El fallo que benefició al comercio mayorista se emitió tras la presencia del presidente encargado en el local del empresario chino Zhihua Yang, hoy bajo investigación fiscal.

La Fiscalía de la Nación y el Congreso han puesto bajo escrutinio una resolución del Indecopi que benefició a comercios mayoristas del Centro de Lima, emitida poco después de una visita no oficial del presidente encargado José Jerí al local Market Capón, propiedad del empresario chino Zhihua Yang. El caso plantea interrogantes sobre posibles conflictos de interés, el uso de canales informales de comunicación y la independencia de los organismos reguladores.

Antecedentes y contexto

En marzo de 2025, la Municipalidad Metropolitana de Lima, encabezada por el alcalde Rafael López Aliaga, declaró la intangibilidad del Centro Histórico mediante la Ordenanza N.° 2711. La norma restringió el comercio mayorista y el uso de almacenes en la zona, tras un incendio de gran magnitud que evidenció riesgos asociados al almacenamiento informal de mercadería.

La medida fue defendida por la municipalidad como una acción de seguridad pública y preservación patrimonial. Sin embargo, afectó directamente a establecimientos dedicados a la venta al por mayor, entre ellos Market Capón, ubicado en el jirón Paruro.

La secuencia de hechos

El 6 de enero de 2026, fiscalizadores municipales clausuraron Market Capón por incumplir la ordenanza vigente, al detectarse actividades de comercio mayorista y almacenamiento en pisos superiores. Horas después, cámaras del programa Cuarto Poder registraron la presencia del presidente encargado José Jerí en el local clausurado, acompañado por Zhihua Yang y directivos del establecimiento.

Durante esa visita, Jerí realizó una llamada telefónica desde el interior del local. Según fuentes citadas por medios de investigación, el destinatario habría sido un alto funcionario de Indecopi, extremo que no ha sido confirmado oficialmente.

Dos días más tarde, el 9 de enero, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas de Indecopi emitió una resolución que declaró ilegal la prohibición municipal al comercio mayorista en el Centro Histórico y ordenó su inaplicación general.

La resolución de Indecopi

El fallo sostuvo que la ordenanza municipal constituía una “barrera burocrática ilegal”, al restringir actividades económicas sin cumplir criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Indecopi señaló que la decisión se adoptó dentro del plazo legal de 120 días hábiles previsto en el Decreto Legislativo N.° 1256 y negó haber recibido presiones externas o solicitudes directas vinculadas al caso.

La municipalidad anunció que apelará la resolución en segunda instancia, argumentando que la medida respondía a riesgos comprobados para la seguridad ciudadana y el patrimonio histórico.

Posturas y declaraciones

Desde Indecopi, voceros institucionales indicaron que el procedimiento se tramitó conforme a ley y que la coincidencia temporal con la visita presidencial no implica relación causal. En tanto, Palacio de Gobierno no ha respondido públicamente a las consultas sobre la llamada realizada por Jerí ni sobre su presencia en el local clausurado.

Por su parte, el gerente de Market Capón evitó brindar explicaciones detalladas y, en declaraciones posteriores, negó vínculos cercanos con Zhihua Yang, pese a registros empresariales y testimonios previos.

Implicaciones políticas e institucionales

El episodio se suma a una serie de cuestionamientos que enfrenta el presidente encargado por reuniones no consignadas en la agenda oficial con empresarios de origen chino. En el ámbito político, el caso ha reforzado pedidos de investigación por presunto patrocinio ilegal y tráfico de influencias, figuras que evalúa la Fiscalía Anticorrupción.

En el plano institucional, el caso reabre el debate sobre la autonomía de los organismos reguladores y los límites de la intervención política en procedimientos administrativos con impacto económico significativo.

Próximos pasos

La resolución de Indecopi será revisada en segunda instancia, mientras el Congreso, a través de comisiones de fiscalización, evalúa citar a funcionarios del organismo regulador y a representantes del Ejecutivo. Paralelamente, la Fiscalía deberá determinar si la secuencia de hechos configura indicios suficientes para profundizar las investigaciones preliminares.

