Según un informe publicado por el Diario La República, la eliminación de las llamadas leyes procrimen no será un trámite inmediato. El nuevo reglamento del Congreso bicameral, si el proceso sigue la vía ordinaria, la derogación de este conjunto de normas podría demorar aproximadamente un año. No obstante, existe la posibilidad de acelerar los tiempos: si el Poder Ejecutivo o la Junta de Portavoces decide tramitarlo con carácter de urgencia, el plazo podría reducirse a un promedio de dos meses. Aun así, en ambos escenarios, la duración final dependerá en gran medida de la voluntad política de los congresistas.

La senadora electa por Ahora Nación, Mirtha Vásquez, explicó que, si bien algunas de estas normas podrían derogarse con rapidez, se trata en realidad de un paquete extenso de leyes, lo que —considerando la composición actual del Parlamento— podría extender el proceso más allá de los doce meses. Según detalló, factores como la oposición de algunas bancadas, la apertura de debates en comisión, la convocatoria a especialistas o la solicitud de informes técnicos obligarían a realizar múltiples sesiones, lo que alargaría considerablemente la discusión.

Vásquez también precisó que el tiempo de tramitación dependerá de cada norma en particular, ya que dentro del paquete existen leyes sobre las que hay consenso para derogarlas de inmediato, mientras que otras cuentan con un respaldo político más sólido, lo que podría demorar su eliminación.

El camino legislativo, paso a paso

De acuerdo con la senadora electa Ruth Luque, el proceso debe iniciar con la presentación de una iniciativa legislativa por parte de algún diputado, o con la solicitud de desarchivo de un proyecto similar que ya haya sido presentado en el Congreso anterior. Aunque el nuevo reglamento no contempla de manera expresa el mecanismo de desarchivamiento, Luque indicó que es una práctica habitual al inicio de cada nuevo periodo parlamentario, la cual requiere la aprobación de la Junta de Portavoces antes de derivarse a la comisión correspondiente.

La legisladora explicó, además, que existe la posibilidad de presentar un único proyecto de ley que agrupe la derogación de todas las normas procrimen, o bien plantear propuestas individuales para cada una de ellas.

En el caso de la Cámara de Diputados, el tema podría ser evaluado por un máximo de dos comisiones: de manera obligatoria por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, y, de ser necesario, también por la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores.

Los plazos oficiales del trámite regular

Según el reglamento vigente, la comisión encargada cuenta con un plazo máximo de 60 días hábiles para elaborar su dictamen, el cual debe publicarse posteriormente durante siete días calendario. Luego, el expediente pasa a la Junta de Portavoces para su inclusión en la agenda del Pleno, lo que añade siete días adicionales. Si los diputados aprueban la propuesta, la Mesa Directiva dispone de hasta 15 días hábiles para remitir el expediente al Senado.

En la cámara alta, la comisión revisora cuenta con un máximo de 90 días hábiles para emitir su propio dictamen, ya sea aprobando, modificando o rechazando la propuesta. Este documento también debe publicarse durante siete días calendario antes de continuar el trámite. Si el Senado la aprueba sin modificaciones, la autógrafa se envía al Ejecutivo en un plazo de 15 días hábiles.

Sumando todos estos plazos máximos, y bajo un procedimiento regular en ambas cámaras, el proceso completo tomaría alrededor de 190 días hábiles, equivalentes a unos nueve meses calendario, cifra que no incluye el tiempo adicional que el proyecto podría permanecer en espera dentro de la agenda del Pleno.

La vía de urgencia acortaría el proceso a dos meses

En caso de que el Ejecutivo o la Junta de Portavoces soliciten el trámite de urgencia, los plazos se reducen considerablemente: la publicación del dictamen en Diputados bajaría a un solo día calendario, y el envío del expediente al Senado tomaría un máximo de cinco días hábiles. En la cámara alta, el dictamen debería emitirse en un máximo de siete días hábiles, con una publicación de apenas un día calendario.

Ruth Luque sostuvo que, si existe voluntad política real, el proceso podría completarse en solo dos meses o, como máximo, dentro de una legislatura, descartando que se extienda por más de un año. Recordó que bancadas como Buen Gobierno, Ahora Nación, OBRAS y Juntos por el Perú ya han manifestado públicamente que la derogación de estas normas es una de sus prioridades, por lo que consideró que el tema debería tratarse con celeridad.

En la misma línea se pronunció el exoficial mayor del Congreso, José Cevasco, quien remarcó que, tratándose de un asunto polémico, todo dependerá del interés real de los congresistas, ya que existen precedentes de iniciativas aprobadas en apenas 24 horas, así como otras que han tomado un año o que simplemente nunca llegaron a concretarse.