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Lima Norte

64 % desaprueba gestión de López Aliaga – Señal Alternativa

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Solo un 29% de encuestados le otorgó su aprobación al desempeño que ha tenido la autoridad limeña desde que asumió el cargo en enero pasado.

Falta poco para que concluya el 2023 y, junto con este, el primer año de la actual gestión de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML). En relación a ello, una encuesta realizada por Datum Internacional para El Comercio, reveló que el 64 % de los ciudadanos desaprueba la labor que viene desarrollando el alcalde Rafael López Aliaga al mando de la comuna capitalina.

Cabe precisar que esta cifra corresponde al mes de noviembre, y se ubica ocho puntos porcentuales más arriba respecto a la última medición hecha en el mes de octubre, donde la desaprobación al burgomaestre había alcanzado un 56 %.

Por otro lado, de acuerdo al estudio, solo un 29 % de encuestados le otorgó su aprobación al desempeño que ha tenido la autoridad limeña desde que asumió el cargo en enero pasado. Asimismo, este indicador descendió siete puntos porcentuales.

La encuesta muestra que el rechazo a López Aliaga es más elevado en los niveles socioeconómicos D y E con un 70 % y 75 % de desaprobación, respectivamente. En tanto, los niveles de aprobación más altos los consiguió en los niveles A/B, con un 34 %, una cifra que tampoco es muy alentadora.

Con respecto al género, son los hombres quienes rechazan en mayor medida la gestión del líder de Renovación Popular en la MML, con un 70 %. La desaprobación por parte de las mujeres llegó al 57 %.

Además, tomando en cuenta los grupos etarios, las personas que tienen entre 35 y 44 años son los que se encuentran menos contentos con López Aliaga (76 %). A ellas les sigue quienes se encuentran entre los 55 y 70 años de edad (70 %).

El estudio de Datum tuvo como propósito conocer la percepción de la población respecto de la coyuntura política, económica y social del país. El grupo objetivo fueron hombres y mujeres, de 18 a 70 años de edad, pertenecientes a todos los niveles socioeconómicos, considerando zonas urbana y rural. Este se llevó a cabo nivel nacional, del 3 al 07 de noviembre del 2023.

Factores de desaprobación

Para Cynthia Yamamoto, activista por los derechos ciudadanos y fundadora del Colectivo Peruanos de a Pie, estas cifras reflejan una percepción de ausencia que tiene los limeños respecto a su alcalde. Agregó que la poca presencia del burgomaestre en varias actividades de la MML lo ha alejado de los ciudadanos.

“Me parece que básicamente se siente la ausencia del alcalde. En muchas ocasiones la Municipalidad de Lima solo está haciendo actos protocolares y en muchos de ellos ni siquiera está el alcalde, sino el teniente alcalde”, dijo.

Además, Yamamoto sostuvo que un factor importante para el aumento de la desaprobación hacia López Aliaga ha sido la falta de avances concretos en las distintas competencias de la MML, que ha ido la mano con las constantes promesas, hechas desde la época de campaña hasta la actualidad, que se renuevan, pero no se cumplen. Al menos no del todo.

“Uno de los únicos anuncios importantes a la fecha ha sido el tema de las motos, pero ni siquiera se trata de una estrategia integral de seguridad ciudadana. El tema de los peajes también, que prometió que iban a desaparecer, ha quedado en nada. Las falsas promesas del alcalde ha sido un factor importante”, indicó la experta.

Otro punto en contra del alcalde de Lima, señaló Yamamoto, ha sido la baja calidad del transporte público y la pésima infraestructura vial existente, pues un sector aún cree que este tema es competencia de la MML. “Y si bien puede mejorar la movilidad de las personas, el avance del municipio de Lima en esta materia es muy limitado”, dijo.

Finalmente, otro factor desencadenante en la poca aprobación a la gestión de López Aliaga, es el tema de las ollas comunes. Yamamoto consideró que la autoridad ha hecho mal en pelearse con las mujeres autogestionarias en una situación de crisis alimentaria.

“Ha tenido un discurso misericordioso de las ollitas comunes, cuando en el fondo lo que ha hecho es haber creado fricciones con estos grupos”, comentó.

