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Contraloría supervisa material electoral en locales de votación de todo el país –
La Contraloría General de la República, en articulación técnica con los organismos del sistema electoral, despliega supervisores para validar la conformidad y el blindaje logístico de los insumos de votación en las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales
La Contraloría General de la República (CGR) puso en marcha un macrooperativo de control gubernamental con el objetivo de supervisar de forma integral el traslado, custodia y distribución de todo el material de sufragio.
Esta acción fiscalizadora se ejecuta de manera simultánea en las 126 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) y en cientos de centros de votación distribuidos en el territorio nacional y el extranjero, movilizando a un contingente de 1,200 auditores calificados.
El propósito fundamental de esta intervención sistémica es detectar precozmente cualquier situación adversa y notificarla de inmediato a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que se adopten los correctivos necesarios que aseguren el correcto desarrollo del balotaje presidencial.
Cadena de custodia, hitos de control y supervisión del despliegue logístico
El plan de control concurrente de la Contraloría inició su ejecución con anticipación, abarcando desde la fiscalización del despacho del material electoral hacia las oficinas consulares en el exterior -labor coordinada con el Ministerio de Relaciones Exteriores- hasta el control de los procesos de impresión y ensamblaje de los kits de sufragio a través del Órgano de Control Institucional (OCI) de la ONPE.
Asimismo, el OCI del JNE se encargó de auditar los procesos de contratación del personal técnico y los fiscalizadores de campo. En esta fase de despliegue, la entidad fiscalizadora enfoca sus capacidades operativas en tres ejes de alta criticidad técnica:
- Logística interna y distribución: Fiscalización rigurosa de los contratos de transporte terrestre y aéreo, la puntualidad en los despachos desde los almacenes centrales de la ONPE ubicados en el distrito de Lurín, y la posterior recepción física de las actas y ánforas en las sedes descentralizadas de las ODPE.
- Acondicionamiento en locales: Verificación presencial de las condiciones de seguridad, infraestructura y resguardo del material crítico una vez que este es ingresado y almacenado en las instituciones educativas destinadas como centros de votación.
- Recursos humanos electorales: Auditoría sobre la asignación, asistencia y cobertura oportuna de los coordinadores técnicos de la ONPE y los fiscalizadores oficiales del JNE encargados de velar por la legalidad de los comicios.
Fiscalización en la jornada de votación, escrutinio y repliegue de actas
Durante el desarrollo de la jornada electoral dominical, el cuerpo de auditores de la Contraloría verificará el cumplimiento estricto de los protocolos normativos desde las primeras horas de la mañana. Los inspectores constatarán la apertura de las mesas de sufragio, la disponibilidad completa del material electoral y la presencia de los miembros de mesa titulares. Del mismo modo, vigilarán que los ambientes cuenten con las garantías de orden exigidas y que los funcionarios del sistema electoral desempeñen sus roles sin interferencias externas.
Al concluir el horario de votación, el operativo de control gubernamental extenderá su vigencia hacia la fase de escrutinio y cierre de los comicios. Los equipos de la Contraloría realizarán un acompañamiento presencial durante el llenado de las actas electorales y supervisarán las condiciones de seguridad bajo las cuales se ejecutará el repliegue de las actas de votación y el material crítico de regreso a las sedes de las ODPE.
Esta supervisión posterior tiene como meta técnica blindar la cadena de custodia de los votos y asegurar que los datos recolectados se trasladen sin alteraciones hacia los centros de cómputo oficiales para su procesamiento definitivo.
Estrategia de cobertura territorial y despliegue focalizado en Lima Metropolitana
La meta institucional trazada por la Contraloría General de la República es alcanzar una cobertura física de más de 500 locales de votación prioritarios en todo el país. Los criterios de selección técnica para estas auditorías presenciales contemplan los centros educativos con mayor densidad de electores, los distritos electorales con antecedentes de conflictividad y aquellas locaciones especiales que albergan a las denominadas mesas de la serie 900k, diseñadas para electores con necesidades específicas de accesibilidad.
