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Estado de emergencia en San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres
Igualmente, en las zonas de Sullana, Bellavista y otros lugares dentro de la región de Piura
La noche del día de ayer, 19 de septiembre, el Poder Ejecutivo ha decretado formalmente el estado de emergencia en los distritos de San Martín de Porres y San Juan de Lurigancho, ubicados en el departamento de Lima.
Del mismo modo, se ha decidido implementar esta acción en los distritos de Sullana, Bellavista, Marcavelica, Salitral, Querecotillo, Ignacio Escudero y Miguel Checa, que forman parte de la provincia de Sullana, ubicada en el departamento de Piura. En consecuencia, se establece que se suspendan las actividades sociales y los espectáculos durante el período de 00:00 a 04:00 en estos lugares.
La declaración mencionada se extenderá por un período de 60 días consecutivos, según lo establecido en el Decreto Supremo 105-2023-PCM, que se hizo pública esta noche en una edición especial de la sección Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.
Este dispositivo legal establece que el estado de emergencia aplicado en esas áreas conlleva «la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de reunión y libertad y seguridad personales». Estos derechos están definidos en los apartados 9, 11, 12 y 24, además del inciso f) del artículo 2 de la Constitución.
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Además, se especifica que la actuación de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en las áreas mencionadas estará sujeta a las normativas establecidas en los decretos legislativos 1186 y 1095, siendo este último complementado por el Decreto Supremo 003-2020-DE.
Se indica que el Ministerio del Interior coordinará operaciones policiales en colaboración con la Dirección Nacional de Migraciones y la Superintendencia Nacional encargada de supervisar los Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil.
Asimismo, esta cartera ministerial colaborará con las autoridades de las regiones y municipios para llevar a cabo a cabo actividades de «fiscalización administrativa» en el transporte público, incluyendo vehículos menores, y en lugares de diversión, espectáculos y hospedajes.
También se llevarán a cabo trabajos de supervisión mediante cámaras de video, patrullajes coordinados y la actualización de los registros de actividades delictivas y peligros.
El decreto también concede permiso a la Policía para llevar a cabo operaciones destinadas a reforzar la seguridad en las instalaciones de reclusión, en sus alrededores y en el espacio aéreo circundante.
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PROYECTOS DEL CONGRESO CONVERTIRÍAN A SUNAFIL EN UNA AMENAZA PARA LAS MYPE EN VEZ DE UN ALIADO
Horizonte Laboral advierte que vincular los salarios de los inspectores de Sunafil a recursos provenientes de multas y sanciones crearía un incentivo que distorsiona la función fiscalizadora, lo que podría agudizar la vulnerabilidad de las más de 2,3 millones de mype del país.
Las micro y pequeñas empresas podrían enfrentar mayor presión si avanzan las iniciativas del Congreso orientadas a mejorar las remuneraciones de los trabajadores de Sunafil, advierte Horizonte Laboral. Mientras el Proyecto de Ley N.º 9744/2024-CR, que plantea una bonificación por desempeño, ya cuenta con dictamen, otras tres propuestas que buscan implementar una nueva escala remunerativa se encuentran en agenda del Pleno: los proyectos N.º 14184/2025-CR, 14023/2025-CR y 13696/2025-CR.
Las mype representan el 99.7 % de la estructura empresarial del país, con más de 2.3 millones de unidades productivas. Además, enfrenta altos niveles de informalidad, con 90.3 % en microempresas y 45.6 % en pequeñas empresas. Según la Encuesta Nacional de Empresas 2019, solo el 15.8 % de las microempresas accedió a servicios de asistencia técnica especializada. “Las mipyme necesitan asistencia y orientación para transitar hacia la formalidad”, precisa Paloma Cotrina Navarro, especialista legal de Horizonte Laboral.
La experta menciona que el problema no es mejorar las condiciones laborales del personal de Sunafil, sino la forma en que se financian esos beneficios. En esa línea, señala que vincular los aumentos salariales con recursos obtenidos por sanciones puede afectar la confianza en la fiscalización laboral. “Mientras más sanciono, más voy a ganar. Ese es justamente el tipo de incentivo que debería evitarse”, comenta Cotrina. Según el informe, este diseño puede reforzar una visión más recaudatoria que preventiva y elevar los costos para empresas con menor capacidad económica.
Fuente: Gestión & Horizonte Laboral
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“LA CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES DEL PERÚ RECHAZA PROTESTAS CONTRA EL CONTEO ELECTORAL”, REPORTÓ PERÚ 21
“La CTP aseguró que rechazan «las convocatorias a movilizaciones, actos de presión o cualquier acción que busque desconocer, condicionar o influir indebidamente en el trabajo de los organismos electorales»
La Confederación de Trabajadores del Perú (CTP) se pronunció sobre el proceso de conteo de actas de los comicios presidenciales realizados el pasado domingo 7 de junio de 2026 y se mostró en contra de aquellos que llaman a marchar frente al conteo.
A través del comunicado, los representantes de la CTP señalaron que la institución «reafirma su compromiso con la democracia, el Estado de Derecho y el respeto irrestricto a la voluntad soberana expresada por el pueblo peruano en las urnas el 07 de junio de 2026».
Frente a las recientes manifestaciones e iniciativas de movilización social reportadas en los últimos días, se mostró en contra de las mismas y llamó a los dirigentes a «mantener la calma y esperar responsablemente los resultados oficiales que emita la autoridad electoral competente».”, reportó Perú 21.
Fuente: Perú 21
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