Principales polémicas en torno al alcalde

El líder de Renovación Popular realizó varias promesas durante su campaña a la alcaldía de Lima, todo un paquete de medidas que pretendía, en sus propias palabras, convertir a Lima en potencia mundial. Esto le valió para obtener más de un voto.

Sin embargo, fue el incumplimiento de algunas de estas promesas lo que ha causado polémica y la crítica de un sector de los ciudadanos. Una de estas promesas fue la compra de 10 mil motos con GPS incorporado, para que policías y serenos realicen el patrullaje contra la delincuencia.

Tras la demora de esta entrega, tan anunciada durante su campaña, López Aliaga informó recientemente que ya se aprobó la compra de los vehículos a través de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). Precisó que se ha buscado que las unidades cuenten con un sistema de geolocalización para que se puedan monitorear.

Sin embargo, precisó que la entrega se dará en el 2024, y que esta se dividirá en 4 partes. Primero, se realizará una primera entrega de solo 400 unidades hasta el 15 de enero. La segunda entrega (de 600 unidades) está programada hasta el 15 de abril; la tercera (de 900 motos) será hasta el 15 de mayo; y hasta el 30 de junio se entregará el resto de unidades prometidas: 2.100 motos.

Los peajes

Asimismo, la polémica más grande sigue siendo la de los peajes. El alcalde de Lima prometió anular aquellos de propiedad de Rutas de Lima. Este anuncio fue su bastión durante la campaña y ya en el sillón municipal interpuso varias acciones para dar de baja los contratos, pero sin fruto alguno.

Incluso, la discusión entre la MML y la concesionaria llegó a instancias judiciales. En octubre, ambas partes expusieron sus alegatos ante la Sala Segunda del Tribunal Constitucional (TC), en el marco de la demanda de habeas corpus interpuesta por el abogado Ramón Pairazaman León contra la empresa por el peaje ubicado en el distrito de Puente Piedra. La decisión del TC ha quedado al voto.

Reubicación de los ambulantes

Otro hecho polémico fue la frustrada reubicación, en julio pasado, de los ambulantes de Mesa Redonda y Mercado Central en la denominada “Huerta Encontrada”, en la cuadra 7 del jirón Amazonas, en el corazón de Barrios de Altos. A menos de un mes de haberse destinado este espacio para vendedores informales del Centro de Lima, el alcalde admitió que la iniciativa fue un fracaso.

Como consecuencia de esta medida trunca, el comercio ambulatorio volvió a invadir las calles de Mesa Redonda y Mercado Central. Gran parte de los ambulantes que pertenecían al grupo que fue reubicado en la feria decidieron regresar al ver que no tenían ventas. Los comerciantes indicaron que el sitio era inaccesible y poco conocido, por lo que a las personas se les dificultaba llegar. Además, dijeron que había una sensación de inseguridad en la zona.

La playa artificial de SJL

En tanto, otras de las acciones más criticadas a López Aliaga fue la inauguración de una playa artificial en San Juan de Lurigancho en mayo pasado. Esta innovadora atracción tiene una dimensión de 2.500 metros cuadrados.

Para la obra se dispuso la colocación de arena fina, palmeras, duchas y sombrillas de bambú alrededor de la piscina del parque zonal Huiracocha. Un grupo de vecinos y expertos calificaron esta medida como un derrocho de dinero.

Algo a precisar es que muchas otras propuestas fueron cuestionadas en su momento, por expertos y ex autoridades, quienes señalaron que no serían posibles de concretar debido a que no estarían dentro de las competencias del alcalde de Lima. Señalaron que promesas requerirían la participación de otras entidades u organismos, quienes sí tendrían la competencia respectiva en el tema. Estas propuestas estaban ligadas a sectores como educación, seguridad, salud y transporte.

Fuente: El Comercio



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“Lo que hoy reina en el Perú es la impunidad” – Señal Alternativa

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El contralor Nelson Shack responde al primer ministro por decir que la Contraloría tiene en su cuenta 1.600 millones de soles y que con eso podría construir hospitales y colegios. También habla de las consultorías y el despilfarro del gobierno.

Después de siete años, en julio termina su mandato como contralor y lamentablemente la corrupción continúa galopante.

El problema fundamental de la corrupción es la impunidad. Los problemas ya no están en cómo prevenir porque para eso creamos el control concurrente, pues antes lo que hacía la Contraloría era puro control posterior. Ahora, desde el 2021, con el control concurrente y todas las leyes que se han aprobado, el modelo ha cambiado. Las obras con control concurrente cuestan menos plata, no se paralizan y se terminan. Todo el tema de la capacidad para detectar y para prevenir, se ha avanzado.