El operativo garantiza la fiscalización de por lo menos un local de votación por cada provincia del Perú, contando para ello con el soporte de las Gerencias Regionales de Control (GRC) y la dirección de la Vicecontraloría de Control Gubernamental.
En el caso específico de Lima Metropolitana, provincia que concentra el mayor volumen del padrón electoral nacional, la Contraloría ha estructurado un despliegue focalizado para el próximo domingo 7 de junio. Durante esa fecha central, 442 auditores inspeccionarán una muestra estratégica de 175 locales de votación de alta afluencia ciudadana.
Esta operación masiva representa uno de los despliegues de fiscalización y control gubernamental más amplios y transversales de los últimos procesos electorales en el país, consolidándose como una herramienta del Estado para fortalecer la transparencia institucional, mitigar riesgos operativos y elevar los niveles de confianza de la ciudadanía en los resultados de los comicios.
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Más de 200 personas acceden a trámites de DNI en Iparia
El Programa PAIS y Reniec tramitan el DNI de más de 200 pobladores shipibo-konibo en Ucayali
Un total de 200 pobladores pertenecientes a comunidades nativas shipibo-konibo, en el distrito de Iparia, realizaron trámites de su Documento Nacional de Identidad (DNI) de forma gratuita durante agosto de 2026. La campaña se ejecutó en la provincia de Coronel Portillo mediante una estrategia coordinada entre el Tambo Colonia del Caco del Programa PAIS del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
Aparte de la emisión de nuevos documentos, la jornada social de tres días atendió solicitudes de cambio por caducidad, duplicado por pérdida, renovación, actualización de datos e inscripción de partidas de nacimiento. En total, las instituciones involucradas sumaron más de 400 atenciones en favor de los residentes de las localidades de Colonia del Caco, Nazareth y Amaquiria.
¿Qué impacto económico y logístico genera la campaña en Iparia?
La intervención en el distrito de Iparia contó con el soporte técnico de la Dirección Regional de Identificación y Asistencia Social (DRIAS) de Ucayali. Esta gestión descentralizada evitó que las familias vulnerables de la cuenca fluvial gastaran recursos económicos y emplearan hasta un día entero de navegación para trasladarse hacia la ciudad de Pucallpa.
Sobre la relevancia de la descentralización de los trámites estatales, Jaksson Villaorduña, coordinador regional del Programa PAIS en Ucayali, precisó: “A través de los Tambos y la articulación con el Reniec, garantizamos que las personas que viven en estas zonas de difícil acceso ejerzan su derecho a la identidad sin tener que salir de sus comunidades o realizar largos desplazamientos hasta la capital de la provincia para realizar los trámites del DNI”.
¿Por qué el DNI es la puerta de entrada a los servicios básicos?
Contar con una identificación oficial constituye un requisito indispensable para el ejercicio pleno de la ciudadanía. Más que un registro administrativo, el DNI facilita la inclusión social de los pobladores originarios, garantizando su incorporación en los programas del Estado, la atención en los servicios públicos de salud, el acceso a la educación formal, la inserción al empleo y la protección legal.
¿Cuál es la cobertura del Programa PAIS en la región ucayalina?
En la región Ucayali, la infraestructura social gestionada por la entidad gubernamental dispone de seis Tambos operativos. Estas plataformas fijas conectan los servicios del Estado con más de 70 comunidades nativas de la Amazonía peruana.
Durante el año 2026, la red de atención social ha superado las 16 000 atenciones dirigidas a personas que habitan en los sectores más alejadados del territorio regional, fortaleciendo la presencia institucional en la selva central.
