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Congreso propone cárcel para quienes arrojen residuos a ríos
El proyecto de ley fue presentado por la bancada de Avanza país
Un proyecto de legislación propuesto en el Congreso plantea que aquel individuo que arroje desechos sólidos en el curso, lecho, orilla o zona adyacente de un río o arroyo se enfrentará a sanciones que incluyen una condena de cárcel de al menos cuatro años y no más de seis.
La propuesta, originada en la bancada de Avanza País, tiene como objetivo integrar esta medida en el artículo 125-A del Código Penal.
«El proyecto tiene como finalidad penalizar las acciones que puedan interferir con el normal flujo del agua de un río o quebrada, causando peligro a la vida y a la salud de las personas, así como el daño a la propiedad pública o privada, generando al Estado un gasto adicional», expresó la congresista Norma Yarrow, promotora del proyecto de ley.
En ese contexto, se establece que «el que por hecho propio o través de tercero daña, desvía u obstruye los cauces o cuerpos del agua, o de cualquier forma y sin autorización, arroje residuos sólidos al cauce, lecho, ribera o faja marginal de un río o quebrada será reprimido de su libertad entre cuatro y seis años«.
Yarrow aclaró que esta penalización se dirigirá a individuos, pero si se descubre que personas jurídicas están involucradas en dicho acto, el director ejecutivo asumirá la responsabilidad.
Además, si se intenta obstaculizar las acciones de vigilancia y supervisión realizadas por las autoridades, se aplicará la misma sanción.
La pena mínima a imponer será de seis años, la cual se elevará a un mínimo de ocho años en el caso de que se cause daño a la infraestructura pública o si se utilizan camiones o maquinaria pesada para desechar residuos sólidos.
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Actualmente, Yarrow afirma que «el cauce de los ríos se encuentra siendo vulnerado por el constante arrojo de basura, desmonte, todo tipo de residuos y desechos de construcción, y dicha situación estaría reduciendo el ancho del respectivo cauce».
Asimismo, indicó que «El Niño» y sus precipitaciones se avecinan, esto representa una seria amenaza para la salud y seguridad de la población en general», señaló la legisladora.
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Vendedora de golosinas es asesinada en los alrededores de Plaza Norte –
De un disparo frente a su hermana fue asesinada una vendedora de golosinas, identificada como Alondra Aquino Huanca (22), en la avenida Alfredo Mendiola, cerca del ingreso vehicular del Centro Comercial Plaza Norte, en el distrito limeño de Independencia.
Según información policial, alrededor de las 4 y 50 de la mañana, la vendedora de golosinas se encontraba en su puesto atendiendo a los viajeros que llegan a dicho punto para realizar el conocido «Full Day».
La joven continuaba con sus ventas cuando un delincuente abordo de una motocicleta, vestido con una polera blanca y pantalón gris oscuro, hizo disparos contra la víctima.
El delincuente cruzó la avenida Panamericana Norte y subió una motocicleta con destino al centro de la capital.
De acuerdo con el acta policial, la hermana de la víctima descartó un caso de feminicidio, ya que no tenía pareja; además, según su declaración, al momento del disparo ella «observó a dos sujetos que trabajan como choferes de colectiveros informales, quienes se dieron a la fuga».
La policía presume que los autores del hecho serían colectiveros informales que realizan servicios en el lugar» y sería de una empresa que era la competencia en donde «trabajaba la víctima», señalando a dos personas «de nacionalidad venezolana» como presuntos responsables del hecho.
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Condenan a chofer informal por agredir a un fiscalizador de la ATU en San Borja –
El Poder Judicial impuso la medida por el delito de violencia contra la autoridad y fijó un monto de reparación civil a favor del trabajador afectado.
El Poder Judicial condenó este sábado a 2 años y 6 meses de prisión suspendida a un chofer informal que agredió a un fiscalizador de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) en San Borja. Además, el fallo judicial ordena al sentenciado pagar una reparación civil económica tanto a la institución como al colaborador afectado.
El ataque se registró el pasado 27 de mayo en la Vía Expresa de la avenida Javier Prado Este, a la altura del Ministerio de Cultura. En ese punto, el inspector intervino un vehículo informal de placa BLZ-207, desatando la violenta reacción del conductor, quien lo agredió físicamente.
Ante la agresión, un agente de la Policía Nacional (PNP) que resguardaba el operativo intervino de inmediato, detuvo al sujeto y lo trasladó a la comisaría del sector. Posteriormente, la Fiscalía lo procesó por el delito de violencia contra la autoridad para la administración pública.
Apenas 48 horas después del incidente, se instaló la audiencia donde el acusado admitió su culpabilidad y se acogió al mecanismo de terminación anticipada, lo que aceleró la emisión de la sentencia.
A través de un comunicado, la ATU destacó que este fallo marca un precedente clave contra las agresiones que padece su personal en la lucha contra el transporte informal. Finalmente, la entidad ratificó su compromiso de mantener los operativos en Lima y Callao, junto a la PNP, para asegurar un servicio público formal y seguro.
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