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Política

revelan sentencia por vínculos con Montesinos

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La candidatura presidencial de Carlos Álvarez, líder del partido País para Todos, enfrenta una fuerte controversia luego de que se revelara que el exhumorista omitió declarar una condena judicial por peculado en su hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La información, difundida por el programa periodístico Beto a Saber, ha reavivado el debate sobre la transparencia de los aspirantes a cargos públicos y la responsabilidad ética que implica postular a la Presidencia de la República.

De acuerdo con el reportaje, Álvarez fue condenado en el año 2002 por su participación como cómplice en un delito contra la administración pública, vinculado a su rol como operador del exasesor presidencial Vladimiro Montesinos, figura central del régimen de Alberto Fujimori y símbolo de una de las etapas más oscuras de la corrupción política en el país.

El expediente N.º 031-2002, emitido por la Tercera Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima, estableció inicialmente una pena de cuatro años de prisión efectiva contra Carlos Gonzalo Álvarez Loayza. Posteriormente, por decisión mayoritaria de los vocales superiores, la sanción fue modificada a tres años de prisión suspendida, manteniéndose, no obstante, la condición de sentenciado.

Pese a la relevancia de este antecedente judicial, el candidato marcó la opción “No” en el rubro de su hoja de vida donde se consulta si ha tenido alguna sentencia o condena. Según la normativa electoral vigente, ocultar o consignar información falsa en este documento constituye una falta grave, que puede derivar incluso en la exclusión de la contienda electoral.

Consultado por el programa que reveló el caso, Carlos Álvarez evitó brindar explicaciones. “Ya eso lo contestaré más adelante. Vamos a… en este momento porque estamos en un tema privado”, respondió al reportero, sin aclarar por qué no informó al JNE sobre una condena que forma parte de su historial judicial.

Pero las omisiones no terminan ahí. El informe periodístico también advierte que el candidato no declaró un vehículo Mazda CX-90 del año 2025, propiedad de su empresa Producciones Carlos Álvarez E.I.R.L., valorizado en aproximadamente 160 mil soles. En su declaración jurada, Álvarez solo consignó un automóvil deportivo Porsche del año 2013, dejando fuera un bien patrimonial relevante que debió ser informado conforme a ley.

Este nuevo flanco de cuestionamientos golpea la imagen de quien intenta posicionarse como una alternativa política “diferente” frente a los partidos tradicionales. En un contexto donde la ciudadanía exige mayor transparencia y ética pública, la revelación de antecedentes ocultos erosiona seriamente la credibilidad de cualquier aspirante presidencial.

El caso de Carlos Álvarez no es aislado. En el actual proceso electoral, otros postulantes también han sido observados por inconsistencias en sus declaraciones. Mario Vizcarra, por ejemplo, sí consignó una sentencia por corrupción, pero su candidatura se encuentra en riesgo debido a la gravedad del delito. En tanto, Alfonso López-Chau, exrector de la UNI, no informó que estuvo privado de su libertad durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado, un dato relevante para evaluar su trayectoria personal y política.

Estos episodios ponen nuevamente sobre la mesa la importancia del filtro ético y legal que debe ejercer el Jurado Nacional de Elecciones, así como el rol de la prensa en la fiscalización de los aspirantes a cargos de alta responsabilidad. La hoja de vida no es un simple trámite administrativo: es una herramienta clave para que los electores conozcan quiénes son realmente los candidatos y qué antecedentes arrastran.

En el caso de Carlos Álvarez, la omisión de una condena por peculado —delito que atenta directamente contra los recursos del Estado— resulta especialmente grave, más aún cuando se trata de una figura pública que ahora busca dirigir los destinos del país. La ciudadanía espera respuestas claras y acciones firmes por parte de las autoridades electorales para garantizar que la contienda se desarrolle con transparencia, veracidad y respeto a la ley.

Mientras el JNE evalúa la situación, la polémica ya ha generado un impacto político significativo. Para muchos analistas, este episodio podría marcar un punto de quiebre en la campaña de Álvarez, evidenciando que en política no basta con la popularidad mediática: la coherencia entre el discurso y los antecedentes personales es hoy una exigencia ineludible para quienes aspiran a gobernar el Perú.



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Política

La población está caliente y todavía no se enchufa con las Elecciones Generales 2026

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Obligados al fin, los peruanos tendremos que ir a votar tapándonos la nariz y perdernos en la sábana de sufragio.

24 PLANCHAS QUEMADAS

  • La atomización del voto como estrategia de una clase política que se niega a soltar el botín del Estado.

El espectáculo que el Jurado Nacional de Elecciones nos ha servido este 2 de enero no es una fiesta democrática, sino un funeral de la inteligencia. Al cerrar el registro con 24 fórmulas presidenciales inscritas para abril de 2026, el Perú ha oficializado su ingreso al manicomio de la fragmentación. Lo que tenemos ante nosotros no es una oferta política; es un mercado de pulgas donde se liquidan retazos de ideologías muertas y apetitos personales que dan náuseas.

Miren la lista, si el estómago se los permite. Ahí está la señora Keiko Fujimori, persistiendo en su vocación de naufragio; el señor César Acuña, cuya relación con la sintaxis es tan precaria como su compromiso ético; ‘Porky’ López Aliaga, que en ocasiones parece un tren a la deriva, por mencionar a algunos.

