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Fiscalía revela que Trujillo registra un aumento de delito – Señal Alternativa

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En la capital de La Libertad hay mayor cantidad de víctimas de trata de personas, revela fiscal María Horna

La ciudad de Trujillo, región La Libertad, se ha convertido en una urbe de mayor incidencia del delito de trata de personas debido a un incremento de casos en los últimos años, reveló la fiscal especializada en delitos de trata de personas, María Horna.

Operativos

Los constantes operativos que realizan el Ministerio Público y la Tercera Macro Región Policial confirman esta lamentable incidencia. “La data estadística nos permite ver que efectivamente somos un lugar de destino, porque es aquí, en la provincia de Trujillo, donde hay la mayor cantidad de víctimas de trata de personas”, afirmó.

Origen y destino

Horna mencionó que en 2019, se registraron 147 casos y de estos, 103 eran de Trujillo, 26 de Chepén y 18 de Virú. En el 2020, se tuvieron 46 denuncias, de estas 38 fueron en Trujillo, 5 en Virú y 3 en Chepén, 3. Y, en lo que va del año de un total de 25, 23 son de Trujillo, 1 de Tayabamba y 1 de Chepén. “Somos origen y destino”, manifiesta.

Víctimas en situación de vulnerabilidad

Pero la gravedad de este delito es que sus víctimas son personas en situación de vulnerabilidad, como niñas, niños, adolescentes, mujeres y migrantes en general. Esto es confirmado por las cifras que maneja la Fiscalía de La Libertad, siendo que de enero a julio, se rescató a 1 víctima de 12 años de edad, 14 de 13 a 17 años, 7 entre 18 y 24, 5 víctimas de 25 a 34 y 1 víctima entre 25 y 44 años.

Explotación laboral

Además, la finalidad más recurrente de la trata de personas es la explotación, con 26 personas rescatadas durante este año y en el caso de explotación laboral, fue solo una. De estas, la mayoría fueron mujeres y solo 1 varón proveniente de los andes fue registrado como víctima de trabajo forzoso en una casa, según información de esta institución.

Captan vía redes sociales

Respecto a la forma en que fueron captadas, en la mayoría de los casos fue a través de las redes sociales. Constituyendo un factor recurrente Facebook, por el que se atrajo a 11 personas, mientras que por WhatsApp a 4 personas y 1 por LinkedIn. “También se está utilizando bastante a personas conocidas. El tratante capta a la menor N de 14 o 15, y a esta le pide que traiga a otras amigas de su edad. Y todas resultan siendo tratadas y entran al mundo de la explotación sexual”, refiere María Horna.

Violencia, amenaza, abuso de poder

Para recuperar a las niñas afectadas por este delito, la ley les da un tratamiento especial. Explica que “no se requiere que se haya concretado la finalidad, sino que basta que se la capte, se la transporte o traslade, que se dé alguna conducta de tipo penal para que se considere trata. Por eso es que la trata es un delito en proceso, porque basta con que se dé una conducta para que se configure el delito, no es necesario que se den todas”. En el caso de los mayores sí se requiere que haya violencia, amenaza, abuso de poder, etc.

Oferta de trabajo engañosa

En el caso de las extranjeras, vienen con una oferta de trabajo engañosa en un negocio lícito, y supuestamente, ellas pueden entrar allí para ayudar económicamente a su familia. Para ello, el tratante las transporta y cubre los gastos de traslado, pero cuando llegan acá les dicen que se trata de servicios sexuales, con el enganche de la deuda que les ha generado el transporte desde su país.

Me debes dinero y tienes que trabajar

“Ellos les dicen: me debes dinero y tienes que trabajar. Ahí las están explotando porque no conocen aquí a otras personas porque son ellos, sus conciudadanos, los que las han traído, a quienes conocen, que las coaccionan para que trabajen en esto. Tenemos 4 víctimas venezolanas, 1 ecuatoriana y 1 colombiana”, advierte la fiscal.