¿Entonces en dónde radica el problema? Usted acaba de anunciar más de 24,268 millones de perjuicio al Estado en el 2023…

El problema está en que no hay sanción efectiva y ejemplar contra los corruptos. Yo acabo mi mandato tranquilo y satisfecho con todo lo logrado, pero también me retiro apenado al ver que desgraciadamente las reformas que se tenían que hacer en el Estado Peruano no se han dado por temas de impunidad. Se necesita una reforma política y judicial. Los corruptos tendrían que estar presos, pero lo que hoy reina en el Perú es la impunidad. Ese es el gran problema. Siempre podemos hacer más cosas, pero ya tenemos una enorme capacidad de detección, trabajamos con inteligencia artificial, prevenimos, investigamos y sacamos miles de informes al año. Solo el año pasado hemos imputado responsabilidad administrativa, civil y penal a 9.300 funcionarios.

¿Y cuántos tuvieron sanción?

Ninguno. Ni uno solo. Ese es el problema, la impunidad. Esa transparencia de la Contraloría que es correcta está generando más frustración en la población. Mira lo que pasa en provincias. Pueblo chico, infierno grande. Todo el mundo se conoce, se sabe quién es quién.

Usted exige una reforma judicial, pero mire la Fiscalía. Un nido de grillos…

Estamos entrampados, pero yo espero que lleguemos a un acuerdo para hacer la reforma judicial. Se necesita voluntad política.

¿Hay voluntad en el gobierno de Boluarte?

Voluntad puede existir, pero el tema es que no sé si saben cómo hacerlo, ni tampoco sé si tienen los recursos para poder hacerlo. Yo me reuní con todos los líderes políticos y les dije: si voy a ser contralor es para que me ayuden a hacer esta reforma y escribí todos los cambios y modificaciones en la Constitución. Lo único que me falta hoy es que el Congreso apruebe por insistencia la ley de la carrera del auditor gubernamental. La Contraloría ya se ha vuelto en una institución tutelar de la República y, por lo tanto, tenemos que garantizar que los auditores sean los mejores y que tengan como una carrera, como la que existe en el servicio diplomático o en el Banco Central.

En el terreno de la defraudación usted tocó un nervio muy duro que es la consultoría. El año pasado se ha gastado en el aparato estatal 6.000 millones en consultorías.

En el Estado Peruano hay dos temas que tenemos que separar y que son de gran preocupación para nosotros. ¿Cuánto se contrata a dedo, sin proceso, sin transparencia, sin competencia, sin pluralidad de postores a dedo? Son las famosas contrataciones de menos de 8 UIT. ¿Y cuánto son 8 UIT? 41.200 soles.

Si junta los casos es un cerro de dinero.

Una barbaridad. En la comisión descentralizada de Economía he dicho que como ahora van a sacar la nueva ley de contrataciones deben arreglar esta situación. Les hemos enviado propuestas. El año pasado, el 2023, en todo el Estado se han gastado más de 19,300 millones de soles a dedo. Eso es la tercera parte de todo lo que el Estado contrata.

¿A dedo?

A dedo. Y comprenderás que muchas de esas contrataciones no son buenas. Nadie ha competido, nadie ha sido transparente, no ha habido pluralidad de postores. En estas contrataciones están los allegados de todas las altas autoridades, todos los favores políticos que hay que pagar. ¿Sabes qué es lo más curioso? Que todo es legal.

¿La ley está hecha para eso?

No fue para pagar favores, seguramente fue con la buena intención de agilizar contrataciones, pero claramente esto ha desbordado por completo y dentro de este rubro están las consultorías. Efectivamente, se gastan entre 6.000 y 7.000 millones de soles en consultorías. De esas el año pasado 3.200 millones estaban en el gobierno, en el Poder Ejecutivo. En la PCM se han gastado más de 200 millones en consultorías. Para saber si estuvo mal haremos el mega operativo. Por primera vez vamos a poder saber en qué gasta el Estado nuestra plata haciendo consultorías. Se va a poder transparentar la consultoría: ¿Por qué la pediste? ¿Cuál fue la motivación? ¿Qué te entregaron? Y, sobre todo, ¿esa consultoría ha servido para algo?

