ODPE Chorrillos eligió más de 9,400 miembros de mesa para las Elecciones Generales 2026

La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Chorrillos sorteó hoy a los 9,423 ciudadanos que tendrán la responsabilidad de desempeñar el cargo de miembros de mesa en las Elecciones Generales 2026 que se desarrollarán el próximo 12 de abril.

Por cada mesa de sufragio se eligieron un presidente, un secretario, un tercer miembro y seis suplentes, tal como lo establece la ley N.º 32231. El incremento del número de suplentes (antes eran tres) busca garantizar la oportuna instalación de las mesas, evitando recurrir al apoyo de los electores de la fila.

Tras esta actividad, el personal de las ODPE viene publicando con carácter provisional, en lugares de alta concurrencia de público, la lista de miembros de mesa para que cualquier ciudadano o personero pueda formular las tachas que estime pertinentes.

Las tachas se presentan en las oficinas descentralizadas dentro de los siguientes tres días hábiles contados a partir de la publicación, de acuerdo a lo establecido por el artículo 60 de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE). Solo se admitirán a trámite las solicitudes que cuenten con un documento de sustento. Una vez admitida la solicitud es remitida al Jurado Electoral Especial para que sea resuelta.

Según el artículo 57 de la LOE, no pueden ser miembro de mesa de sufragio, los candidatos y personeros de las organizaciones políticas, ni los funcionarios y empleados de los organismos electorales. Tampoco las autoridades políticas ni los ciudadanos que integran los comités directivos de las organizaciones políticas inscritas en el Jurado Nacional de Elecciones, autoridades o representantes provenientes de elección popular, entre otros casos.

El domingo 12 de abril, los ciudadanos que han sido seleccionados como miembros de mesa tendrán la gran responsabilidad de conducir la instalación, el sufragio y el escrutinio en las 92,766 mesas electorales que se prevén instalar para estos comicios. De ellos dependerá la instalación temprana y el correcto funcionamiento de la mesa. Además, se constituirán en la máxima autoridad en cada mesa de sufragio.

Para aquellos que ejerzan el cargo de miembro de mesa habrá un incentivo económico de S/ 165. Asimismo, para los que hayan completado su capacitación se les otorgará un día de descanso remunerado no compensable, tanto para trabajadores del sector público como privado, el cual deberá tomarse dentro de los 90 días posteriores a la fecha de las elecciones.

Los ciudadanos sorteados en este acto público que no estén presentes en la instalación de la mesa de votación tendrán una multa del 5 % de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), lo cual equivale a S/ 275.

El sorteo se desarrolló en cada una de las 126 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) instaladas en todo el territorio nacional. Estos órganos temporales se encargan de la organización y ejecución de los comicios generales. Asimismo, brindan información electoral a la ciudadanía.

Más información en: https://www.gob.pe/onpe

Fotos Flickr ONPE

Lima, 29 de enero de 2026

Analistas y autoridades regionales advierten que el ingreso de recursos de economías ilegales a la política podría condicionar al próximo Congreso y debilitar la lucha contra el crimen organizado.

A dos meses de las elecciones de 2026, el origen del financiamiento político genera creciente preocupación en las regiones. De acuerdo con un análisis exploratorio de economías ilegales del Instituto de Criminología y datos de la ONPE, las economías ilegales que operan en el país mueven montos tan elevados que, tomando como referencia el costo promedio de una campaña presidencial en 2016 (US$11.7 millones), podrían financiar hasta 2,368 campañas presidenciales, además de 57,728 campañas congresales y 51,313 campañas para gobiernos regionales. Estas cifras ilustran la magnitud del riesgo que representa el ingreso de dinero ilícito a la política y su potencial para distorsionar la competencia electoral y condicionar futuras decisiones del Estado.

El analista político tacneño Frankie Kuong Delgado sostuvo que el problema no es solo la existencia de aportes irregulares, sino la dificultad para probar su origen ilícito. “Durante mucho tiempo, los aportes no eran considerados ilegales y hoy el reto es demostrar si provienen del narcotráfico, la minería ilegal o la corrupción. Por eso, es fundamental bancarizar los aportes y seguir la ruta del dinero”, explicó. A su juicio, la falta de controles efectivos permite que estas actividades financien partidos y candidatos con el objetivo de evitar la formalización y frenar sanciones más severas.

Desde Cusco, el regidor Eulogio Tapia advirtió que la penetración de economías ilegales en la política no es un fenómeno nuevo y que ya ha tenido consecuencias concretas. Sin aludir a partidos específicos, afirmó que existen agrupaciones “altamente permeadas” por estos intereses y con agendas contrarias al desarrollo del país. “Lo hemos visto con leyes que no sancionan la minería ilegal, que se disfraza de minería informal, con normas que favorecen a sectores informales e ilegales”, señaló.

En esa línea, el economista ayacuchano Raúl Vegas alertó que las economías ilegales movilizan alrededor de S/15 mil millones y buscan representación directa en el Congreso para influir en la legislación. Estas actividades “siempre han tenido interés de ingresar en la política. […] Estamos ante una de las elecciones más importantes de los últimos años”, afirmó, al advertir que el riesgo no es solo electoral, sino institucional. Las voces regionales coinciden en que, sin filtros estrictos y sanciones efectivas, el financiamiento informal seguirá distorsionando las elecciones y condicionando la forma en que se gobierna, lo que debilitaría la democracia y la lucha contra el crimen organizado desde el Estado.

Fuente: Cusco Informativa, Ayacucho te informa y Enlace Informativo Tacna