Unidad de víctimas y testigos

El Ministerio Público cuenta con una Unidad de Víctimas y Testigos, formado por un equipo multidisciplinario que les brinda el apoyo, no solamente psicológico, social y legal, sino, en el caso de las extranjeras, también económico y de vivienda. “Son atendidas en todos sus requerimientos, son acompañadas, hacemos conexión con sus embajadas para determinar su situación. Si deciden quedarse, coordinamos con Migraciones para que les den el documento correspondiente”, indica.

Hasta 25 años de cárcel

Mientras que los autores del delito de trata de personas reciben en su tipo básico, una pena de 8 a 15 años. Pero, en su figura agravada, ya sea por pluralidad de víctimas, cuando afecta a menores de entre 14 y 18 años, cuando la persona es discapacitada, o cuando el delito es cometido entre varias personas, pueden ser hasta de 25 años de cárcel.

Comete delito quien ofrece el servicio

María Horna recuerda que la trata es un delito que no solo es adjudicado a quien ofrece el servicio, sino al que compra, “el parroquiano que solicita a través de las redes sociales un encuentro sexual que a veces piden niñas, adolescentes y pagan por ese servicio”, e inclusive, a los propietarios de hostales, hoteles y hospedajes donde se desarrolla la explotación sexual, por permitir que niñas entren allí a ejercer estos servicios.

“Ellos también son sancionados con pena de cárcel, porque favorecen a la explotación sexual. Ya tenemos a una persona que está en cárcel por haber permitido este delito”, acota la fiscal, citando el reciente caso del Hotel Ranger en Trujillo, donde se encontró a una menor de 12 años. “El dueño del hostal las dejaba entrar y las niñas hacían los servicios dentro del mismo hostal con el tratante allí”.

Campaña de concientización

Por todo ello, informó que en la Fiscalía Especializada de Trata de Personas están en una campaña de concientización sobre las consecuencias que genera este delito. “Porque en este delito se compra y vende al ser humano, que se convierte en una mercancía. No vendas, no compres seres humanos, porque este delito afecta nuestra dignidad”, apeló.

Concluyó señalando que durante la primera mitad del año su despacho ha realizado 14 operativos preventivos y 6 de rescate, gracias a información de inteligencia de la Policía Nacional. Además, han detectado algunos casos de organizaciones criminales que están detrás de este delito, y de otros más, que están en investigación.

Fuente: Andina



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Gobierno busca relanzar proyecto del parque industrial de Ancón este año – Señal Alternativa

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Objetivo es generar polo de desarrollo económico al sur de Lima, junto a la puesta en marcha del puerto de Chancay

El Poder Ejecutivo ha puesto la mira nuevamente en el proyecto del parque industrial de Ancón, el cual tiene previsto relanzar este año con el apoyo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión).

Según el ministro de la Producción, Sergio Gonzales, el objetivo es generar un polo de desarrollo económico al sur de Lima tras la entrada en operaciones del puerto de Chancay, cuya inauguración está prevista para noviembre del 2024.

«Está alineado este puerto [de Chancay] con el parque industrial de Ancón, ahora se dan las oportunidades. Estuvimos reunidos con ProInversión para reimpulsar este parque que está cerca a Chancay y hacer un polo de desarrollo en nuestro país», dijo Gonzales en diálogo con TV Perú.

El titular de Produce aseguró que se mostrarán mejores condiciones para invertir en el proyecto a fin de captar el interés de las empresas por ser partícipes de la convocatoria.

«Se va a realizar una nueva convocatoria, se generan mejores condiciones para que haya interés de los privados en participar y permitir que esto sea una realidad. Es una proyección que se ha realizado este año», apuntó.

Nuevas posibilidades

El ministro aseveró también que su cartera acompañará a las pequeñas y medianas empresas (pymes) para que puedan ofertar sus bienes y servicios en condiciones óptimas cerca al mega puerto de Chancay y no habrá problemas para implementar exclusividad.

«Estamos desarrollando un plan de intervención para mejorar las pequeñas y medianas empresas y que puedan ofertar sus bienes y servicios en mejores condiciones. Todo se requiere certificación, [por lo que] eso va a demandar el acompañamiento del Ministerio de la Producción hacia las empresas», puntualizó.