¿Cuál es su sospecha?

Yo creo que habrá de todo, pero hay una enorme cantidad de recursos que son despilfarro, que son consultorías que no sirven para nada.

Cuando ha contado el tema de la corrupción en el actual gobierno el primer ministro Otárola le ha dicho que ya que habla de transparencia nos cuente de los 1.600 millones de soles que tiene guardados en la cuenta de la Contraloría; que con ese dinero se habría podido construir 100 postas médicas, hospitales, colegios. ¿Esto es verdad?

Eso que ha dicho es falso, yo entiendo que ha sido mal informado porque él no conoce de estos temas. Los presupuestos de las instituciones públicas, como la Contraloría están publicados, los aprueba el Congreso y se ejecutan año a año. Hemos sacado la ley del control concurrente y, efectivamente, hoy los recursos de la Contraloría provienen de lo que nos da el Ministerio de Economía y Finanzas, que es para hacer siempre el control posterior y las transferencias que recibimos de las distintas entidades para hacer el control preventivo.

¿Para control posterior cuánto tiene?

El presupuesto para los servicios de controles posteriores que determinan las responsabilidades de malos funcionarios, gastos de procesos sancionadores, procuraduría, fiscalización del patrimonio declarado por funcionarios públicos en sus declaraciones juradas, entre otros es de aproximadamente 650 millones para este 2024. Para el control concurrente, es 1.600 millones; pero no es que lo tengamos en una cuenta. Hemos recibido transferencias por ese valor desde hace 4 años que ya se han ejecutado y gracias a eso se ha financiado el control concurrente. Pero además esa plata no es solamente para lo que ya hemos hecho, es para financiar las intervenciones de control concurrente que las mismas instituciones, entre ellas los ministerios, nos han transferido para hacerlo durante el 2024 y el 2025. Entonces no es que tenemos disponibles 1.600.

¿Cuánto tienen?

Lo que aparece como saldo disponible son como 275 millones para ser ejecutados en control el 2025. Cualquier funcionario que sabe de presupuestos lo puede verificar en los sistemas informáticos del propio Gobierno que a su vez se reflejan en el portal de Transparencia del MEF disponible a la ciudadanía.

Otárola dijo que con tanto dinero se pueden construir postas, colegios…

Otárola está mal informado. Cree que esa plata está disponible y no es así. Ese presupuesto ha permitido la expansión de todos los servicios de control desde el 2021. Y, por otro lado, mi función no es construir hospitales o colegios; esa es función del Ejecutivo. Nosotros tenemos una función de fiscalización, nosotros no somos los que gestionamos. Está confundiendo totalmente el rol. Lo que está diciendo o más bien enviando el mensaje es que presionarán a Contraloría con el tema del presupuesto y eso es fatal.

Le está diciendo cállate y no hables de mis consultorías porque yo te puedo cortar el presupuesto.

No lo sé, pero digamos trato de entender por qué, ha dado semejante declaración. Prefiero pensar que no está bien informado porque por su declaración todo el mundo ha entendido que tenemos 1.600 millones de soles en una cuenta y que no hacemos nada por la salud o la educación.

¿Otárola se picó?

El que se pica pierde, siempre es así y él perdió.

Ahora el primer ministro tendrá que salir a explicar por qué la PCM gasta 200 millones en consultorías.

Hay que ser conscientes, también, de que el Estado está tan desordenado y que muchas personas son contratadas bajo el rubro de consultorías. No miles de personas, sino cientos de miles de personas se contratan en todo el país. Eso es parte de los problemas del desorden.

¿Qué piensa hoy del Gobierno?

Creo que hay problemas estructurales y en un año de gobierno no se pueden resolver, pero también ha habido muchas decisiones que no han resultado. Todavía hay bastante ineficiencia y nula ejecución de los recursos por las escasas capacidades de los funcionarios; por eso, es tan importante un servicio civil calificado. Siempre he creído que si todos los actores del Estado nos pusiéramos de acuerdo en dos o tres cosas otra sería nuestra historia. Para eso se necesita un liderazgo claro y una sola estrategia hasta sacar adelante las reformas. El problema es que la impunidad nos traiciona y para poder tratar de avanzar un poco voy a enviar un proyecto de ley la próxima semana al Congreso para crear una procuraduría especializada en control gubernamental.

