Política
Congreso: leyes ‘procrimen’ podría derogarse en un plazo de un año
Según un informe publicado por el Diario La República, la eliminación de las llamadas leyes procrimen no será un trámite inmediato. El nuevo reglamento del Congreso bicameral, si el proceso sigue la vía ordinaria, la derogación de este conjunto de normas podría demorar aproximadamente un año. No obstante, existe la posibilidad de acelerar los tiempos: si el Poder Ejecutivo o la Junta de Portavoces decide tramitarlo con carácter de urgencia, el plazo podría reducirse a un promedio de dos meses. Aun así, en ambos escenarios, la duración final dependerá en gran medida de la voluntad política de los congresistas.
La senadora electa por Ahora Nación, Mirtha Vásquez, explicó que, si bien algunas de estas normas podrían derogarse con rapidez, se trata en realidad de un paquete extenso de leyes, lo que —considerando la composición actual del Parlamento— podría extender el proceso más allá de los doce meses. Según detalló, factores como la oposición de algunas bancadas, la apertura de debates en comisión, la convocatoria a especialistas o la solicitud de informes técnicos obligarían a realizar múltiples sesiones, lo que alargaría considerablemente la discusión.
Vásquez también precisó que el tiempo de tramitación dependerá de cada norma en particular, ya que dentro del paquete existen leyes sobre las que hay consenso para derogarlas de inmediato, mientras que otras cuentan con un respaldo político más sólido, lo que podría demorar su eliminación.
El camino legislativo, paso a paso
De acuerdo con la senadora electa Ruth Luque, el proceso debe iniciar con la presentación de una iniciativa legislativa por parte de algún diputado, o con la solicitud de desarchivo de un proyecto similar que ya haya sido presentado en el Congreso anterior. Aunque el nuevo reglamento no contempla de manera expresa el mecanismo de desarchivamiento, Luque indicó que es una práctica habitual al inicio de cada nuevo periodo parlamentario, la cual requiere la aprobación de la Junta de Portavoces antes de derivarse a la comisión correspondiente.
La legisladora explicó, además, que existe la posibilidad de presentar un único proyecto de ley que agrupe la derogación de todas las normas procrimen, o bien plantear propuestas individuales para cada una de ellas.
En el caso de la Cámara de Diputados, el tema podría ser evaluado por un máximo de dos comisiones: de manera obligatoria por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, y, de ser necesario, también por la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores.
Los plazos oficiales del trámite regular
Según el reglamento vigente, la comisión encargada cuenta con un plazo máximo de 60 días hábiles para elaborar su dictamen, el cual debe publicarse posteriormente durante siete días calendario. Luego, el expediente pasa a la Junta de Portavoces para su inclusión en la agenda del Pleno, lo que añade siete días adicionales. Si los diputados aprueban la propuesta, la Mesa Directiva dispone de hasta 15 días hábiles para remitir el expediente al Senado.
En la cámara alta, la comisión revisora cuenta con un máximo de 90 días hábiles para emitir su propio dictamen, ya sea aprobando, modificando o rechazando la propuesta. Este documento también debe publicarse durante siete días calendario antes de continuar el trámite. Si el Senado la aprueba sin modificaciones, la autógrafa se envía al Ejecutivo en un plazo de 15 días hábiles.
Sumando todos estos plazos máximos, y bajo un procedimiento regular en ambas cámaras, el proceso completo tomaría alrededor de 190 días hábiles, equivalentes a unos nueve meses calendario, cifra que no incluye el tiempo adicional que el proyecto podría permanecer en espera dentro de la agenda del Pleno.
La vía de urgencia acortaría el proceso a dos meses
En caso de que el Ejecutivo o la Junta de Portavoces soliciten el trámite de urgencia, los plazos se reducen considerablemente: la publicación del dictamen en Diputados bajaría a un solo día calendario, y el envío del expediente al Senado tomaría un máximo de cinco días hábiles. En la cámara alta, el dictamen debería emitirse en un máximo de siete días hábiles, con una publicación de apenas un día calendario.
