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Gran avance para la acuicultura: Aprueban nuevo régimen sancionador específico para el sector
Con la publicación del D.S. N.º 009-2025-PRODUCE, el Ministerio de la Producción establece un marco normativo diferenciado y técnico para la acuicultura, atendiendo una demanda histórica de los productores y asegurando el ordenamiento sostenible del sector.
El Ministerio de la Producción (PRODUCE) dio un paso importante hacia la consolidación de un modelo de desarrollo ordenado, sostenible y justo para la acuicultura peruana, con la aprobación del nuevo régimen sancionador específico para la actividad acuícola, establecido mediante el Decreto Supremo N.° 009-2025-PRODUCE.
Se trata de una medida largamente esperada por el sector, que por años operó bajo un marco sancionador diseñado principalmente para la pesca extractiva, generando inequidades y limitaciones al crecimiento de la acuicultura. Esta nueva norma, en cambio, reconoce la naturaleza distinta de la actividad acuícola y establece un sistema técnico, proporcional y diferenciado que permitirá fortalecer su formalización y sostenibilidad.
“Este decreto es un punto de inflexión. Por primera vez, el país reconoce en su marco normativo que la acuicultura requiere un tratamiento distinto al de la pesca. Estamos ordenando el sector y construyendo una base legal adecuada para su crecimiento. Con esta reforma normativa, el Estado cumple con una demanda largamente planteada por los actores acuícolas del país: contar con un régimen sancionador específico, justo y técnicamente adecuado para su actividad”, destacó el viceministro de Pesca y Acuicultura, Jesús Barrientos.
Un nuevo marco adaptado a la realidad acuícola
El D.S. N.° 009-2025-PRODUCE modifica el Reglamento de la Ley General de Acuicultura y el Reglamento de Fiscalización y Sanción de las Actividades Pesqueras y Acuícolas. Entre sus principales disposiciones, introduce:
- Sanciones proporcionales a la escala productiva: Se incorporan multas planas referidas a la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), diferenciadas según el tipo de unidad productiva: AREL (acuicultura de recursos limitados), AMYPE (micro y pequeña empresa) y AMYGE (mediana y gran empresa).
- Eliminación de infracciones impropias: Se retiran del marco sancionados aquellas infracciones originalmente diseñadas para la pesca, que afectaban injustamente a los acuicultores.
- Clasificación de faltas: Se actualiza el cuadro de infracciones y sanciones, que ahora distingue entre infracciones leves, graves y muy graves, evitando duplicidades normativas y ambigüedades.
- Mayor predictibilidad jurídica: El nuevo marco normativo brinda mayor claridad y coherencia al régimen sancionador, favoreciendo el cumplimiento voluntario y la seguridad jurídica para inversionistas y pequeños.
Este nuevo marco no impone nuevas cargas administrativas ni genera barreras para el desarrollo. Al contrario, representa un paso concreto hacia la simplificación, la formalización y el impulso responsable del sector.
“La acuicultura es importante para la seguridad alimentaria, el empleo rural y el crecimiento exportador. Este nuevo régimen sancionador no es solo una herramienta legal; es una señal clara del compromiso del Estado con un sector que merece reglas justas, estabilidad y visión de futuro. Es por ello que, este nuevo marco permite una fiscalización más proporcional y predecible, que promueve el cumplimiento normativo sin afectar el desarrollo productivo del sector”, subrayó el viceministro Barrientos.
La aprobación de este decreto es también una medida de protección ambiental y de fortalecimiento institucional, que permitirá a las autoridades aplicar sanciones proporcionales y efectivas, fomentando el uso sostenible de los recursos hidrobiológicos.
Con esta medida, el Ministerio de la Producción reafirma su compromiso con una política pública orientada al desarrollo productivo con equidad, sostenibilidad y enfoque territorial, en línea con los principios de la economía azul y los objetivos nacionales de crecimiento inclusivo.
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EL FENÓMENO EL NIÑO LE COSTARÍA S/16 000 MILLONES A LA ECONOMÍA PERUANA HASTA 2027
Credicorp Capital estima que el mayor golpe llegará el próximo año, cuando coincidan un Niño Costero fuerte y uno global, y advierte que Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad concentrarán el impacto más severo en agro, pesca y empleo.
