Lima Centro
aprueban a trámite demanda para que ocho inmuebles vinculados al caso pasen a propiedad del Estado – Agencia de Noticias Órbita
El Juzgado Transitorio Especializado de Extinción de Dominio de Lima admitió a trámite una demanda de extinción de dominio contra ocho bienes inmuebles a nombre del expresidente Alejandro Toledo, su esposa Eliane Karp y su suegra Eva Fernenbug, y pasen a propiedad del Estado.
También una cuenta bancaria por la suma de US$ 42 237.70 más intereses que corresponde a la suegra del ex jefe de Estado.
Los bienes inmuebles se encuentran ubicadas en Punta Sal (Tumbes) y en la urbanización Camacho, La Molina, ambos a nombre de los esposos Toledo-Karp. Así también, una casa, una oficina, tres estacionamientos y dos depósitos, ubicados en Santiago de Surco, todos de propiedad de Fernunbug.
Al respecto, la demanda solicita que se declare la titularidad de los derechos reales recaídos sobre los referidos bienes a favor del Estado, representado por el Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI) de manera definitiva.
La demanda presentada por la Sexta Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio se da en cumplimiento del Decreto Legislativo N° 1373, dirigida específicamente contra bienes y fortunas adquiridas presuntamente como producto de actividades ilícitas, el cual se realiza al margen de la acción penal.
En el fallo, el juzgado emplaza a los requeridos absolver la demanda dentro del plazo de ley, bajo apercibimiento de declararse su rebeldía en caso de incumplimiento.
En el caso del imputado Alejandro Toledo al encontrarse este recluido en el Establecimiento Penitenciario de Barbadillo corresponde emplazarle con la demanda, anexos, autos; así como con la resolución, a fin de que cumplan con absolver la demanda dentro del término de ley.
En relación a las también investigadas Karp y Fernenbug, la resolución señala que al encontrarse fuera del Perú se les notificará en sus domicilios en el extranjero.
Juicio podría tardar menos de un año
Sobre este caso, Rafael Vela, coordinador de las Fiscalías de Lavado de Activos, señaló que el juzgamiento del expresidente Alejandro Toledo por el caso de la Carretera Interoceánica Sur podía tardar hasta un año, si el Poder Judicial le da máxima prioridad a ese caso.
El fiscal superior manifestó que sería necesario que para el proceso del exmandatario es necesario que el Poder Judicial disponga a jueces de dedicación exclusiva, un pedido que ya realizaron. Así, explicó que el juicio a Alejandro Toledo avanzaría en cuestión de meses.
«Pensamos que si el Poder Judicial le da la máxima prioridad posible a un caso de esta envergadura, deberíamos estar ya hacia el mes de agosto en el desarrollo del juzgamiento y, si hay jueces a dedicación exclusiva, como lo hemos planteado, creemos que el juicio del señor Toledo puede tardar en realidad poco menos de un año y así sabremos la verdad de lo que sucedió en el que estuvo involucrado un expresidente», sostuvo.
En esa línea, Vela Barba señaló que este lunes 24 de abril se realizará una nueva audiencia del control de acusación a la que asistirá el expresidente Alejandro Toledo junto con su abogado defensor para realizar las observaciones que correspondan dentro de esta parte del proceso en su contra.
Respecto de la extradición del exmandatario, el fiscal superior consideró como una «convalidación muy importante» el hecho de que Alejandro Toledo ya se encuentre en territorio peruano para responder por la acusación en su contra. Añadió que existe evidencia que sostiene dicha acusación, la cual ha sido confrontada por el sistema de justicia de Estados Unidos.
«La primera reflexión es que es una convalidación muy importante del trabajo realizado por la Fiscalía, el equipo específicamente del fiscal José Domingo Pérez, que, a partir de haber logrado la acusación en 2020, consolidó toda la evidencia que se pudo aportar, a través de los acuerdos de colaboración eficaz, tanto de la empresa Odebrecht como de Jorge Barata, además de la colaboración eficaz de Josef Maiman», manifestó.
Actualidad
HOSTIGAMIENTO DISFRAZADO DE PERIODISMO EN PUEBLO LIBRE
¿Hasta dónde llega el límite entre la labor informativa y el acoso sistemático? Hoy exponemos una grave situación que afecta la tranquilidad de los trabajadores municipales en nuestro distrito.
