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Expresidente Castillo se victimiza durante audiencia judicial
Golpista Pedro Castillo ataca a la prensa
Pedro Castillo reapareció en la audiencia en la que se evaluó el pedido de 36 meses de prisión preventiva en su contra y durante su intervención aseguró que los colaboradores eficaces que lo acusan son “comprados”.
“No solo he tenido dos ministros, he tenido muchos ministros que, para ejercer su función, han tenido que pedir y aceptar el voto de confianza de este Congreso que no le sirve al país, igual que esta prensa”, señaló desde el penal de Barbadillo.
“Han armado un castillo de delitos con supuestos, con habría, tendría, con supuestamente, con colaboradores comprados. Me van a pedir 36 meses de prisión preventiva cuando ya tengo una prisión preventiva. Voy a llegar a 100 días de estar secuestrado injustamente”, agregó Castillo en alusión a la restricción que cumple por la investigación en su contra por el golpe de Estado.
Lilia Paredes dice que el golpista es preso político
Desde México, país que le concedió el asilo político, la ex primera dama Lilia Paredes reapareció en una videoconferencia para expresar su pesar por la situación que atraviesa su esposo Pedro Castillo, quien cumple prisión preventiva en el penal de Barbadillo (Ate-Vitarte), luego de su intento de golpe de Estado, el pasado 7 de diciembre de 2022.
“Está preso injustamente. Y quiero contar al Perú entero lo último que hablé con mi esposo. Él me dijo: ‘me calumniarán, me difamarán, pero nunca traicionaré a mi pueblo’. Fueron sus últimas palabras, después le dije: ‘¿qué podemos hacer?’ Y él me respondió: ‘Vamos, los dejo a ustedes en la embajada de México, me regreso y voy a luchar junto con todo mi pueblo peruano”, manifestó entre lágrimas.
En su alocución, Paredes reiteró que el exmandatario es “un preso político” y negó que hubiera un acto de rebelión de su parte como para que esté privado de su libertad.
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PROYECTOS DEL CONGRESO CONVERTIRÍAN A SUNAFIL EN UNA AMENAZA PARA LAS MYPE EN VEZ DE UN ALIADO
Horizonte Laboral advierte que vincular los salarios de los inspectores de Sunafil a recursos provenientes de multas y sanciones crearía un incentivo que distorsiona la función fiscalizadora, lo que podría agudizar la vulnerabilidad de las más de 2,3 millones de mype del país.
Las micro y pequeñas empresas podrían enfrentar mayor presión si avanzan las iniciativas del Congreso orientadas a mejorar las remuneraciones de los trabajadores de Sunafil, advierte Horizonte Laboral. Mientras el Proyecto de Ley N.º 9744/2024-CR, que plantea una bonificación por desempeño, ya cuenta con dictamen, otras tres propuestas que buscan implementar una nueva escala remunerativa se encuentran en agenda del Pleno: los proyectos N.º 14184/2025-CR, 14023/2025-CR y 13696/2025-CR.
Las mype representan el 99.7 % de la estructura empresarial del país, con más de 2.3 millones de unidades productivas. Además, enfrenta altos niveles de informalidad, con 90.3 % en microempresas y 45.6 % en pequeñas empresas. Según la Encuesta Nacional de Empresas 2019, solo el 15.8 % de las microempresas accedió a servicios de asistencia técnica especializada. “Las mipyme necesitan asistencia y orientación para transitar hacia la formalidad”, precisa Paloma Cotrina Navarro, especialista legal de Horizonte Laboral.
La experta menciona que el problema no es mejorar las condiciones laborales del personal de Sunafil, sino la forma en que se financian esos beneficios. En esa línea, señala que vincular los aumentos salariales con recursos obtenidos por sanciones puede afectar la confianza en la fiscalización laboral. “Mientras más sanciono, más voy a ganar. Ese es justamente el tipo de incentivo que debería evitarse”, comenta Cotrina. Según el informe, este diseño puede reforzar una visión más recaudatoria que preventiva y elevar los costos para empresas con menor capacidad económica.
Fuente: Gestión & Horizonte Laboral
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“LA CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES DEL PERÚ RECHAZA PROTESTAS CONTRA EL CONTEO ELECTORAL”, REPORTÓ PERÚ 21
“La CTP aseguró que rechazan «las convocatorias a movilizaciones, actos de presión o cualquier acción que busque desconocer, condicionar o influir indebidamente en el trabajo de los organismos electorales»
La Confederación de Trabajadores del Perú (CTP) se pronunció sobre el proceso de conteo de actas de los comicios presidenciales realizados el pasado domingo 7 de junio de 2026 y se mostró en contra de aquellos que llaman a marchar frente al conteo.
A través del comunicado, los representantes de la CTP señalaron que la institución «reafirma su compromiso con la democracia, el Estado de Derecho y el respeto irrestricto a la voluntad soberana expresada por el pueblo peruano en las urnas el 07 de junio de 2026».
Frente a las recientes manifestaciones e iniciativas de movilización social reportadas en los últimos días, se mostró en contra de las mismas y llamó a los dirigentes a «mantener la calma y esperar responsablemente los resultados oficiales que emita la autoridad electoral competente».”, reportó Perú 21.
Fuente: Perú 21
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