Ruth Luque sostuvo que, si existe voluntad política real, el proceso podría completarse en solo dos meses o, como máximo, dentro de una legislatura, descartando que se extienda por más de un año. Recordó que bancadas como Buen Gobierno, Ahora Nación, OBRAS y Juntos por el Perú ya han manifestado públicamente que la derogación de estas normas es una de sus prioridades, por lo que consideró que el tema debería tratarse con celeridad.
En la misma línea se pronunció el exoficial mayor del Congreso, José Cevasco, quien remarcó que, tratándose de un asunto polémico, todo dependerá del interés real de los congresistas, ya que existen precedentes de iniciativas aprobadas en apenas 24 horas, así como otras que han tomado un año o que simplemente nunca llegaron a concretarse.
Política
Fujimori llama «perros» a la oposición: Presidenta ya no solo amenaza, sino insulta
Senador Iber Maraví cuestionó que el ministro César Astudillo interrumpiera a Ruth Luque durante la sesión.
Humberto Morales denunció el «ADN dictatorial del fujimorismo» y acusó al oficialismo y sus aliados de recurrir a la prepotencia y la intimidación
La presidenta Keiko Fujimori desató una nueva controversia política al utilizar la expresión «los perros ladran» durante un pronunciamiento sobre el enfrentamiento ocurrido en el Senado. La mandataria, rodeada de altos mandos militares durante una actividad en el Cuartel General del Ejército, expresó su respaldo al ministro del Interior, César Astudillo, y declaró: «Ministro, los perros ladran. Esa es una señal de que estamos avanzando».
Sus palabras fueron interpretadas como una descalificación de quienes cuestionan al Gobierno. Fujimori aseguró que Astudillo había sido agredido verbalmente durante la sesión de la Comisión de Constitución y le expresó su «total respaldo y gratitud» por su valentía. Sin embargo, la presidenta no identificó las expresiones que consideraba ofensivas ni respondió a las observaciones sobre la reforma policial que habían originado la discusión. Su pronunciamiento trasladó la controversia parlamentaria al escenario presidencial. El incidente comenzó cuando la senadora Ruth Luque cuestionó al ministro del Interior por no abordar una reforma profunda de la Policía Nacional. Astudillo reaccionó ante sus expresiones y se produjo un intercambio verbal en el que intervino Iber Maraví, de Juntos por el Perú, quien reclamó respeto al turno de palabra de la legisladora. La discusión escaló con la participación de otros parlamentarios y obligó a suspender temporalmente la sesión. Posteriormente, el senador Calisto Giampietri, de Renovación Popular, encaró a Maraví durante el enfrentamiento.
El representante de Juntos por el Perú denunció que Giampietri se aproximó de manera intimidatoria y lo desafió a resolver sus diferencias fuera del Congreso. El propio Giampietri reconoció haber planteado continuar la discusión afuera, aunque afirmó que intervino para defender a dos senadoras. El episodio dio lugar a acusaciones cruzadas sobre amenazas, agresiones verbales y conductas impropias de representantes políticos. El exparlamentario Humberto Morales denunció lo que denominó el «ADN dictatorial del fujimorismo» y acusó al oficialismo y sus aliados de recurrir a la prepotencia y la intimidación. Iber Maraví también cuestionó lo que describió como el verdadero rostro autoritario del fujimorismo, al que acusó de utilizar una apariencia democrática para conseguir las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo.
Ambas declaraciones expresan el rechazo de estos dirigentes al comportamiento de los representantes del Gobierno durante el incidente. Las críticas se extendieron a otros sectores políticos. Raúl Noblecilla calificó a Giampietri de «bravucón y cobarde» y denunció actitudes de autoritarismo y desprecio hacia la ciudadanía. Por su parte, el expresidente del Consejo de Ministros Aníbal Torres cuestionó el comportamiento de los funcionarios y legisladores involucrados, a quienes acusó de actuar con prepotencia y de contribuir al deterioro político del país. Las expresiones reflejaron la intensidad del enfrentamiento entre el oficialismo y sus adversarios.
