Política
EL SECUESTRO DE LA FE PÚBLICA: ¿MERITOCRACIA O MONOPOLIO EN LA TRADUCCIÓN PÚBLICA JURAMENTADA?
Por: Iris Sánchez Porro
La fe pública no es un privilegio, es una garantía estatal de verdad. Sin embargo, en el Perú, el reciente proceso de Selección de Traductores Públicos Juramentados (Convocatoria N° 001-2026-TPJ); el mismo que se llevó a cabo después de 16 años, aun cuando la ley vigente hasta el 2024 señalaba que debía convocarse cada 2 años; ha dejado de ser un certamen de capacidades para convertirse en el escenario de una denuncia que hiede a consorcio multimillonario, con prácticas de antaño y a un presunto «filtro político» que asfixia el talento profesional.
La solicitud presentada ante la Presidencia de la República del Perú y el Congreso no es solo la queja de una postulante; es la radiografía de una hidra de Lerna lanzada contra unos pocos para conservar privilegios económicos bajo el manto de la subjetividad.
EL «FILTRO POLÍTICO»: DONDE LA CAPACIDAD TÉCNICA MUERE
Resulta inverosímil que profesionales que han superado con éxito cuatro etapas técnicas de alta exigencia, obteniendo calificaciones sobresalientes de 20, 19 y 16.50 en las etapas anteriores, terminen siendo descalificados en una «entrevista de concepto» que no cuenta con ningún parámetro objetivo público, ni rúbrica, ni baremo, ni ficha de evaluación con criterios lógicos. ¿Cómo es posible que un traductor técnicamente impecable deje de ser «idóneo» en una conversación de 5 minutos sin parámetros objetivos medibles?
La denuncia es clara: esta última etapa se habría utilizado como un embudo subjetivo para excluir a perfiles de alto rendimiento y favorecer, presuntamente, a personas vinculadas a las estructuras que hoy dominan el mercado, salvo escasas y honrosas excepciones. Estamos ante una vulneración flagrante de la inexistente meritocracia peruana. Cuando la opinión de un entrevistador político pesa más que la evidencia de la capacidad técnica, el proceso pierde su naturaleza pública y se convierte en una adjudicación dactilar, como a las que están acostumbradas las non plus ultra de la traducción en el Perú.
VACANTES DESIERTAS: LA ESTRATEGIA DE LA ESCASEZ ARTIFICIAL
Uno de los puntos más alarmantes es la declaración de vacantes desiertas a pesar de existir candidatos aprobados en todas las 4 fases técnicas anteriores a la etapa del “filtro político”. Solo en el idioma portugués, el 85% de las vacantes quedaron sin asignar, violando las propias bases del concurso, en inglés, el 30% de las 29 plazas para traducción directa y de las 21 plazas para traducción inversa. Invito a los traductores a realizar sus propios cálculos, sin escuchar falacias esparcidas para silenciarlos. Esta maniobra no parece responder a una falta de talento, puesto que hay traductores con perfiles aprobados en todas las fases previas, sino a una intención de restringir el acceso al cargo.
Al limitar el número de nuevos Traductores Públicos Juramentados, se asegura que el «pastel» económico no se reparta, sino que todo quede concentrado nuevamente en el monopolio que funge de mafia ultraderechista. El Ministerio de Relaciones Exteriores, responsable del proceso, estaría incumpliendo su propia meta de renovación del 100% de nuevos cuadros profesionales. ¿A quién beneficia que no haya nuevos traductores oficiales de la contraparte política? – a saber, de izquierdas o afines. La respuesta apunta directamente a un monopolio camuflado de consorcios anticompetitivos, ilegales en la actualidad que, según la denuncia, ha operado en la sombra durante décadas.
LAS SOMBRAS DEL MONOPOLIO Y LA CONCENTRACIÓN ECONÓMICA
La acusación menciona un entramado de consorcios, bajo la misma responsabilidad legal, que habrían generado más de 70 millones de soles en la última década, acaparando las traducciones públicas juramentadas para instituciones clave como el Ministerio Público y el Poder Judicial.
Este escenario no solo sería una injusticia profesional, sino una violación constitucional. El Artículo 61 de la Constitución Política del Perú prohíbe expresamente el acaparamiento y la concentración económica. Si un solo grupo familiar habría logrado, presuntamente, frenar de manera directa o indirecta este concurso por 16 años para proteger sus intereses millonarios, estamos ante un caso de desvío de poder que afecta directamente al Estado, a sus ciudadanos y a la libre competencia.