El Fenómeno El Niño (FEN) restaría cerca de S/16 000 millones a la actividad económica del país entre 2026 y 2027, según estimaciones de Credicorp Capital Asset Management. Jonathan Gutiérrez, asociado senior de Renta Variable de la firma, explicó que, con una severidad de moderada a fuerte, el golpe acumulado superaría el 1% del PBI, por encima de lo registrado en eventos climáticos anteriores. El mayor efecto se concentraría entre diciembre de este año y marzo de 2027, cuando coincidirían un Niño Costero fuerte y uno de escala global; solo para 2026 el impacto equivaldría a 0.5% del PBI (unos S/6000 millones), mientras que para 2027 subiría a 0.8% (cerca de S/10 000 millones). Con este escenario, la firma redujo su proyección de crecimiento del país de 3.8% a 3.3% para este año, y de 4.3% a 3.5% para el próximo.
El impacto no se repartiría de forma uniforme entre regiones, ya que Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad, que en conjunto aportan el 25% de la producción agrícola nacional y el 35% de la pesquera, serían las más golpeadas por su alta exposición a estas dos actividades. Cerca del 80% de la oferta nacional de mango, palta y arándano proviene de esas zonas, por lo que una afectación climática recortaría directamente la disponibilidad de estos productos. Gutiérrez precisó que, al sumar la contribución de actividades como comercio, transporte y manufactura, en esos cuatro departamentos «estos verían afectada casi la mitad de su producción agregada anual».
El fenómeno también presionará los precios y el empleo. Credicorp calcula que el encarecimiento de alimentos añadirá 1.25 puntos a la inflación de este año y 0.75 puntos a la de 2027, con lo que la proyección de cierre pasa a 4.1% y 2.7%, respectivamente. En el mercado laboral, el golpe recaería sobre todo en trabajadores informales de la pesca y el agro, los sectores más ligados al salario mínimo. Pese a ello, Gutiérrez sostuvo que ese menor dinamismo sería más que compensado por sectores no primarios como construcción, comercio y servicios, impulsados por un crecimiento de la demanda interna cercano a 5% y de la inversión privada de alrededor de 10%.
Fuente: Gestión
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SEGURIDAD, EL NIÑO E INVERSIÓN: LOS RETOS URGENTES PARA LOS PRIMEROS 100 DÍAS DEL PRÓXIMO GOBIERNO
Representantes de la pesca, la minería, los gobiernos regionales y el alcalde de San Martín de Porres detallaron las medidas concretas que esperan del nuevo Ejecutivo tras el cambio de mando del 28 de julio.
A pocas semanas del inicio del nuevo gobierno, cuatro voces del sector privado y subnacional plantearon las tareas que consideran urgentes para los primeros 100 días de gestión. Sus demandas coinciden en dos frentes: enfrentar los efectos del Fenómeno El Niño, que ya golpea sectores como la pesca y amenaza con lluvias intensas en varias regiones, y recuperar el orden interno como condición para reactivar la inversión.
En seguridad, el alcalde de San Martín de Porres, Hernán Sifuentes, pidió priorizar la reorganización de la cúpula de la Policía Nacional del Perú (PNP) y del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), y la obtención de facultades delegadas del Congreso para modernizar la PNP con inversión en inteligencia y unidades de flagrancia. Para el burgomaestre de este distrito de Lima Norte, no hay margen para nuevos diagnósticos: «El orden requiere acciones inmediatas».
En el frente económico, la presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería, Jessica Luna, advirtió que El Niño ya obligó a suspender la primera temporada de pesca de anchoveta en la zona centro-norte, lo que pone en riesgo a los 250 000 trabajadores directos e indirectos del sector, y pidió a Imarpe y Produce un plan ágil de monitoreo. Julia Torreblanca, titular de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, planteó acelerar una cartera de proyectos mineros por más de US$63 000 millones mediante mayor estabilidad jurídica y menos trabas burocráticas. Por su parte, Luis Neyra, presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, calificó la respuesta ante El Niño como la verdadera prueba de fuego del nuevo Ejecutivo, y reclamó presupuesto adicional para destrabar obras de prevención paralizadas desde el desastre de 2017.
Fuente: El Comercio
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