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D. Leg.1573: Se impondrá hasta 6 años de cárcel a los que faciliten ingreso ilegal de foráneos – Diario Nacional Realidad.PE

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D. Leg.1573: Se impondrá hasta 6 años de cárcel a los que faciliten ingreso ilegal de foráneos – Diario Nacional Realidad.PE


En el marco de las atribuciones otorgadas por el Congreso de la República para legislar en materia de seguridad ciudadana, el Poder Ejecutivo promulgó hoy dos normas para potenciar la lucha contra la delincuencia común y el crimen organizado y transnacional que afecta al país.

En ese sentido, aprobó el Decreto Legislativo N° 1573, que modifica el Código Penal y establece que el Poder Judicial podrá expulsar a extranjeros después de cumplida la pena por delitos graves como extorsión homicidio, sicariato, trata de personas, organización criminal, violación sexual, robo, hurto, secuestro, feminicidio, entre otros.

De igual manera, establece prisión no menor de cuatro años ni mayor de seis años para quienes faciliten el ingreso ilegal o tránsito irregular de extranjeros en el país.

También se incorpora al Código Penal el delito de reingreso clandestino con penas privativas de la libertad no menor de dos años ni mayor de cuatro años para los extranjeros que, contando con sentencia condenatoria consentida o ejecutoriada o sanción administrativa firme o expulsión, reingresen ilegalmente al país.

Nuevo plazo de control

El Gobierno Nacional promulgó, también, el Decreto Legislativo N° 1574, que modifica el nuevo Código Procesal, en lo que respecta al plazo para el Control de Identidad Policial de ciudadanos extranjeros.

En virtud de esta norma, este proceso de identificación será de 12 horas como máximo y ya no cuatro horas. En este lapso, la Policía verificará si el intervenido tiene antecedentes policiales, penales o judiciales, así como requisitorias vigentes u órdenes de captura internacional, procediéndose, en estos últimos casos, a su detención conforme a ley.

A la fecha, muchos migrantes evadían la ley ocultando sus datos reales con información falsa, debido al poco plazo de cuatro horas establecido, lo que les permitía dejar la dependencia policial al término de este tiempo.

El citado decreto legislativo precisa que, si con el nuevo plazo de 12 horas no se obtiene información del extranjero intervenido, la Policía Nacional informará al Ministerio Público, que podrá solicitar al Poder Judicial las medidas coercitivas correspondientes.

La elaboración técnica de ambos decretos fue encargada por la Presidencia del Consejo de Ministros al Ministerio del Interior, cuyo titular del sector, Vicente Romero, resaltó que ambos decretos aprobados en el Gabinete Ministerial ayudarán eficazmente a la Policía para el cumplimiento de su labor.

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INSEGURIDAD EN LA LIBERTAD: NEGOCIOS SUFREN MILLONARIAS PÉRDIDAS POR EXTORSIÓN

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INSEGURIDAD EN LA LIBERTAD: NEGOCIOS SUFREN MILLONARIAS PÉRDIDAS POR EXTORSIÓN

El economista Giacomo Puccio de Redes advierte que la extorsión lidera el crimen en la región, obligando a las empresas a destinar el 10 % de sus ingresos a seguridad privada.

Giacomo Puccio, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes), destacó que La Libertad se mantiene como la región que lidera el ranking nacional de extorsiones, a pesar de registrarse una ligera disminución en algunos delitos durante los primeros meses de 2026. En 2025, la región contabilizó cerca de 246 homicidios y un promedio anual de 4000 casos de extorsión, lo que forzó el cierre o la relocalización de aproximadamente 7700 negocios. El impacto ha sido mayor en el sector transporte, donde se han perdido inversiones que pueden alcanzar hasta los US$110 000 por unidad, reduciendo drásticamente la oferta de servicios.

La inseguridad ciudadana ejerce una presión directa sobre la economía al obligar a las empresas a desviar recursos hacia gastos de protección privada. Puccio advirtió que “la inseguridad puede llevarse hasta el 10 % de los ingresos de una empresa, que se invertirían en vigilancias, cámaras y seguridad privada que normalmente se podrían invertir en algo más productivo”. Esto impide que los negocios inviertan en su expansión, en la generación de nuevos empleos o en mejoras operativas, frenando el crecimiento de la región.

Para enfrentar esta problemática, resulta urgente cubrir el déficit de 3000 efectivos policiales y fortalecer la inteligencia para desarticular las redes de financiamiento de las economías ilegales. El economista enfatizó que “no podemos vivir de los estados de emergencia”, pues existe evidencia de que no son suficientes para lograr reducciones sostenidas en las tasas de criminalidad. En ese sentido, propuso un enfoque integral que incluya fiscalías especializadas y una cultura de prevención que fortalezca la educación y el empleo en zonas vulnerables.

Fuente: REDES

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GESTIÓN PÚBLICA DEFICIENTE: MUNICIPIOS CON MAYORES RECURSOS DE CANON DEJAN SIN EJECUTAR S/1000 MILLONES CADA AÑO

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GESTIÓN PÚBLICA DEFICIENTE: MUNICIPIOS CON MAYORES RECURSOS DE CANON DEJAN SIN EJECUTAR S/1000 MILLONES CADA AÑO

Colegios deteriorados y centros de salud que no operan son la cara visible de municipios que no saben, o no pueden, gastar lo que tienen.

En un escenario de precios récord de los metales, la dependencia de los gobiernos locales hacia la minería es tan alta que, según un estudio de Videnza, representa hasta el 70 % del presupuesto en algunas regiones del país. Sin embargo, esta abundancia no se traduce en desarrollo: entre 2023 y 2025, los 20 municipios con mayores asignaciones por canon y regalías mineras dejaron sin utilizar más de S/1000 millones anuales destinados a proyectos de inversión. El caso de Áncash es ilustrativo: a pesar de recibir S/8000 millones entre 2019 y 2025, solo el 25 % de sus colegios tiene aulas en buen estado y apenas 6 de cada 100 centros de salud operan correctamente.

La incapacidad de gasto se manifiesta en distritos como Marcona, que en 2025 apenas logró ejecutar el 37.2 % de sus S/286 millones asignados. Frente a este escenario de abandono administrativo, Luis Miguel Castilla, exministro de Economía, destaca la urgencia de sincerar las carteras de inversión para “no tener proyectos que registren más de 10 años inactivos o con cero avance físico”. Esta necesidad también ha sido reconocida por el propio Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que advierte que la acumulación de iniciativas inviables ha desbordado la capacidad de ejecución del Estado. Según el viceministro de Economía, Eloy Durán, aunque existen 7122 proyectos viales en ejecución por S/61,000 millones, la cartera total asciende a S/221,000 millones, un monto que calificó como “imposible de absorber”.

Al respecto, Álvaro Cubas, economista del Consejo Privado de Competitividad (CPC), enfatiza que el problema central ha dejado de ser solo la disponibilidad de fondos para convertirse en una crisis de gestión: “Se ha destinado muchos recursos, pero no se materializan. Y aquí viene el tema, ya no es solo la ejecución, es falta de calidad”. Mientras esa calidad no mejore, los ciudadanos de las zonas mineras seguirán siendo los más afectados por una paradoja que se repite año tras año: vivir sobre la riqueza que el Estado no sabe gastar.

Fuente: Gestión, Correo y Rumbo Minero

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