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Utilidades 2023: condiciones para que los trabajadores las perciban – Diario Nacional Realidad.PE

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El pago de utilidades es un derecho laboral reconocido en la Constitución Política del Perú y se paga cada año dentro de los 30 días después de vencido el plazo para la presentación de la declaración jurada anual del impuesto a la renta (IR), destacó la jefa del área laboral de Cuatrecasas, Aymé Límaco.

No obstante, no todos los trabajadores acceden a este pago adicional, ya que deben cumplirse ciertos supuestos, refirió.

En ese sentido señaló que el derecho a la participación de utilidades consiste en que los trabajadores acceden a un porcentaje de las ganancias netas (es decir, las ganancias de la compañía menos la suma de inversiones e impuestos generados durante un año) que percibe la empresa.

“Hay empresas que al finalizar el año no perciben ganancias netas y en consecuencia, no hay utilidades para repartir. También puede darse el caso que sí hayan percibido ganancias, pero la empresa opta por reinvertir ese dinero”, detalló.

Asimismo, la abogada precisó que otro requisito para que los trabajadores accedan al derecho de reparto de utilidades es que laboren en empresas que generan rentas de tercera categoría y que cuenten con más de 20 trabajadores en promedio en el ejercicio computable.

“Es importante mencionar que están exentas del reparto de utilidades las empresas individuales, comunales, autogestionarias, microempresas, cooperativas y sociedades civiles”, resaltó Límaco.

Caso de extrabajadores

Para quienes cumplen con todos los criterios antes mencionados, pero que dejaron de laborar en la empresa antes de la fecha en la que se distribuyen las utilidades, afirmó que sí tienen derecho a cobrar el monto que les corresponda.

“Este cobro lo pueden hacer, incluso, hasta cuatro años después de extinguida la relación laboral. Para ello, los extrabajadores deben solicitarlo expresamente a sus anteriores empleadores”, precisó la abogada.

Si la empresa no cumple con el pago de utilidades puede ser sancionada por la Superintendencia Nacional de Fiscalización (Sunafil) con multas que pueden ir hasta 129,294 soles, concluyó.


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Hacinamiento carcelario se agrava mientras fallan la inversión pública y las políticas de prevención del delito

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Un análisis de Videnza Instituto alerta que el sistema penitenciario opera al borde del colapso y que la ausencia de prevención sigue alimentando la inseguridad en las calles.

El Perú enfrenta una crisis penitenciaria sin precedentes. Según un reciente análisis de Videnza Instituto, el país alberga 103 mil internos en establecimientos diseñados para 42 mil, lo que representa un hacinamiento del 147 % y escenarios extremos en regiones como Huancavelica (462 %) y el Callao (440 %). Todo esto ocurre a pesar de que el presupuesto en seguridad se triplicó en la última década. El informe advierte que el sistema actual solo profundiza la inseguridad: “La privación de libertad no funciona como un puente hacia la reintegración”, señala Videnza.

Mientras la población penitenciaria casi se duplicó entre 2007 y 2024, la infraestructura no avanzó al mismo ritmo. De 53 obras a cargo del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), 25 no tienen ejecución financiera, lo que compromete más de S/1,326 millones, y solo S/59 millones se han ejecutado este año. Para Videnza Instituto, esta brecha evidencia que el problema “no es coyuntural, sino estructural”.

El análisis subraya que la ampliación de infraestructura no basta si no se enfrenta la operación criminal desde dentro de las cárceles. Propone bloquear comunicaciones ilegales, implementar un sistema integrado de información para evitar traslados discrecionales y reforzar la inteligencia penitenciaria. También plantea ampliar medidas alternativas para adolescentes y personas primarias, a fin de frenar el colapso del sistema.

La crisis se agrava con un creciente número de trabajadores penitenciarios investigados por corrupción —casi 50 solo este año—, lo que, según el informe, convierte a los penales en espacios donde el delito se reproduce y se fortalece. Videnza Instituto concluye que el país no podrá enfrentar la inseguridad sin una reforma profunda del sistema penitenciario basada en tecnología, transparencia y programas efectivos de reinserción. La advertencia es contundente: la seguridad ciudadana “no es una opción: es una urgencia impostergable”.

Fuente: Gestión

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Recorte presupuestal en Mi Vivienda podría dejar sin acceso a casa a 30 mil familias peruanas

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José Espantoso, presidente de la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios, advierte que la reducción de S/ 2.200 millones a S/ 1.000 millones en el fondo Mi Vivienda afectará seriamente la inversión privada y agravará la informalidad urbana.

El recorte del presupuesto asignado al fondo Mi Vivienda para el año 2026 podría dejar sin acceso a una vivienda formal a cerca de 30 mil familias peruanas, advirtió José Espantoso, presidente de la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios. Espantoso explicó que el presupuesto para 2026 se ha reducido a solo S/ 1.000 millones, un monto heredado de la administración anterior, frente a los S/ 2.200 millones ejecutados en 2025. Esta disminución afecta tanto a quienes buscan adquirir vivienda nueva como a aquellos que desean construir en terreno propio bajo el programa Techo Propio, impactando directamente en el esfuerzo por cerrar el déficit habitacional estimado en 1.9 millones de viviendas.

El representante gremial alertó que la reducción presupuestaria no solo golpea la demanda de vivienda, sino que también envía una señal negativa a la inversión privada en el sector inmobiliario, el segundo más importante después de la minería, que genera más de 280 mil empleos. Además, señaló que la falta de acceso a vivienda formal incrementa la ocupación informal del suelo urbano, un fenómeno que, citando estudios del IPE y GRADE, ha representado el 93% del crecimiento urbano en los últimos 20 años.

Pese a la situación crítica, Espantoso destacó que existe voluntad política para revertir el escenario mediante un crédito suplementario que se discutiría en los primeros meses de 2026. También propuso una ley de financiamiento habitacional para dar predictibilidad al bono habitacional por los próximos cinco años. El líder gremial finalizó advirtiendo que si no se logra una solución rápida, “se agotan los fondos a mitad de año y los proyectos se congelan. No podemos repetir esa historia”.

Fuente: Canal N

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