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ENFRENTAMIENTOS POLÍTICOS –

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La controversia entre el Congreso de la República y el Poder Judicial sobre las competencias constitucionales revela tensiones profundas en el sistema político peruano. El conflicto se originó cuando el Congreso presentó una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional (TC) tras una medida cautelar otorgada a favor de Aldo Vásquez e Inés Tello para su reposición en la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Este acto judicial fue interpretado por el Congreso como una intromisión en sus competencias exclusivas de llevar a cabo juicios políticos, lo que motivó la demanda.

El Poder Judicial, defendiendo sus fueros, ha argumentado que su intervención no socava las competencias del Congreso sino que garantiza el debido proceso en los juicios políticos. Según la constitucionalista Beatriz Ramírez, el Poder Judicial tiene la autoridad para revisar estos procesos, asegurando que no se vulneren derechos fundamentales. Esta posición subraya la necesidad de un equilibrio de poderes y de mecanismos de control y balance entre las diferentes ramas del Estado, esenciales para la salud democrática.

La disputa ha intensificado las miradas hacia el TC, cuya afinidad con el Parlamento ha sido cuestionada, especialmente después de que anuló la medida cautelar a favor de Vásquez y Tello. Esto plantea un escenario de contienda entre el TC y el Poder Judicial, con implicaciones significativas para la separación de poderes. Además, el proceso competencial mismo ha sido cuestionado, ya que el Poder Judicial sostiene que el camino adecuado para impugnar una resolución judicial es a través de la apelación, no de una demanda competencial.

Finalmente, mientras el TC decide sobre la demanda competencial, la Primera Sala Constitucional debe resolver el fondo del amparo presentado por Vásquez y Tello. Este caso no solo examina la inhabilitación y separación de los miembros de la JNJ, sino que también podría establecer precedentes sobre la independencia judicial y el alcance de los controles constitucionales sobre los actos parlamentarios. La resolución de este conflicto será crucial para delinear las fronteras de la autoridad entre las instituciones del Estado peruano.

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El parque inclusivo más grande y moderno del país ha sido construido en Santiago de Surco

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En un amplio espacio de 1133 metros cuadrados, la Municipalidad de Surco ha implementado un nuevo parque que será el orgullo del distrito, el inclusivo Parque para Todos, con accesos y juegos adaptados, donde todos, sin importar sus capacidades físicas, sensoriales o cognitivas, pueden disfrutarlo al máximo.

El nuevo parque, el más moderno del país, posee senderos amplios y accesibles, rampas, pasarelas y 17 juegos adaptados para niños y adultos con movilidad reducida; baños inclusivos y cómodas zonas de descanso, todo pensado para que cada rincón sea una experiencia cómoda, segura y feliz para todos.

En el área del circuito empático sensorial se tiene los siguientes juegos o elementos: el arco de sombras, el bosque de viento, el gusano sonoro, el xilófono, los tambores, el xilófono inclusivo, el campanil de pie inclusivo. También hay bancas, tachos y señalética en Braille.

En tanto, en el circuito inclusivo lúdico se encuentran el columpio inclusivo, el columpio oscilatorio inclusivo mixto, el columpio inclusivo adulto/menor, el carrusel inclusivo mixto, el sube y baja inclusivo mixto, la isla inclusiva y el sube y baja doble.

Este parque no es solo un nuevo espacio público, es un compromiso real con la diversidad, la inclusión y el respeto por todos nuestros vecinos.

El Parque para Todos está ubicado dentro del gran parque de atracciones Voces, ubicado en la intersección de la avenida Los Castillos y el jirón Belisario Suárez. El ingreso es gratuito y el horario de atención es de martes a domingo, de 08:00 de la mañana a 10:00 de la noche.

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acusado de abuso sexual, reaparece en Vaticano

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La figura del cardenal peruano Juan Luis Cipriani vuelve al centro del escándalo eclesiástico. Esta vez, no por sus férreas posturas conservadoras ni por su controvertida cercanía al Opus Dei, sino por aparecer, vestido con sotana y solideo rojo, frente al féretro del papa Francisco, el mismo pontífice que en 2019 lo sancionó, lo exilió del Perú y le prohibió ejercer públicamente como cardenal.

Las imágenes difundidas desde el Vaticano han causado indignación entre víctimas de abuso clerical, activistas y sectores progresistas de la Iglesia católica. Cipriani —quien fue arzobispo de Lima durante dos décadas y llegó a ser el hombre más poderoso de la Iglesia en Perú— está acusado de haber abusado sexualmente de un adolescente a comienzos de los años 80, cuando el joven tenía entre 16 y 17 años. Él niega los cargos. Su presunta víctima, hoy de 58 años, escribió directamente al papa Francisco en 2018 para denunciarlo.

El papa argentino reaccionó ante la denuncia. En 2019, le ordenó a Cipriani dejar el país, guardar silencio, no portar los símbolos cardenalicios y mantenerse alejado del cónclave. Aunque con 81 años ya no tiene derecho a voto, su sola presencia en las reuniones previas a la elección del nuevo papa —como ha sido reportado— resulta, para muchos, un desafío abierto a la autoridad del fallecido pontífice.

«El hecho de que Cipriani haya sido visto con traje de cardenal en actos oficiales, a pesar de las sanciones, es una afrenta”, afirmó Gareth Gore, experto en el Opus Dei, en declaraciones a la agencia AFP. Para Gore, esto demuestra la fuerza persistente del ala ultraconservadora de la Iglesia, que busca reposicionarse en medio del proceso de sucesión papal.

Organizaciones de víctimas de abusos de parte de sacerdotes también han alzado la voz. “Cipriani y los cardenales que lo permiten revictimizan a la persona denunciante. Es imperdonable”, señaló la Red de Sobrevivientes de Perú. «Su presencia es un mensaje preocupante que daña la confianza en el proceso de elección del próximo papa”.

El Vaticano, por su parte, ha evitado responder preguntas sobre la participación de Cipriani en estos días clave. En una carta abierta, el cardenal asegura que en 2020 recibió autorización del propio Francisco para «reanudar sus tareas pastorales», aunque no menciona la reversión de las restricciones simbólicas.

Para Anne Barrett Doyle, codirectora de la ONG Bishop Accountability, que documenta abusos sexuales en la Iglesia, este episodio revela «una desconexión brutal entre las palabras y las acciones del Vaticano en la lucha contra los abusos”.

Durante las reuniones previas al cónclave, los cardenales han situado el tema de los abusos como uno de los principales desafíos para el próximo pontífice. «La tolerancia cero es un eslogan vacío mientras no esté consagrada en el derecho canónico”, opinó Matthias Katsch, sobreviviente alemán y activista por la transparencia en la Iglesia.

Cipriani no está solo en la controversia. El caso recuerda al del cardenal italiano Angelo Becciu, implicado en un escándalo financiero y también sancionado por Francisco. Ambos casos evidencian que el combate a los abusos y a la corrupción interna sigue siendo un reto pendiente para el Vaticano.

En el Perú, la figura de Cipriani divide profundamente a los fieles. Fue el primer cardenal del Opus Dei, cercano a las élites políticas y económicas, y símbolo del sector más conservador del catolicismo local. Hoy, su legado queda ensombrecido por una acusación que, aunque no ha llegado a los tribunales, ha tenido consecuencias eclesiásticas de gran alcance.

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