Panorama

La coincidencia temporal entre una visita presidencial no registrada, una llamada aún sin aclarar y una resolución administrativa de alto impacto ha colocado a Indecopi y al Ejecutivo en el centro de un nuevo foco de tensión política. El desenlace dependerá de las indagaciones fiscales y del control parlamentario, en un contexto marcado por la exigencia pública de transparencia y rendición de cuentas.

La movilización del 28 de enero en Lima se convoca en medio de indagaciones del Ministerio Público y un aumento de la presión política sobre el Ejecutivo.

Colectivos identificados como Generación Z convocaron a una marcha nacional para el 28 de enero en Lima contra el presidente encargado José Jerí, tras la revelación del denominado “Chifagate”, un caso que motivó una investigación preliminar de la Fiscalía por presunto tráfico de influencias y patrocinio ilegal, y que ha intensificado la presión política y social sobre el Ejecutivo.

Antecedentes y contexto

La convocatoria surge luego de una serie de reportajes periodísticos que revelaron reuniones no consignadas en la agenda oficial del presidente Jerí con el empresario de origen chino Zhihua Yang, realizadas en diciembre de 2025 en un restaurante de San Borja y en otros locales comerciales.

Las imágenes y testimonios difundidos generaron cuestionamientos sobre transparencia, uso del cargo y eventuales conflictos de interés, en un contexto de alta fragilidad institucional y a pocos meses del proceso electoral general.

La convocatoria juvenil

Según los afiches y mensajes difundidos en redes sociales, la movilización se realizará bajo la consigna “José Jerí no puede pasar ni un mes más en Palacio”, con un punto central de concentración en Lima y la llegada de delegaciones juveniles desde distintas regiones del país.

Los organizadores definen la jornada como una “marcha de sacrificio”, orientada a denunciar corrupción, impunidad y abandono de las regiones. En sus comunicados, la Generación Z se presenta como un movimiento “consciente y en la calle”, y plantea la protesta como una acción de presión cívica frente a la conducción del Gobierno.

Posturas y declaraciones

Voceros de colectivos juveniles han señalado que la protesta busca visibilizar el descontento ciudadano y exigir responsabilidades políticas ante el escándalo. En paralelo, representantes de gremios urbanos, como asociaciones de motociclistas, han criticado la estrategia del Ejecutivo en materia de seguridad, señalando que el actual Gobierno “repite medidas populistas” sin resultados sostenibles.

Desde el Ejecutivo, José Jerí ha respondido previamente ante el Congreso señalando que las reuniones cuestionadas no implicaron gestión irregular alguna. No obstante, dichas explicaciones continúan siendo evaluadas por instancias fiscales y políticas.

Investigación fiscal y marco institucional

El Ministerio Público abrió una investigación preliminar para determinar si las reuniones fuera de agenda podrían configurar delitos de tráfico de influencias o patrocinio ilegal de intereses.

De forma paralela, sectores del Congreso analizan mociones de censura y otras acciones de control político, mientras el clima de confrontación se traslada al espacio público mediante protestas y movilizaciones.

Implicaciones políticas y sociales

La convocatoria de la Generación Z introduce un componente generacional al conflicto político, evidenciando el rol creciente de jóvenes organizados en redes sociales y espacios urbanos como actores de presión política.

En el plano institucional, la protesta se suma a un escenario de desgaste del Ejecutivo, cuestionamientos a la legitimidad del encargo presidencial y creciente polarización social, lo que podría incidir en la gobernabilidad y en el desarrollo del calendario electoral.

Próximos escenarios

Las autoridades deberán definir las condiciones de seguridad y orden público para la jornada del 28 de enero, mientras se evalúa si el estado de emergencia vigente en Lima y Callao podría afectar la realización de la marcha.

En el ámbito político, el avance de la investigación fiscal y las decisiones del Congreso serán determinantes para el futuro inmediato del presidente encargado y para la estabilidad del Gobierno en los próximos meses.

Panorama

La marcha convocada por la Generación Z marca un nuevo episodio de movilización ciudadana en respuesta al caso Chifagate. Mientras la Fiscalía avanza con las indagaciones y el Congreso evalúa medidas políticas, la protesta del 28 de enero se perfila como un punto clave para medir el impacto social y político de la crisis que enfrenta el Ejecutivo.