El retorno a la presencialidad es urgente. Tras casi dos años de clases a distancia, la pérdida de aprendizajes y problemas psicológicos y pedagógicos causados por la pandemia y el cierre de los colegios son evidentes.

Si bien el Ejecutivo ha expresado que su objetivo es que, a julio de 2022, el 99% de las instituciones educativas atiendan plenamente, necesitamos que este proceso se acelere, por el bien de los estudiantes peruanos, y el próximo año escolar se inicie con las aulas abiertas en marzo.

Para generar un diálogo sobre el proceso de retorno y la mejor manera de agilizarlo, IPAE Asociación Empresarial organizó el CADEx “Aceleremos el retorno: buenas prácticas y modelos”. Este contó con la participación de tres destacadas especialistas que, desde sus distintos roles, han liderado los procesos de retorno a la presencialidad en sus respectivas instituciones. Ellas fueron Ángela Villacorta, Directora de Gestión Pedagógica de la Dirección Regional de Educación de Ucayali; Mercedes Escobar, Directora Institución Educativa Inicial N° 42 Elizabeth Espejo De Marroquín; y Nora Tinoco, Directora Regional en Innova Schools. El diálogo fue moderado por José Carlos Vera, Exdirector de la Dirección General de Gestión Descentralizada del Ministerio de Educación (Minedu).

Si bien 96,566 escuelas a nivel nacional -lo que supone un 87% del total- ya se encuentran habilitadas para retornar a las aulas porque cumplen con las exigentes condiciones epidemiológicas establecidas, solo 8,887 de ellas brindan hoy un servicio de semipresencialidad. Entre estas últimas, el 94% se ubica en zonas rurales y, apenas el 6% pertenece al ámbito urbano. Si a esto sumamos que el 82,5% del personal docente y administrativo del sistema educativo nacional ya cuenta con ambas dosis de la vacuna contra el COVID-19, se vuelve obvio que las condiciones para un retorno seguro, gradual y voluntario son viables en este momento. Además, si analizamos el contexto internacional, Perú es uno de los países más rezagados en el proceso de retorno.

El plan del Minedu establece tres condiciones para el retorno a la presencialidad: que la institución esté habilitada (o aplique a la excepción considerada en la norma 273), que se implementen los protocolos necesarios para prevenir contagios y la implementación de un acuerdo con la comunidad educativa. Al respecto, las tres especialistas coincidieron en la importancia de revisar los protocolos existentes y actualizarlos de acuerdo a la evidencia, como es el caso del uso del protector facial y el distanciamiento de 2 metros.

Asimismo, las especialistas remarcaron en la importancia de llevar a cabo un trabajo en conjunto entre padres de familia, docentes y autoridades. “El liderazgo de la gestión comunal ha sido indispensable. Es la comunidad en conjunto que ha hecho los pedidos a las autoridades y al Comando COVID-19. Se han organizado para garantizar las condiciones de bioseguridad en las escuelas: limpiar la escuela, acondicionar las aulas, llevar el agua necesaria para el lavado de manos”, explicó Ángela Villacorta.

En la misma línea, Nora Tinoco expresó que la comunidad educativa debe actuar como una “gran familia”, preocupada por el bienestar de estudiantes, docentes y trabajadores por igual. Solo de este modo se puede enfrentar la comprensible incertidumbre que pueden sentir los padres de familia al enviar a sus hijos de vuelta al colegio. “Todas las decisiones que tomemos deben estar centradas en el impacto en el bienestar y aprendizaje de nuestros estudiantes. Esto no se reduce a lo cognitivo. Para ello, debemos preparar a los maestros para este retorno y tener una comunicación abierta, clara y sincera con los padres de familia, generando espacios de apoyo socio-afectivo para nuestros estudiantes. Cuando la comunicación es clara y oportuna, y se involucra a todos en comunidad, logramos que la confianza se siga fortaleciendo”, afirmó.

Al respecto, Mercedes Escobar, recalcó que los temores no solo parten de los padres de familia, sino también de los propios docentes. Por ello, es necesario brindarles el apoyo emocional y profesional necesario para que puedan llevar a cabo su importante trabajo sin problemas. “Tenemos que generar las condiciones, encontrar alianzas, buscar el apoyo del Ministerio de Educación, que nos den orientación. Las UGEL, las Municipalidades, el Ministerio de Salud, Defensa Civil pueden trabajar de la mano en capacitarnos y capacitar también a los padres de familia”, recalcó Escobar. A modo de conclusión, José Carlos Vera recomendó al Ministerio de Educación ajustar el marco normativo y los protocolos sanitarios exigidos a las escuelas, para adaptarlos a las realidades y necesidades de cada contexto en el país. “Queda claro que el rol de las autoridades locales, comunales y las UGEL es indispensable en este proceso de retorno, así como contar con los lineamientos y respaldo del Ministerio de Educación y del Ejecutivo. El rol de las familias es también clave, generando confianza e información. Con su apoyo podremos retornar a las aulas de manera segura”, finalizó Vera.

Estas medidas coinciden con las recomendaciones que IPAE Asociación Empresarial ha elaborado para un retorno seguro a la presencialidad: (I) Reforzar la comunicación para reconstruir confianza en toda la comunidad educativa; (II) Evaluar a los estudiantes para determinar su nivel de aprendizaje y elaborar un plan de estrategias personalizadas; (III) Implementar modelos híbridos de virtualidad y presencialidad que aprovechen lo mejor de cada uno; (IV) Promover la autonomía y el autoaprendizaje; (V) Acompañar y motivar a los docentes; (VI) Perfeccionar la normativa y la gestión del sector educativo; (VII) Promover una campaña nacional masiva para recuperar a los estudiantes que abandonaron la escuela; y (VIII) Reconocer que nos encontramos ante una oportunidad de transformación y cierre de brechas en la educación peruana.

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