LA URGENCIA DE LA TRANSPARENCIA
La falta de transparencia por parte de la Cancillería, rechazando solicitudes por cuestiones de forma, negando rúbricas y grabaciones de las entrevistas, solo alimenta la sospecha de irregularidades. Un proceso que otorga la potestad de firmar documentos oficiales en nombre de la Nación no puede permitirse ni una pizca de duda.
La solicitud de suspender el cronograma y declarar la nulidad de la quinta etapa antes de la publicación de resultados finales el 20 de abril es una medida de emergencia necesaria. La Presidencia de la República y el Congreso deben actuar de acuerdo a sus legítimas competencias sobre este «bloqueo sistemático» a la carrera pública de los traductores, quienes llevamos casi 20 años sufriendo esta injusticia por mero capricho de una clase privilegiada y antiguamente poderosa.
El Perú no puede seguir siendo el país donde «quien conoces», ya sea al clan Fujimori o Montesinos, pueda valer más que el «qué sabes». Si el Ministerio de Relaciones Exteriores no garantiza un proceso limpio, estaría validando que la fe pública es un botín comercial de mercenarios con acreditaciones profesionales. Es hora de que las competencias profesionales valgan por si solas y no se necesite “padrino” para ingresar a ningún trabajo del Estado.
No podemos permitir que un grupúsculo de 10 traductores corruptos siga haciendo lo que se les da la gana y eligiendo a dedo a quienes les conviene, repito, salvo 2 o 3 honrosas excepciones ingresadas a la lista aprobatoria para evitar sospechas y una fiscalización externa que sí o sí debe realizarse.
La justicia para nosotros, los nueve traductores excluidos cuyas vacantes disponibles responden al 30% de las plazas que serían declaradas desiertas a partir del día 20 de abril de 2026, es en realidad, la defensa del derecho de todos los peruanos a un mercado profesional libre de direccionamientos o desvío de poder.
Que nuestro caso sea la jurisprudencia que permita que esto deje de suceder en el sector público.
Senador Iber Maraví cuestionó que el ministro César Astudillo interrumpiera a Ruth Luque durante la sesión.
Humberto Morales denunció el «ADN dictatorial del fujimorismo» y acusó al oficialismo y sus aliados de recurrir a la prepotencia y la intimidación
La presidenta Keiko Fujimori desató una nueva controversia política al utilizar la expresión «los perros ladran» durante un pronunciamiento sobre el enfrentamiento ocurrido en el Senado. La mandataria, rodeada de altos mandos militares durante una actividad en el Cuartel General del Ejército, expresó su respaldo al ministro del Interior, César Astudillo, y declaró: «Ministro, los perros ladran. Esa es una señal de que estamos avanzando».
Sus palabras fueron interpretadas como una descalificación de quienes cuestionan al Gobierno. Fujimori aseguró que Astudillo había sido agredido verbalmente durante la sesión de la Comisión de Constitución y le expresó su «total respaldo y gratitud» por su valentía. Sin embargo, la presidenta no identificó las expresiones que consideraba ofensivas ni respondió a las observaciones sobre la reforma policial que habían originado la discusión. Su pronunciamiento trasladó la controversia parlamentaria al escenario presidencial. El incidente comenzó cuando la senadora Ruth Luque cuestionó al ministro del Interior por no abordar una reforma profunda de la Policía Nacional. Astudillo reaccionó ante sus expresiones y se produjo un intercambio verbal en el que intervino Iber Maraví, de Juntos por el Perú, quien reclamó respeto al turno de palabra de la legisladora. La discusión escaló con la participación de otros parlamentarios y obligó a suspender temporalmente la sesión. Posteriormente, el senador Calisto Giampietri, de Renovación Popular, encaró a Maraví durante el enfrentamiento.
El representante de Juntos por el Perú denunció que Giampietri se aproximó de manera intimidatoria y lo desafió a resolver sus diferencias fuera del Congreso. El propio Giampietri reconoció haber planteado continuar la discusión afuera, aunque afirmó que intervino para defender a dos senadoras. El episodio dio lugar a acusaciones cruzadas sobre amenazas, agresiones verbales y conductas impropias de representantes políticos. El exparlamentario Humberto Morales denunció lo que denominó el «ADN dictatorial del fujimorismo» y acusó al oficialismo y sus aliados de recurrir a la prepotencia y la intimidación. Iber Maraví también cuestionó lo que describió como el verdadero rostro autoritario del fujimorismo, al que acusó de utilizar una apariencia democrática para conseguir las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo.