La controversia ocurre mientras el Senado evalúa las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo para enfrentar la inseguridad ciudadana y prevenir los efectos del fenómeno El Niño. Durante su discurso, Fujimori también contrapuso a quienes respaldan a las Fuerzas Armadas con organizaciones como Sendero Luminoso y el Movadef, en un llamado a definir posiciones frente a la violencia. La discusión deja abiertas dos cuestiones: el alcance de las atribuciones que recibirá el Gobierno y el respeto a la discrepancia política durante su debate parlamentario.
OPOSICIÓN DENUNCIA AUTORITARISMO Y RECHAZA INTIMIDACIONES EN EL SENADO
El enfrentamiento registrado durante la sesión de la Comisión de Constitución provocó una serie de pronunciamientos de dirigentes vinculados a la izquierda, quienes acusaron al fujimorismo y sus aliados de recurrir a la prepotencia frente a los cuestionamientos políticos. Humberto Morales denunció lo que calificó como el «ADN dictatorial del fujimorismo», mientras Iber Maraví sostuvo que los incidentes habían dejado al descubierto una actitud que, a su juicio, contradice el discurso democrático del oficialismo. Maraví rechazó el comportamiento de los funcionarios y legisladores involucrados y afirmó que no se dejaría intimidar. El senador cuestionó que el enfrentamiento se produjera precisamente durante la discusión de las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo. Por su parte, Raúl Noblecilla acusó a Giampietri de actuar con arrogancia y prepotencia, mientras Aníbal Torres cuestionó a quienes, según expresó, exhiben actitudes confrontacionales frente a sus adversarios políticos. Las declaraciones de los dirigentes opositores coincidieron en cuestionar el trato recibido por los parlamentarios críticos del Gobierno y en rechazar las conductas que consideran intimidatorias. El episodio profundizó las discrepancias sobre el pedido de facultades legislativas y abrió una controversia sobre los límites del debate político, el respeto a las minorías parlamentarias y la responsabilidad de las autoridades frente a las críticas.
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Política
Taiwán conmemora su 115.º aniversario y fortalece sus vínculos con el Perú
Con motivo del 115.º aniversario de la República de China (Taiwán), que se conmemora cada 10 de octubre, la Oficina Económica y Cultural de Taipei en el Perú ofreció una recepción en Lima, a la que asistieron representantes de los ámbitos académico, político y empresarial, miembros del cuerpo diplomático, periodistas, representantes de las Fuerzas Armadas y miembros de la comunidad taiwanesa residente en el país.
Durante la recepción, Gustavo Chao-Jui Lu, representante de la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en el Perú, dio la bienvenida a los invitados y destacó los estrechos vínculos de amistad y cooperación que unen a Taiwán y al Perú.
En su discurso, Lu resaltó el liderazgo mundial de Taiwán en los sectores de los semiconductores y las tecnologías de inteligencia artificial, así como su firmeza para afrontar los desafíos globales y regionales y su voluntad de contribuir a la comunidad internacional. En este contexto, señaló que el Perú y Taiwán comparten valores fundamentales, como la libertad, la democracia y el Estado de derecho, y cuentan con economías complementarias y vínculos comerciales en constante crecimiento.
Asimismo, subrayó la importancia de seguir fortaleciendo los intercambios y la cooperación bilateral en diversos ámbitos, así como los lazos de amistad construidos a lo largo de los años entre los pueblos de Taiwán y el Perú. También destacó la contribución de la comunidad taiwanesa al desarrollo de las relaciones entre ambas partes. Finalmente, agradeció la cálida acogida recibida en el país y expresó su aprecio por la oportunidad de conocer y disfrutar de las danzas, la cultura y la reconocida gastronomía peruanas.
La ceremonia contó, además, con la presencia de Raúl Diez Canseco, exvicepresidente de la República y fundador presidente de la Corporación Educativa USIL, y de Patricia Li Sotelo, presidenta de Somos Perú, quienes también dirigieron unas palabras a los asistentes.
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