La Contraloría General de la República, en articulación técnica con los organismos del sistema electoral, despliega supervisores para validar la conformidad y el blindaje logístico de los insumos de votación en las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales

La Contraloría General de la República (CGR) puso en marcha un macrooperativo de control gubernamental con el objetivo de supervisar de forma integral el traslado, custodia y distribución de todo el material de sufragio.

Esta acción fiscalizadora se ejecuta de manera simultánea en las 126 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) y en cientos de centros de votación distribuidos en el territorio nacional y el extranjero, movilizando a un contingente de 1,200 auditores calificados.

El propósito fundamental de esta intervención sistémica es detectar precozmente cualquier situación adversa y notificarla de inmediato a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que se adopten los correctivos necesarios que aseguren el correcto desarrollo del balotaje presidencial.

Cadena de custodia, hitos de control y supervisión del despliegue logístico

El plan de control concurrente de la Contraloría inició su ejecución con anticipación, abarcando desde la fiscalización del despacho del material electoral hacia las oficinas consulares en el exterior -labor coordinada con el Ministerio de Relaciones Exteriores- hasta el control de los procesos de impresión y ensamblaje de los kits de sufragio a través del Órgano de Control Institucional (OCI) de la ONPE.

Asimismo, el OCI del JNE se encargó de auditar los procesos de contratación del personal técnico y los fiscalizadores de campo. En esta fase de despliegue, la entidad fiscalizadora enfoca sus capacidades operativas en tres ejes de alta criticidad técnica:

• Logística interna y distribución: Fiscalización rigurosa de los contratos de transporte terrestre y aéreo, la puntualidad en los despachos desde los almacenes centrales de la ONPE ubicados en el distrito de Lurín, y la posterior recepción física de las actas y ánforas en las sedes descentralizadas de las ODPE.
• Acondicionamiento en locales: Verificación presencial de las condiciones de seguridad, infraestructura y resguardo del material crítico una vez que este es ingresado y almacenado en las instituciones educativas destinadas como centros de votación.
• Recursos humanos electorales: Auditoría sobre la asignación, asistencia y cobertura oportuna de los coordinadores técnicos de la ONPE y los fiscalizadores oficiales del JNE encargados de velar por la legalidad de los comicios.

Fiscalización en la jornada de votación, escrutinio y repliegue de actas

Durante el desarrollo de la jornada electoral dominical, el cuerpo de auditores de la Contraloría verificará el cumplimiento estricto de los protocolos normativos desde las primeras horas de la mañana. Los inspectores constatarán la apertura de las mesas de sufragio, la disponibilidad completa del material electoral y la presencia de los miembros de mesa titulares. Del mismo modo, vigilarán que los ambientes cuenten con las garantías de orden exigidas y que los funcionarios del sistema electoral desempeñen sus roles sin interferencias externas.

Al concluir el horario de votación, el operativo de control gubernamental extenderá su vigencia hacia la fase de escrutinio y cierre de los comicios. Los equipos de la Contraloría realizarán un acompañamiento presencial durante el llenado de las actas electorales y supervisarán las condiciones de seguridad bajo las cuales se ejecutará el repliegue de las actas de votación y el material crítico de regreso a las sedes de las ODPE.

Esta supervisión posterior tiene como meta técnica blindar la cadena de custodia de los votos y asegurar que los datos recolectados se trasladen sin alteraciones hacia los centros de cómputo oficiales para su procesamiento definitivo.

Estrategia de cobertura territorial y despliegue focalizado en Lima Metropolitana

La meta institucional trazada por la Contraloría General de la República es alcanzar una cobertura física de más de 500 locales de votación prioritarios en todo el país. Los criterios de selección técnica para estas auditorías presenciales contemplan los centros educativos con mayor densidad de electores, los distritos electorales con antecedentes de conflictividad y aquellas locaciones especiales que albergan a las denominadas mesas de la serie 900k, diseñadas para electores con necesidades específicas de accesibilidad.

El operativo garantiza la fiscalización de por lo menos un local de votación por cada provincia del Perú, contando para ello con el soporte de las Gerencias Regionales de Control (GRC) y la dirección de la Vicecontraloría de Control Gubernamental.

En el caso específico de Lima Metropolitana, provincia que concentra el mayor volumen del padrón electoral nacional, la Contraloría ha estructurado un despliegue focalizado para el próximo domingo 7 de junio. Durante esa fecha central, 442 auditores inspeccionarán una muestra estratégica de 175 locales de votación de alta afluencia ciudadana.

Esta operación masiva representa uno de los despliegues de fiscalización y control gubernamental más amplios y transversales de los últimos procesos electorales en el país, consolidándose como una herramienta del Estado para fortalecer la transparencia institucional, mitigar riesgos operativos y elevar los niveles de confianza de la ciudadanía en los resultados de los comicios.