Ambas declaraciones expresan el rechazo de estos dirigentes al comportamiento de los representantes del Gobierno durante el incidente. Las críticas se extendieron a otros sectores políticos. Raúl Noblecilla calificó a Giampietri de «bravucón y cobarde» y denunció actitudes de autoritarismo y desprecio hacia la ciudadanía. Por su parte, el expresidente del Consejo de Ministros Aníbal Torres cuestionó el comportamiento de los funcionarios y legisladores involucrados, a quienes acusó de actuar con prepotencia y de contribuir al deterioro político del país. Las expresiones reflejaron la intensidad del enfrentamiento entre el oficialismo y sus adversarios.
La controversia ocurre mientras el Senado evalúa las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo para enfrentar la inseguridad ciudadana y prevenir los efectos del fenómeno El Niño. Durante su discurso, Fujimori también contrapuso a quienes respaldan a las Fuerzas Armadas con organizaciones como Sendero Luminoso y el Movadef, en un llamado a definir posiciones frente a la violencia. La discusión deja abiertas dos cuestiones: el alcance de las atribuciones que recibirá el Gobierno y el respeto a la discrepancia política durante su debate parlamentario.
OPOSICIÓN DENUNCIA AUTORITARISMO Y RECHAZA INTIMIDACIONES EN EL SENADO
El enfrentamiento registrado durante la sesión de la Comisión de Constitución provocó una serie de pronunciamientos de dirigentes vinculados a la izquierda, quienes acusaron al fujimorismo y sus aliados de recurrir a la prepotencia frente a los cuestionamientos políticos. Humberto Morales denunció lo que calificó como el «ADN dictatorial del fujimorismo», mientras Iber Maraví sostuvo que los incidentes habían dejado al descubierto una actitud que, a su juicio, contradice el discurso democrático del oficialismo. Maraví rechazó el comportamiento de los funcionarios y legisladores involucrados y afirmó que no se dejaría intimidar. El senador cuestionó que el enfrentamiento se produjera precisamente durante la discusión de las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo. Por su parte, Raúl Noblecilla acusó a Giampietri de actuar con arrogancia y prepotencia, mientras Aníbal Torres cuestionó a quienes, según expresó, exhiben actitudes confrontacionales frente a sus adversarios políticos. Las declaraciones de los dirigentes opositores coincidieron en cuestionar el trato recibido por los parlamentarios críticos del Gobierno y en rechazar las conductas que consideran intimidatorias. El episodio profundizó las discrepancias sobre el pedido de facultades legislativas y abrió una controversia sobre los límites del debate político, el respeto a las minorías parlamentarias y la responsabilidad de las autoridades frente a las críticas.
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Con motivo del 115.º aniversario de la República de China (Taiwán), que se conmemora cada 10 de octubre, la Oficina Económica y Cultural de Taipei en el Perú ofreció una recepción en Lima, a la que asistieron representantes de los ámbitos académico, político y empresarial, miembros del cuerpo diplomático, periodistas, representantes de las Fuerzas Armadas y miembros de la comunidad taiwanesa residente en el país.
Durante la recepción, Gustavo Chao-Jui Lu, representante de la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en el Perú, dio la bienvenida a los invitados y destacó los estrechos vínculos de amistad y cooperación que unen a Taiwán y al Perú.
En su discurso, Lu resaltó el liderazgo mundial de Taiwán en los sectores de los semiconductores y las tecnologías de inteligencia artificial, así como su firmeza para afrontar los desafíos globales y regionales y su voluntad de contribuir a la comunidad internacional. En este contexto, señaló que el Perú y Taiwán comparten valores fundamentales, como la libertad, la democracia y el Estado de derecho, y cuentan con economías complementarias y vínculos comerciales en constante crecimiento.
Asimismo, subrayó la importancia de seguir fortaleciendo los intercambios y la cooperación bilateral en diversos ámbitos, así como los lazos de amistad construidos a lo largo de los años entre los pueblos de Taiwán y el Perú. También destacó la contribución de la comunidad taiwanesa al desarrollo de las relaciones entre ambas partes. Finalmente, agradeció la cálida acogida recibida en el país y expresó su aprecio por la oportunidad de conocer y disfrutar de las danzas, la cultura y la reconocida gastronomía peruanas.
La ceremonia contó, además, con la presencia de Raúl Diez Canseco, exvicepresidente de la República y fundador presidente de la Corporación Educativa USIL, y de Patricia Li Sotelo, presidenta de Somos Perú, quienes también dirigieron unas palabras a los asistentes.
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