que hasta la fecha no cuenta con una calendarización vigente que establezca hitos actualizados para sus etapas pendientes. Según dijo, el organismo supervisa la obra, pero no puede exigirle plazos precisos porque no existe un cronograma vigente. “Ahora estamos yéndonos ya a los 10 años y me temo que podríamos, si no se calendariza, llegar incluso hasta 15 años”, señaló.

La funcionaria consideró necesario negociar una nueva adenda contractual que incorpore los aspectos pendientes para el desarrollo integral de la infraestructura, incluyendo su articulación con otras obras de transporte de la capital. “Esta infraestructura es, luego del Anillo Vial Periférico, la más costosa que hemos tenido como Estado peruano y que además va a tener una gran repercusión en la vida de los ciudadanos”, afirmó.

Fuente: Gestión

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