Fuente: Andina



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Malas noticias

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La situación de la libertad de prensa en nuestro país parece ir empeorando con el paso de los años.

Hoy se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa, una fecha instaurada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993 para evaluar la situación de esta, alrededor del globo y defender la independencia de los medios de comunicación, entre otras acciones. Mucho nos tememos que el balance de este año no será muy alentador, ni en el mundo (con guerras en las que la verdad se convierte en otra víctima de los bombardeos y las balas), ni en la región (donde hemos llegado a ver a vándalos asaltando un canal de televisión en vivo) ni, por supuesto, en nuestro país.

Según un informe reciente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) sobre el Perú, a los intentos por limitar, controlar o sancionar a los medios de comunicación que en los últimos años han provenido principalmente del Ejecutivo y el Congreso, se ha venido a sumar otra institución: el Ministerio Público. La SIP denuncia casos de “espionaje, infiltración, exigencia de revelación de fuentes, hostigamiento e impedimento de cobertura de hechos de interés público” de parte de la fiscalía, y menciona el riesgo de que algunos artículos periodísticos hayan sido considerados como “un indicio de la comisión de delitos”. La publicación salió unos días antes de que la casa del periodista Juan Carlos Tafur fuera allanada en el marco del operativo Valkiria, un hecho que, sin duda, habría sido incluido por el organismo por representar una serie de peligros que en su momento mencionamos en este Diario.

No se trata solo de que nuevas instituciones se hayan sumado a los ataques contra la prensa, sino también de que otras que antes al menos denunciaban estos ahora permanecen en silencio (como la Defensoría del Pueblo), mientras que aquellas que llevan años realizándolos (como el gobierno o el Legislativo) ya han perdido cualquier noción de vergüenza en su propósito.

Solo así se puede entender, por ejemplo, que un congresista como Segundo Montalvo insista en su proyecto de ley mordaza para endurecer las penas por difamación, pese a que una iniciativa similar ya fue rechazada por sus colegas apenas el año pasado. O que legisladores cuestionados por la comisión de una serie de delitos traten de evitar –mediante cambios en el Código Penal– la publicación de declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces y no vean el tremendo conflicto de intereses en el que están cayendo.

Desde el lado del Gobierno, por otra parte, es necesario destacar dos hechos: los ataques que la presidenta Dina Boluarte ha lanzado contra los medios que han puesto al descubierto varios hechos que la implican (como su acusación contra este Diario de dar información “tendenciosa y falsa” por haber publicado la llamativa cantidad de dinero que ingresó a sus cuentas en los últimos años) y sus respuestas tardías por los serios cuestionamientos en su contra, como en el caso de los relojes Rolex y otros artículos de lujo que se la ha visto usar en diferentes actividades públicas. Este último comportamiento, sin embargo, es aún más grave en el presidente del Congreso, Alejandro Soto, que cree que esquivando a los reporteros logrará que olvidemos las graves denuncias que arrastra desde antes de ganar la elección a la Mesa Directiva.

Del lado de la sociedad, la situación no es mucho mejor. Los casos de periodistas hostigados o agredidos por manifestantes han continuado apareciendo, especialmente de parte de aquel grupo que destila odio llamado La Resistencia. Y, como bien recoge la SIP, también ha habido un número inusitado de hombres y mujeres de prensa maltratados por autoridades municipales en el último año.

Estos y otros atropellos que por razones de espacio no podemos mencionar aquí hacen pensar que la situación de la libertad de prensa en nuestro país parece ir empeorando con los años. Y esa es, sin duda, una mala noticia, pues si algo ha quedado claro a propósito de la crisis que sacude varias instituciones hoy es que la labor del periodismo se hace más indispensable que nunca en estas coyunturas. La prensa, pese a todo, ha seguido y seguirá haciendo su trabajo, pero eso no significa que no creamos que los ataques cada vez más frecuentes que recibe tienen que parar.

Fuente: Editorial de El Comercio



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