Con la publicación del D.S. N.º 009-2025-PRODUCE, el Ministerio de la Producción establece un marco normativo diferenciado y técnico para la acuicultura, atendiendo una demanda histórica de los productores y asegurando el ordenamiento sostenible del sector.

El Ministerio de la Producción (PRODUCE) dio un paso importante hacia la consolidación de un modelo de desarrollo ordenado, sostenible y justo para la acuicultura peruana, con la aprobación del nuevo régimen sancionador específico para la actividad acuícola, establecido mediante el Decreto Supremo N.° 009-2025-PRODUCE.

Se trata de una medida largamente esperada por el sector, que por años operó bajo un marco sancionador diseñado principalmente para la pesca extractiva, generando inequidades y limitaciones al crecimiento de la acuicultura. Esta nueva norma, en cambio, reconoce la naturaleza distinta de la actividad acuícola y establece un sistema técnico, proporcional y diferenciado que permitirá fortalecer su formalización y sostenibilidad.

“Este decreto es un punto de inflexión. Por primera vez, el país reconoce en su marco normativo que la acuicultura requiere un tratamiento distinto al de la pesca. Estamos ordenando el sector y construyendo una base legal adecuada para su crecimiento. Con esta reforma normativa, el Estado cumple con una demanda largamente planteada por los actores acuícolas del país: contar con un régimen sancionador específico, justo y técnicamente adecuado para su actividad”, destacó el viceministro de Pesca y Acuicultura, Jesús Barrientos.

Un nuevo marco adaptado a la realidad acuícola

El D.S. N.° 009-2025-PRODUCE modifica el Reglamento de la Ley General de Acuicultura y el Reglamento de Fiscalización y Sanción de las Actividades Pesqueras y Acuícolas. Entre sus principales disposiciones, introduce:

• Sanciones proporcionales a la escala productiva: Se incorporan multas planas referidas a la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), diferenciadas según el tipo de unidad productiva: AREL (acuicultura de recursos limitados), AMYPE (micro y pequeña empresa) y AMYGE (mediana y gran empresa).
• Eliminación de infracciones impropias: Se retiran del marco sancionados aquellas infracciones originalmente diseñadas para la pesca, que afectaban injustamente a los acuicultores.
• Clasificación de faltas: Se actualiza el cuadro de infracciones y sanciones, que ahora distingue entre infracciones leves, graves y muy graves, evitando duplicidades normativas y ambigüedades.
• Mayor predictibilidad jurídica: El nuevo marco normativo brinda mayor claridad y coherencia al régimen sancionador, favoreciendo el cumplimiento voluntario y la seguridad jurídica para inversionistas y pequeños.

Este nuevo marco no impone nuevas cargas administrativas ni genera barreras para el desarrollo. Al contrario, representa un paso concreto hacia la simplificación, la formalización y el impulso responsable del sector.

“La acuicultura es importante para la seguridad alimentaria, el empleo rural y el crecimiento exportador. Este nuevo régimen sancionador no es solo una herramienta legal; es una señal clara del compromiso del Estado con un sector que merece reglas justas, estabilidad y visión de futuro. Es por ello que, este nuevo marco permite una fiscalización más proporcional y predecible, que promueve el cumplimiento normativo sin afectar el desarrollo productivo del sector”, subrayó el viceministro Barrientos.

La aprobación de este decreto es también una medida de protección ambiental y de fortalecimiento institucional, que permitirá a las autoridades aplicar sanciones proporcionales y efectivas, fomentando el uso sostenible de los recursos hidrobiológicos.

Con esta medida, el Ministerio de la Producción reafirma su compromiso con una política pública orientada al desarrollo productivo con equidad, sostenibilidad y enfoque territorial, en línea con los principios de la economía azul y los objetivos nacionales de crecimiento inclusivo.