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Por: Ántero Flores-Aráoz / Puno y su marca
Aunque sea difícil de creer, el Congreso aprobó y el Poder Ejecutivo promulgó y publicó la Ley N° 31838, que es una más de las tantas leyes declarativas que ingresan al índice de normas legales para seguir engrosando los archivos legislativos de disposiciones que no ordenan absolutamente nada y que más bien atentan contra la lógica jurídica en el sentido que las leyes son mandatos que deben obedecer y cumplir los peruanos y todos quienes residen en nuestro país.
Si la ley no manda nada ni ordena nada y tampoco prohíbe nada, pues es nada, no sirve para nada. Ésa ley enunciativa “… declara de interés nacional la creación y el registro de la Marca Puno, como estrategia de desarrollo para distinguir los productos y servicios del departamento de Puno, que se distinguen por … poseer legado cultural, histórico y natural …. Calidad (estandarización y especialización) … ser innovadores y demás consideraciones que establezca el Gobierno Regional de Puno”.
Si el lector entendió algo, es un genio, merece un Premio Nobel, el autor de esta modesta nota solo comprendió que no se ordena nada, aunque soterradamente parecería ser que se delega en el Gobierno Regional de Puno crear la marca en cuestión y ello pese a que la Constitución solo permite delegar las facultades legislativas que posee el Pleno del Congreso, sea en la Comisión Permanente o en el Poder Ejecutivo (artículos 101 y 104).
Nuestro país cuenta con la marca “PERÚ” que fue creada a iniciativa de PROMPERU y que se reguló por un simple Decreto Supremo, este fue el N° 003-2012-MINCETUR. Sin embargo, se sanciona ambiciosamente con norma de mayor jerarquía, una marca que no es para todo el país, sino para una región de él, como es PUNO.
La propuesta legislativa que ha originado la Ley N° 31838, tiene 13 páginas y en ellas se expresa entre otros supuestos conceptos que “una marca sonora, pregnante y memorable …” permitirá el desarrollo y crecimiento de negocios. Si el lector no entendió, pues yo tampoco.
Entre otros fundamentos se dice que “… Puno es la décima región más importante del interior del país …” para sustentar la supuesta necesidad de la Ley. Sin embargo, con tal criterio debería tenerse para las nueve regiones más importantes, antes que Puno, otras marcas regionales, que como sabemos no existen.
El dictamen recaído en el proyecto de ley, francamente es una delicia, tiene 26 páginas que no sustentan nada, siendo lo único rescatable la decisión de una parlamentaria que se abstuvo de la aprobación recomendada.
Existe normatividad para las denominaciones de origen y su protección legal a cargo del INDECOPI, lo que acredita lo innecesario de la nueva ley, que acabará derogada, luego de algunos años al hacerse “limpieza legislativa” Pero también podrá suceder que se presenten innecesarios proyectos de ley para crear marcas departamentales en todas las demás regiones y, no debería sorprendernos que haya iniciativas para marcas provinciales.
Si se quiere halagar a Puno, de una vez autoricen la incorporación del léxico digital en el vocabulario aimara, al igual que tendría que hacerse con el quechua para evitar que quienes solo tienen esos idiomas, estén postergados en el desarrollo tecnológico y digital, pero no sigan aprobando leyes declarativas.
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En Lima Norte, los vecinos de Comas y San Martín de Porres piden acciones concretas de prevención ante el riesgo de desborde de los ríos y la presencia de huaicos, un reclamo que se repite en zonas como Chosica.
El Poder Ejecutivo oficializó, mediante el Decreto Supremo N.° 097-2026-PCM, la declaratoria de estado de emergencia en 796 distritos de 23 regiones del país por 60 días calendario, ante el riesgo inminente de lluvias torrenciales asociadas al Fenómeno El Niño. La medida habilita a los gobiernos regionales y las municipalidades a ejecutar, en coordinación con el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y otras entidades del Estado, acciones inmediatas orientadas a reducir el riesgo y responder ante posibles emergencias.
El decreto precisa que estas intervenciones «deberán tener nexo directo de causalidad entre las intervenciones y el evento climático» y podrán ajustarse según las necesidades de seguridad que se presenten en cada zona. Asimismo, establece que su financiamiento se cubrirá con el presupuesto de las propias entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Estado.
Entre los distritos limeños comprendidos en la norma figuran cuatro de Lima Norte: Comas, San Martín de Porres, Carabayllo y Los Olivos, además de San Juan de Lurigancho, el Rímac y Chaclacayo, entre otros. En Lima Norte, así como en Chosica, los vecinos han manifestado sentirse desprotegidos ante la falta de obras preventivas frente al posible incremento del caudal de los ríos Chillón y Rímac. Una vecina de Lurigancho-Chosica cuestionó a las autoridades en el programa Buenos Días Perú: «No han descolmatado, no han hecho nada».
Fuente: Panamericana TV
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PROINVERSIÓN Y GOBIERNO REGIONAL DE LIMA PRESENTAN CARTERA DE 40 PROYECTOS POR S/979 MILLONES PARA LAS PROVINCIAS
La iniciativa se ejecutará mediante el mecanismo de Obras por Impuestos y beneficiará a más de 900.000 habitantes de provincias como Huaral, Cañete, Barranca y Huarochirí, con inversiones en educación, transporte, salud y saneamiento.
La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) y el Gobierno Regional de Lima presentaron una cartera de 40 proyectos por S/979 millones que se financiarán mediante Obras por Impuestos con el objetivo de cerrar brechas sociales en las provincias de la región. El presidente ejecutivo de la agencia, Luis Del Carpio Castro, remarcó ante inversionistas y desarrolladores que «cada proyecto que promovemos no es solo una obra, es una oportunidad» para que las familias accedan a mejores servicios.
Del total anunciado, 13 proyectos corresponden a educación (S/314,6 millones), 15 a transporte (S/244,3 millones), cinco a agricultura (S/ 97,5 millones), cuatro a saneamiento (S/50,8 millones), uno a seguridad ciudadana (S/89,7 millones), uno a salud (S/141,4 millones) y uno a temas ambientales (S/40,6 millones). Según Del Carpio, la Región Lima dispone de un Tope Máximo de Capacidad Anual de S/2069 millones para este mecanismo, del cual S/1339 millones corresponden al Gobierno Regional, S/698 millones a los municipios y S/31 millones a universidades públicas.
El gobernador regional de Lima, Nicolás Oscar Barrera, señaló, según Rumbo Minero, que «la Región Lima necesita inversión que llegue a la gente» a través de Obras por Impuestos. Los proyectos beneficiarán a más de 900 000 habitantes de distritos de Oyón, Barranca, Yauyos, Cañete, Huaura, Cajatambo, Huarochirí, Canta y Huaral, entre otras provincias. Desde 2024, ya se han adjudicado 126 intervenciones bajo este mecanismo en la región por S/847 millones, de los cuales S/322 millones corresponden solo a lo ejecutado en 2026.
Fuente: ProInversión
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