Bajo el título “ACLARACIÓN PÚBLICA FRENTE A PUBLICACIONES FALSAS Y ACTOS DE HOSTIGAMIENTO”, el funcionario Pedro Morales Miranda ha alzado su voz para denunciar las agresiones y el asedio constante de Javier Yoplac, un personaje que, escudándose tras una cámara y un supuesto rol de comunicador, se dedica a perseguir y difamar a quienes gestionan el distrito.
Los hechos son claros y están grabados:
📍 El pasado viernes, durante su horario de refrigerio y en una conversación privada, los funcionarios fueron interceptados de manera prepotente.
📍 Pese a solicitarle reiteradamente que respete su espacio privado, Yoplac inició una persecución con celular en mano, invadiendo el espacio personal a escasos centímetros del rostro de Morales.
📍 No solo se trata de hostigamiento profesional; se reportan comentarios inapropiados y ofensivos contra las funcionarias presentes.
¿Información o Manipulación? 🎥 Los videos publicados por este personaje intentan proyectar una imagen de violencia que no existe. Lo que realmente se ve es la legítima defensa de ciudadanos que exigen respeto a su intimidad y honor, derechos que no se pierden por ser funcionario público.
Basta de impunidad. La libertad de expresión NO es una licencia para el acoso, la provocación ni la mentira. Como vecinos, merecemos canales de información serios, no espectáculos de odio que buscan desestabilizar la gestión con ataques personales.
⚠️ DATO CLAVE: Pedro Morales cuenta con una trayectoria impecable y ha anunciado que no permitirá que se vulnere su integridad ni la de sus colegas. El caso podría llegar a instancias judiciales.
¡Basta de hostigamiento en Pueblo Libre! El respeto es la base de nuestra democracia.
FUENTE: PEDRO MORALES
Actualidad
La FIL se muda de Jesús María
Por: EDWIN CAVELLO LIMAS
La Feria Internacional del Libro de Lima ya no volverá al parque Próceres de Jesús María. No hubo incendio, ni clausura sanitaria, ni rebelión vecinal. Hubo algo más eficaz: una factura. Doscientos mil soles. Esa habría sido la cifra que la Municipalidad de Jesús María —con el alcalde Jesús Gálvez a la cabeza— puso sobre la mesa para permitir que los libros siguieran ocupando, por unas semanas al año, un parque público. La Cámara Peruana del Libro no aceptó. Y se acabó la historia. O mejor dicho: se reveló la verdadera.
Porque no se trata de logística ni de orden urbano. Se trata de prioridades. La FIL se va porque no quiso pagar un peaje municipal que huele más a castigo que a alquiler. Y se va, además, a un lugar donde el mercado —ese villano habitual del discurso cultural— resulta más razonable: el Jockey Plaza. Allí, dicen desde la CPL, el espacio cuesta menos. Ironías de Lima: un centro comercial resulta más accesible que un parque público.
La escena es grotesca. Mientras los libros hacen maletas, en el distrito varios vecinos miran con incredulidad la decisión municipal. No porque sean románticos de la literatura, sino porque entienden algo elemental: la Feria Internacional del Libro de Lima convoca a miles de personas, mueve economía local, pone al distrito en el mapa cultural. Pero el alcalde Gálvez —a quien en el barrio llaman «Mayimbú», con más sorna que cariño— parece tener otros gustos. Para conciertos chicha en el Campo de Marte o la Concha Acústica, permisos hay. Para presentaciones de libros, no tanto.
Este 2026, además, el país invitado de honor es Ecuador. La programación deberá rearmarse, adaptarse a pasillos comerciales. La cultura, como siempre, se acomoda. Las autoridades, en cambio, se atrincheran en su escritorio. Desde el año pasado, la Municipalidad de Jesús María y la Cámara Peruana del Libro venían negociando la permanencia de la feria en Próceres. Hubo reuniones, idas y vueltas, discursos amables. Hasta que apareció la cifra final. Y con ella, la ruptura.
Que no se engañe nadie: la FIL no se va por capricho ni por falta de público. Se va porque no habría aceptado pagar 200 mil soles por usar un parque que, en teoría, es de todos. Jesús María se queda sin feria y Lima pierde un espacio público para el libro.
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