¿Usted está de acuerdo en que todo el equipo Lava Jato y todos los fiscales supremos se vayan a su casa?

No puedo decir eso, pero es clarísimo de que todos los casos emblemáticos de la gran corrupción en el Perú empezaron con bombos y platillos, pero no han dado resultados luego de 6 años. Lo que tenemos que hacer es, de repente, repensar el modelo de operación, un proceso no puede demorar una década.

¿Y qué piensa de los colaboradores eficaces? Todos los tiburones del club de la construcción hoy son colaboradores eficaces. ¿Qué clase de justicia es esa?

Por eso digo que a la luz de la experiencia debemos repensar el modelo. La población observa que efectivamente ha pasado mucho tiempo y no hay nadie preso. Que nadie realmente que esté pagando por todo el daño que ha hecho. ¿Qué pueden pensar?

“No sé si necesitamos un Bukele. Sí necesitamos que nuestra justicia funcione”

Majes Siguas II está parado desde el 2017 por una controversia entre la empresa y el Gobierno Regional de Arequipa. No le parece el colmo cuando podría dar trabajo a tanta gente…

El peor negocio para una sociedad es tener obras paralizadas. Existen 2.300 obras paralizadas al 31 de diciembre del año pasado que valen de acuerdo a las cifras oficiales 26.000 millones. El problema es que ya gastamos 13.000. Es decir, los peruanos ya invertimos la mitad y hay obras paralizadas hace 10 años. Es fundamental tratar de ayudar a que esto se solucione. Hemos iniciado una serie de reuniones de trabajo en distintas regiones y estamos impulsando un mecanismo que permita destrabar; no todas, porque una obra paralizada hace más de 10 años ya no la puedes reactivar. Hay que liquidarla. La plata invertida se fue al agua, está perdida y se deben imputar responsabilidades, pero hay que priorizar.

¿Se da cuenta de lo que nos está diciendo? Es plata perdida y los funcionarios están libres…

En una sociedad perversa y no se va a solucionar si es que no se sanciona.

¿Necesitamos un Bukele?

No sé si necesitamos un Bukele, no creo. Lo que necesitamos es que nuestro sistema de justicia funcione.

Pero no funciona. ¿Qué hacemos? ¿Apagamos la luz?

No. Tenemos que hacer el esfuerzo conjunto con todas las altas autoridades en el marco de una reforma para tomar decisiones concretas. Evaluar detenidamente el desempeño de los jueces, de los fiscales y hacer una reforma.

Usted habla de reforma, en la fiscalía se sacan los ojos y la Junta Nacional de Justicia está esperando su guillotina.

No me corresponde a mí decir o pensar qué cosa vamos a hacer con la JNJ. Lo que sí está claro es que necesitamos reformar el sistema de justicia.

¿Es posible con los miembros actuales?

No lo sé.

Fuente: El Comercio – Milagros Leiva / Periodista



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Corredores paralizan sus recorridos – Señal Alternativa

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Miles de usuarios afectados

En relación al anuncio de paralización del servicio del Corredor Morado, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), luego de buscar consensos con sus representantes, informan a la opinión pública lo siguiente;

De acuerdo a la Ley de Promoción de Inversión Privada, no existe un marco legal, ni contractual que permita a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) otorgar, mediante trato directo, el pago de indemnizaciones que involucren recursos públicos que no son de libre disponibilidad.

En ese sentido, para garantizar la continuidad del servicio, el Ejecutivo presentará un proyecto de Ley al Congreso de la República para crear las condiciones legales y económicas que aseguren la sostenibilidad financiera del sistema de corredores complementarios.

Con la finalidad de mantener el servicio de transporte público para los usuarios del Corredor Morado, la ATU autorizará temporalmente los buses formales necesarios para atender la demanda de esta ruta, que va de San Juan de Lurigancho a la Av. Brasil.

Asimismo, la ATU dispondrá de personal en cada uno de los paraderos del Corredor Morado para orientar a los usuarios sobre las rutas de buses formales que pueden tomar para llegar a su destino. Todas las acciones mencionadas se llevarán a cabo desde las 5 de la mañana.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, seguirá trabajando para garantizar un servicio de transporte formal, sostenible y de calidad en beneficio de los ciudadanos.



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