Es la barbarie del número. En un país con un 68.9% de ciudadanos que aún no sabe por quién votar (según el último reporte del IEP), lanzar 24 candidatos con sus respectivas planchas es una burla, un insulto a la desesperación de un pueblo que ya no espera nada de sus instituciones.

Estamos ante una ‘democracia’ de cartón piedra. Según el padrón del RENIEC, más de 27.3 millones de peruanos estamos llamados a las urnas, pero nos envían al matadero electoral con una cédula que parecerá una guía telefónica. La ONPE ha advertido que estos comicios costarán cerca de 1,500 millones de soles. Es una fortuna dilapidada para financiar las ambiciones de aventureros que, en su mayoría, no alcanzan ni el 1% de intención de voto.

TRAGEDIA A LA VISTA. Es el triunfo de la mediocridad institucionalizada: el JNE admite planchas con planes de gobierno que son meros ejercicios de ‘copy-paste’ y paridad de género de fachada, mientras las tachas se resuelven en el limbo de la burocracia.

¿Qué nos queda? Una nación atomizada donde el voto se dispersará tanto que el próximo presidente podría llegar a la segunda vuelta con apenas un 8% o 9% de respaldo real, repitiendo la tragedia del 2021.

Es el abismo de la ilegitimidad. Mientras el 12 de abril se acerca, el aire huele a descomposición. Lo que el JNE llama «cumplimiento de requisitos legales», nosotros lo llamamos el acta de defunción de un sistema que ha preferido la cantidad de los cómplices a la calidad de los estadistas.

El Perú no va hacia una elección; va hacia un choque de trenes donde los únicos sobrevivientes serán, como siempre, los oportunistas que han hecho de la política el negocio más lucrativo y asqueroso de nuestra historia. Esa es la cruda realidad.

“Es una fortuna dilapidada para financiar las ambiciones de aventureros que, en su mayoría, no alcanzan ni el 1% de intención de voto”.

9

en periodo de tacha y 2 con tacha en trámite.





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Política

¡QUÉ TAL OSTRA! ‘Ototongos’ tienen la mesa servida con S/1,768 millones

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Entre curules y fajines (caña)

  • Mientras el país se hunde en la anemia, el Congreso duplica su presupuesto para alimentar su propia ineficiencia.

Por: Toto de la Torre Ugarte

Lo que ha revelado el reciente informe de Ojo-Público no es solo una cifra, es un escupitajo en el rostro de un país que se desangra en la pobreza y extrema pobreza. Mientras el ciudadano de a pie hace malabares con un sueldo mínimo que es un insulto a la dignidad, el Congreso de la República ha decidido que la austeridad es una palabra prohibida, un arcaísmo de mal gusto. En apenas un lustro, este cónclave de la mediocridad ha logrado lo que ningún sector productivo del país: duplicar su presupuesto, pasando de los 600 millones de soles en 2019 a la pavorosa suma de S/1,768 millones proyectados para el 2026.

Es la apoteosis del despilfarro. No estamos ante una inversión en inteligencia legislativa o en la modernización de nuestras instituciones; estamos ante el engorde de una burocracia parasitaria que ha convertido la representación nacional en una agencia de empleos para amigos, amantes y cómplices.

Los datos son de un cinismo escalofriante: el 71% de estos recursos, es decir, más de 1,260 millones de soles, se destina exclusivamente a planillas y obligaciones sociales. Han creado un ejército de más de 3,600 trabajadores, donde la meritocracia ha sido sustituida por el carné partidario y el «mochasueldismo» como deporte nacional.

FRIOLERA. Miren el cuadro del desastre: mientras más del 80% de los peruanos desprecia profundamente a esta institución, cada congresista nos cuesta hoy la friolera de 7.1 millones de soles anuales. Es una democracia de oro para un pueblo de barro. Han gastado S/100 millones solo en remodelaciones para recibir a la futura bicameralidad, esa trampa que nos vendieron como solución y que no es más que una ampliación de la mesa para que más comensales participen del festín. “Nosotros sabíamos que la bicameralidad sí iba a implicar un gasto mayor”, dijo Flavio Cruz (PL).

Este aumento del 168% en la última década es la prueba irrefutable de que el Parlamento no sirve al país, se sirve de él. Es un sistema de autocomplacencia donde se aprueban bonos de S/10,000 en madrugadas clandestinas mientras el déficit fiscal nos respira en la nuca. El Perú no tiene un Congreso; tiene una corporación del beneficio propio que ha decidido que, ante la crisis, la solución es saquear el Tesoro Público. Lo que vemos no es política, es pillaje con terno, una pantomima costosa que terminará por hundir lo poco que queda de nuestra fe en la libertad.

“Cada congresista nos cuesta hoy la friolera de 7.1 millones de soles anuales”.

130

diputados y 60 senadores tendremos desde 2026.

————-

Según Fernando Rospigliosi, president del Congreso, el incremento de S/356 millones al presupuesto anterior se debe al retorno a la bicameralidad y a nuevas obras de infraestructura legislativa.

 “Somos ciento treinta congresistas actualmente. Con la bicameralidad, se aumentan sesenta más y eso requiere presupuesto”, sostuvo el legislador Esdras Medina durante la discusión previa a la votación.





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