Actualidad
Alejandro Soto pospuso debate de remoción de la JNJ
Tras la decisión del presidente de la Mesa Directiva se desataron fuertes reclamos, sobre todo, de la banca de Renovación Popular
Por: Andrés Aparicio
“El día de hoy se negaron a presentarse y la mesa aceptó esa medida, lo cual me parece una falta de carácter absoluto, ante una institución como esa (JNJ)”, indicó el congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, el último viernes 15 de diciembre, luego de que el presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Soto, postergue el debate sobre la remoción en la Junta Nacional de Justicia. El motivo de la cancelación fue porque uno de los magistrados, Guillermo Thornberry, se encuentra hospitalizado desde el miércoles 13 de diciembre y, a su vez, los integrantes de la JNJ solicitaron que se les indique cuáles son los cargos que se les imputa y ser nuevamente citados al Pleno.
Asimismo, Montoya mencionó que la JNJ intenta manipular la política del país y que, si se aceptó denegar la votación para aprobar la remoción durante la sesión, se debe a que existen intereses de por medio. Con respecto al magistrado hospitalizado, Guillermo Thornberry, agregó lo siguiente: “No victimicen a las personas. Una persona no hace la JNJ. Puede venir después, no hay problema. No se puede esperar. Se ha burlado del Congreso y de los peruanos Han violado la constitución”.
Jorge Montoya junto a Alejandro Muñante (también de su partido) son quienes promueven la moción para remover a los miembros de la JNJ. /Foto: La Razón
Por otro lado, el abogado de la Junta Nacional de Justicia, Omar Cairo, enfatizó que los integrantes de este organismo constitucional estarían en su disposición de no acatar la decisión de una posible aprobación de la remoción, ya que existen reglas y cuando transgreden la Constitución rompen el equilibrio de poderes y no merecen obediencia. “El artículo 46 de la Constitución dice que no se debe obedecer a un gobierno usurpador. Como pasó con Castillo cuando dio el golpe de Estado el 7 de diciembre del año pasado, sin ninguna sentencia de por medio, todas las instituciones lo desobedecieron”, resaltó.
Para el jurista si en caso se aprobaba la remoción el día de ayer, sin ningún procedimiento regulado y una norma que especifique la causa grave, entonces no tendría un valor jurídico. Por lo tanto, no merecería obediencia dicha decisión.
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Respuesta en las calles
Tras culminarse la sesión del último viernes, alrededor de 45 personas se reunieron frente a las puertas del Congreso para manifestar su rotundo rechazo al parlamento. Cargando numerosos carteles con mensajes de ataque, calificaban de corrupto a este órgano del Estado. Asimismo, mostraban su desaprobación a la gestión de Dina Boluarte, a quien denominaron “asesina”, por lo que exigían la libertad y restitución del exjefe de Estado, Pedro Castillo. Además, sostuvieron su total desacuerdo con la moción que busca remover de sus cargos a los magistrados de la Junta Nacional de Justicia y, en contraste, sus letreros denominaban a la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides como “criminal”.
Las principales figuras políticas que se apreciaban en las pancartas eran Dina Boluarte, Patricia Benavides, Alberto Otárola, entre otros. / Foto: La Razón
Los protestantes realizaban cánticos cargados de ira pidiendo el cierre del Congreso, así como bailes entre ellos mismos ante la mirada de los transeúntes. También cargaban bombos, trompetas, megáfonos con los cuales reclamaban el retorno de la Constitución de 1979 y banderas (algunas teñidas de negro) con el mensaje de “Te amo Perú”. Tras este inicio de concentración por parte de los manifestantes, la Policía Nacional formó una línea defensiva delante de ellos con pequeñas rejas, como una forma de prevenir posibles actos de ataque y un mayor desorden público. Algunos iniciaban confrontaciones con los oficiales de la policía, señalando que apoyaban al gobierno y se “vendían” a los intereses políticos.
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Actualidad
ONPE reafirma colaboración con la justicia y responde a requerimientos sobre la jornada electoral –
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reafirmó su disposición para colaborar con todas las investigaciones, denuncias y requerimientos de información derivados de la reciente jornada electoral. A través de un comunicado oficial, el organismo aseguró que atiende estas solicitudes de forma paralela al procesamiento y cómputo de resultados, garantizando la transparencia del proceso mientras se somete a la fiscalización ciudadana y judicial.
La institución admitió que el retraso en la distribución de material electoral en sectores de Lima Metropolitana vulneró el derecho al sufragio de miles de ciudadanos. Ante esta situación, la ONPE ofreció disculpas públicas y recordó que, por iniciativa propia, se gestionó ante el JNE la jornada de votación extraordinaria realizada este lunes, la cual permitió completar el proceso en los recintos afectados.
El organismo electoral enfatizó su voluntad de contribuir con el esclarecimiento de responsabilidades, señalando que sus funcionarios están prestos a colaborar con cualquier proceso indagatorio. Asimismo, hizo un llamado a los actores políticos y a la ciudadanía a esperar los resultados con serenidad, exhortando al respeto irrestricto de la institucionalidad democrática en un contexto de alta complejidad política.
Balance de la jornada electoral nacional
Pese a los incidentes focalizados, la ONPE destacó que el domingo 12 de abril se logró la instalación del 99.8% de las mesas de sufragio a nivel nacional. Actualmente, los protocolos de traslado de actas y publicación de votos se desarrollan con normalidad, mientras la entidad ya se prepara para los próximos comicios regionales y municipales, reafirmando su papel central en la organización técnica de la democracia peruana.
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El organismo electoral enfatizó su voluntad de contribuir con el esclarecimiento de responsabilidades, señalando que sus funcionarios están prestos a colaborar con cualquier proceso indagatorio. Asimismo, hizo un llamado a los actores políticos y a la ciudadanía a esperar los resultados con serenidad, exhortando al respeto irrestricto de la institucionalidad democrática en un contexto de alta complejidad política.
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