Por: Iris Sánchez Porro

La fe pública no es un privilegio, es una garantía estatal de verdad. Sin embargo, en el Perú, el reciente proceso de Selección de Traductores Públicos Juramentados (Convocatoria N° 001-2026-TPJ); el mismo que se llevó a cabo después de 16 años, aun cuando la ley vigente hasta el 2024 señalaba que debía convocarse cada 2 años; ha dejado de ser un certamen de capacidades para convertirse en el escenario de una denuncia que hiede a consorcio multimillonario, con prácticas de antaño y a un presunto «filtro político» que asfixia el talento profesional.

La solicitud presentada ante la Presidencia de la República del Perú y el Congreso no es solo la queja de una postulante; es la radiografía de una hidra de Lerna lanzada contra unos pocos para conservar privilegios económicos bajo el manto de la subjetividad.

EL «FILTRO POLÍTICO»: DONDE LA CAPACIDAD TÉCNICA MUERE

Resulta inverosímil que profesionales que han superado con éxito cuatro etapas técnicas de alta exigencia, obteniendo calificaciones sobresalientes de 20, 19 y 16.50 en las etapas anteriores, terminen siendo descalificados en una «entrevista de concepto» que no cuenta con ningún parámetro objetivo público, ni rúbrica, ni baremo, ni ficha de evaluación con criterios lógicos. ¿Cómo es posible que un traductor técnicamente impecable deje de ser «idóneo» en una conversación de 5 minutos sin parámetros objetivos medibles?

La denuncia es clara: esta última etapa se habría utilizado como un embudo subjetivo para excluir a perfiles de alto rendimiento y favorecer, presuntamente, a personas vinculadas a las estructuras que hoy dominan el mercado, salvo escasas y honrosas excepciones. Estamos ante una vulneración flagrante de la inexistente meritocracia peruana. Cuando la opinión de un entrevistador político pesa más que la evidencia de la capacidad técnica, el proceso pierde su naturaleza pública y se convierte en una adjudicación dactilar, como a las que están acostumbradas las non plus ultra de la traducción en el Perú.                                                                     

VACANTES DESIERTAS: LA ESTRATEGIA DE LA ESCASEZ ARTIFICIAL

Uno de los puntos más alarmantes es la declaración de vacantes desiertas a pesar de existir candidatos aprobados en todas las 4 fases técnicas anteriores a la etapa del “filtro político”. Solo en el idioma portugués, el 85% de las vacantes quedaron sin asignar, violando las propias bases del concurso, en inglés, el 30% de las 29 plazas para traducción directa y de las 21 plazas para traducción inversa. Invito a los traductores a realizar sus propios cálculos, sin escuchar falacias esparcidas para silenciarlos. Esta maniobra no parece responder a una falta de talento, puesto que hay traductores con perfiles aprobados en todas las fases previas, sino a una intención de restringir el acceso al cargo.

Al limitar el número de nuevos Traductores Públicos Juramentados, se asegura que el «pastel» económico no se reparta, sino que todo quede concentrado nuevamente en el monopolio que funge de mafia ultraderechista. El Ministerio de Relaciones Exteriores, responsable del proceso, estaría incumpliendo su propia meta de renovación del 100% de nuevos cuadros profesionales. ¿A quién beneficia que no haya nuevos traductores oficiales de la contraparte política? – a saber, de izquierdas o afines.  La respuesta apunta directamente a un monopolio camuflado de consorcios anticompetitivos, ilegales en la actualidad que, según la denuncia, ha operado en la sombra durante décadas.

LAS SOMBRAS DEL MONOPOLIO Y LA CONCENTRACIÓN ECONÓMICA

La acusación menciona un entramado de consorcios, bajo la misma responsabilidad legal, que habrían generado más de 70 millones de soles en la última década, acaparando las traducciones públicas juramentadas para instituciones clave como el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Este escenario no solo sería una injusticia profesional, sino una violación constitucional. El Artículo 61 de la Constitución Política del Perú prohíbe expresamente el acaparamiento y la concentración económica. Si un solo grupo familiar habría logrado, presuntamente, frenar de manera directa o indirecta este concurso por 16 años para proteger sus intereses millonarios, estamos ante un caso de desvío de poder que afecta directamente al Estado, a sus ciudadanos y a la libre competencia.

LA URGENCIA DE LA TRANSPARENCIA

La falta de transparencia por parte de la Cancillería, rechazando solicitudes por cuestiones de forma, negando rúbricas y grabaciones de las entrevistas, solo alimenta la sospecha de irregularidades. Un proceso que otorga la potestad de firmar documentos oficiales en nombre de la Nación no puede permitirse ni una pizca de duda.

La solicitud de suspender el cronograma y declarar la nulidad de la quinta etapa antes de la publicación de resultados finales el 20 de abril es una medida de emergencia necesaria. La Presidencia de la República y el Congreso deben actuar de acuerdo a sus legítimas competencias sobre este «bloqueo sistemático» a la carrera pública de los traductores, quienes llevamos casi 20 años sufriendo esta injusticia por mero capricho de una clase privilegiada y antiguamente poderosa.

El Perú no puede seguir siendo el país donde «quien conoces», ya sea al clan Fujimori o Montesinos, pueda valer más que el «qué sabes». Si el Ministerio de Relaciones Exteriores no garantiza un proceso limpio, estaría validando que la fe pública es un botín comercial de mercenarios con acreditaciones profesionales. Es hora de que las competencias profesionales valgan por si solas y no se necesite “padrino” para ingresar a ningún trabajo del Estado.

No podemos permitir que un grupúsculo de 10 traductores corruptos siga haciendo lo que se les da la gana y eligiendo a dedo a quienes les conviene, repito, salvo 2 o 3 honrosas excepciones ingresadas a la lista aprobatoria para evitar sospechas y una fiscalización externa que sí o sí debe realizarse.

La justicia para nosotros, los nueve traductores excluidos cuyas vacantes disponibles responden al 30% de las plazas que serían declaradas desiertas a partir del día 20 de abril de 2026, es en realidad, la defensa del derecho de todos los peruanos a un mercado profesional libre de direccionamientos o desvío de poder.

Que nuestro caso sea la jurisprudencia que permita que esto deje de suceder en el sector público.