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“Santa Anita perdió más de 140 millones de soles por malas gestiones municipales”
Ingrid Alcarraz, candidata de Juntos por el Perú para el distrito de Santa Anita, apuesta por una estrategia integral contra la delincuencia, la ampliación de vías clave para eliminar cuellos de botella y la creación de un centro de salud y bienestar animal. Como santanitense de nacimiento, empresario y ex subprefecta, conoce la realidad de su distrito y sabe cómo lograr el desarrollo, progreso y bienestar de sus vecinos.
PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD BAJO CUATRO PILARES
Frente a la creciente ola de robos al paso y extorsiones que afectan a los pequeños comercios y a las líneas de transporte menor en el distrito, Alcarraz planteó un enfoque integral basado en cuatro ejes: infraestructura, tecnología, aspecto legal y prevención.
- Prevención con deporte y salud mental: Propone recuperar espacios públicos para el desarrollo deportivo y académico de los jóvenes. Abrir en todos los sectores del distrito, academias deportivas municipales gratuitas para alejar a los niños y jóvenes de las calles. Con ello, formará también hombres y mujeres responsables, con valores, líderes y sabiendo trabajar en equipo.
Asimismo, planteó el abordaje de la salud mental mediante campañas en colegios y parques, articulando esfuerzos mediante convenios con instituciones locales como el Centro de Salud Mental Comunitario y el Hospital Hermilio Valdizán.
- Tecnología de vanguardia: Bajo la propuesta «Santa Anita Smart», proyecta la implementación de un sistema de videovigilancia equipado con inteligencia artificial para el reconocimiento facial y de placas. Alcarraz enfatizó que este sistema operará mediante una central de monitoreo moderna integrada directamente con la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fiscalía para garantizar su efectividad legal.
- Infraestructura segura: Promete la mejora de la iluminación y la recuperación de espacios actualmente abandonados o inseguros, como el Parque 6 de Andahuaylas.
AMPLIACIÓN DE VÍAS Y CONECTIVIDAD URBANA
Para solucionar el caos vehicular y los denominados «cuellos de botella» que afectan la calidad de vida de los residentes, Ingrid Alcarraz se comprometió a gestionar proyectos de infraestructura vial ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Municipalidad Metropolitana de Lima:
- Puente Atarjea (Puente Tecno): Gestión para la ampliación de la vía de la Av. César Vallejo para agilizar la salida del distrito en horas punta.
- Avenida Ferrocarril: Coordinará con El Agustino y Lima Metropolitana para pavimentar y limpiar la zona colindante a Sedapal, erradicando los botaderos de desmonte y focos delictivos actuales.
- Megaproyectos y áreas verdes: Fiscalizará y gestionará los tramos de la ampliación de la Av. Huarochirí (hacia el Malecón Checa) y los pasos a desnivel para asegurar que las vías adyacentes reciban inversión en pistas e iluminación, además de defender el compromiso ambiental y la conservación de los árboles frente al avance de las obras urbanas.
BIENESTAR ANIMAL Y SALUD PÚBLICA
Alcaraz criticó la inoperatividad de la actual veterinaria municipal y anunció la creación de un «Centro de Salud y Bienestar Animal». Este establecimiento proyecta ofrecer atención de emergencias las 24 horas, consultas a costos sociales accesibles, campañas masivas y continuas de esterilización, vacunación, y programas de educación ciudadana para combatir el abandono de mascotas en puntos críticos como el «Parque del Triángulo».
CUESTIONAMIENTOS A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Ingrid Alcarraz, administradora de profesión y ex subprefecta de Santa Anita, alertó sobre la deficiente capacidad de gasto de las autoridades previas, señalando que entre el año 2015 y el período anterior se devolvieron al erario nacional más de 140 millones de soles que debieron ser destinados a proyectos de inversión pública. Tras detallar los bajos niveles de ejecución presupuestal al inicio de los últimos períodos municipales, exhortó a los vecinos a emitir un voto informado para dar paso a una administración caracterizada por la transparencia, la eficiencia técnica y la lucha frontal contra la corrupción.
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