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Estado de emergencia en San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres
Igualmente, en las zonas de Sullana, Bellavista y otros lugares dentro de la región de Piura
La noche del día de ayer, 19 de septiembre, el Poder Ejecutivo ha decretado formalmente el estado de emergencia en los distritos de San Martín de Porres y San Juan de Lurigancho, ubicados en el departamento de Lima.
Del mismo modo, se ha decidido implementar esta acción en los distritos de Sullana, Bellavista, Marcavelica, Salitral, Querecotillo, Ignacio Escudero y Miguel Checa, que forman parte de la provincia de Sullana, ubicada en el departamento de Piura. En consecuencia, se establece que se suspendan las actividades sociales y los espectáculos durante el período de 00:00 a 04:00 en estos lugares.
La declaración mencionada se extenderá por un período de 60 días consecutivos, según lo establecido en el Decreto Supremo 105-2023-PCM, que se hizo pública esta noche en una edición especial de la sección Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.
Este dispositivo legal establece que el estado de emergencia aplicado en esas áreas conlleva «la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de reunión y libertad y seguridad personales». Estos derechos están definidos en los apartados 9, 11, 12 y 24, además del inciso f) del artículo 2 de la Constitución.
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Además, se especifica que la actuación de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en las áreas mencionadas estará sujeta a las normativas establecidas en los decretos legislativos 1186 y 1095, siendo este último complementado por el Decreto Supremo 003-2020-DE.
Se indica que el Ministerio del Interior coordinará operaciones policiales en colaboración con la Dirección Nacional de Migraciones y la Superintendencia Nacional encargada de supervisar los Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil.
Asimismo, esta cartera ministerial colaborará con las autoridades de las regiones y municipios para llevar a cabo a cabo actividades de «fiscalización administrativa» en el transporte público, incluyendo vehículos menores, y en lugares de diversión, espectáculos y hospedajes.
También se llevarán a cabo trabajos de supervisión mediante cámaras de video, patrullajes coordinados y la actualización de los registros de actividades delictivas y peligros.
El decreto también concede permiso a la Policía para llevar a cabo operaciones destinadas a reforzar la seguridad en las instalaciones de reclusión, en sus alrededores y en el espacio aéreo circundante.
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VIDENZA ADVIERTE INCONSISTENCIAS EN PROPUESTAS ECONÓMICAS DE LOS CANDIDATOS
Análisis del director de Videnza Instituto alerta que persisten debilidades técnicas en propuestas económicas y riesgos para la estabilidad fiscal.
Tras la primera vuelta electoral y en la antesala de la segunda, el análisis de los planes económicos de los candidatos evidencia que persisten vacíos importantes en el sustento técnico y financiero de sus propuestas. Según Luis Miguel Castilla, director de Videnza Instituto, aunque ahora el debate se ha reducido a menos opciones, continúan las inconsistencias en planteamientos que combinan anuncios de alto gasto con promesas de disciplina fiscal.
Entre los principales cuestionamientos, el economista advirtió que iniciativas como grandes proyectos de infraestructura, incluidos sistemas ferroviarios, siguen sin detallar su financiamiento. “Se plantean ferrocarriles interurbanos por un costo incremental anual de S/5 mil millones y no se explica cómo se financiarán”, señaló. Para Castilla, esta falta de claridad no es nueva y refleja una tendencia observada durante toda la campaña. “Todos sin excepción son muy laxos en prometer cosas que no saben cómo los van a financiar”, afirmó.
El análisis también identifica riesgos en materia fiscal y tributaria. Castilla alertó que propuestas como la reasignación de impuestos no consideran las restricciones actuales del sistema. “Se plantea reasignar parte del IGV y este ya está bastante reasignado”, explicó, al advertir posibles tensiones en las finanzas públicas. Además, subrayó que varias iniciativas dependen de decisiones del Congreso o no detallan su viabilidad, lo que incrementa la incertidumbre en esta etapa decisiva.
Finalmente, el especialista destacó que será clave que los candidatos —más aún ahora, de cara a la segunda vuelta— precisen cómo sostendrán la estabilidad macroeconómica. Mientras algunos han planteado dar continuidad a la conducción técnica del Banco Central de Reserva, otros no han definido una posición clara, lo que refleja diferencias en el enfoque hacia la política monetaria y la institucionalidad económica.
Fuente: Canal N
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DESCONFIANZA Y DESINTERÉS MARCAN LA RELACIÓN DE LOS PERUANOS CON LA POLÍTICA
Estudio evidencia baja confianza en instituciones y mayor apertura a liderazgos fuertes.
La Encuesta Mundial de Valores 2025 revela una fuerte desconfianza hacia las instituciones políticas. Solo el 2 % de los peruanos participa en partidos, mientras el Congreso concentra los mayores niveles de rechazo. Además, el 79 % afirma no tener “nada de confianza” en la figura presidencial, y el Gobierno obtiene un bajo puntaje de 2.8 sobre 9 en su capacidad para “hacer lo correcto”. “La encuesta muestra una sociedad con fuertes contrastes: seguimos siendo conservadores en temas como género y, al mismo tiempo, enfrentamos una profunda crisis de confianza”, señaló María Cecilia Villegas, CEO de Capitalismo Consciente Perú.
Este escenario se traduce en un menor respaldo a la democracia en la práctica. Quienes consideran “muy importante” vivir en democracia bajaron de 47 % a 41 % entre 2018 y 2025, mientras aumenta la aceptación de que un líder fuerte pueda ignorar al Congreso. “También preocupa el creciente respaldo a un líder fuerte o incluso a un gobierno militar”, advirtió Villegas.
En este contexto, se amplía el distanciamiento ciudadano. El 39 % no muestra interés en la política y más del 50 % afirma que nunca participaría en protestas. A ello se suman mayores dudas sobre el sistema electoral y una percepción extendida de corrupción. “Esta desconfianza se ha alimentado de campañas de desinformación, ataques a instituciones y un ecosistema digital que amplifica la confrontación”, explicó Nelly Luna, directora periodística y cofundadora de Ojo Público.
Fuente: InfoActiva
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